El plan petrolero en Malvinas que Milei habría habilitado y ahora intenta frenar

En julio, este espacio advirtió sobre la avanzada de la empresa israelí Navitas, con participación de la británica Rockhopper, para explotar petróleo offshore en el mar argentino desde las islas Malvinas. Lo que entonces parecía un tema menor, hoy se revela como una de las decisiones más costosas en materia de soberanía, impulsada, según el análisis, por la propia actitud del Gobierno de Javier Milei.

El artículo original señalaba que la admiración declarada de Milei por Margaret Thatcher y su respaldo al principio de autodeterminación de los isleños —de quienes dijo esperar que “voten por Argentina con los pies”— fueron interpretados como una vía libre para la inversión. Así, la plataforma Sea Lion, con una inversión estimada en 1.800 millones de dólares, avanzó sin obstáculos del Estado argentino.

La confesión del CEO

El propio CEO de Navitas, Amit Kornhauser, confirmó en marzo ante inversores que la decisión final se tomó “sin ninguna interferencia del Gobierno argentino”. Para Kornhauser, las posiciones públicas de Milei sobre Malvinas dejaban claro que el proyecto no sería visto como una cuestión política. En otras palabras, un presidente filo-británico y amigo de Israel se convirtió en sinónimo de vía libre.

El costo del abandono

Las consecuencias de esta política, según el texto, son difíciles de revertir. Se proyecta una extracción inicial de entre 50.000 y 100.000 barriles diarios, que podría escalar a 150.000, cuando la producción total del país ronda los 900.000. Se trataría de un yacimiento equivalente a un cuarto de Vaca Muerta, que hoy produce 600.000 barriles, y podría ser solo el primero de varios. Un flujo multimillonario que convertiría a las islas en un nuevo El Dorado, consolidando el bastión colonial.

En este contexto, la política del Gobierno actual adquiere un carácter “apátrida”: al desentenderse de la disputa por la soberanía y facilitar la explotación de los recursos, fortaleció materialmente aquello que hoy dice cuestionar.

El giro de Milei

Esta semana, Milei anunció por cadena nacional un giro de 180 grados, iniciando un proceso sancionatorio basado en la Ley 26.659 de 2011, que permite inhabilitar a empresas por hasta 20 años. La novedad es que las sanciones se extenderán a proveedores y accionistas, algo que no estaba previsto. Navitas ya había sido sancionada en 2022 con 20 años de inhabilitación, pero el dato nuevo es el alcance a toda la cadena.

La pregunta es si este cambio alcanzará para frenar un proceso ya en marcha. Es probable que el costo financiero de Navitas aumente, y que muchas empresas locales quieran mantenerse al margen. De hecho, la gigante Schlumberger (SLB) ya aclaró que no participará en licitaciones para proyectos en Malvinas. Pero, ¿será suficiente para derribar el proyecto o solo lo encarecerá?

Consecuencias regionales

El análisis también advierte que cualquier operación a gran escala requerirá asistencia de otros países de la región, como Uruguay, Brasil y Chile. Este último, aliado tradicional de Gran Bretaña, incluso brindó asistencia durante la guerra de 1982. La solución, según el texto, es regional, pero el mileísmo maltrató esos vínculos.

El giro discursivo de Milei hace agua: esta misma semana reivindicó a Pinochet en Chile, el principal artífice del apoyo británico en 1982, mientras Chile anunciaba una nueva línea marítima entre Punta Arenas y Malvinas.

La historia muestra que las políticas neoliberales son un proyecto cortoplacista que desemboca en recesiones, y que las causas nacionales pueden ser usadas como cortinas de humo. Queda por ver si este cambio de rumbo es genuino o una nueva maniobra para desviar la atención de los problemas económicos de fondo.