El plan para que los cables robados en Misiones no encuentren comprador

El robo de cables y materiales de infraestructura sigue generando dolores de cabeza en distintos puntos de Misiones. Además del daño económico para empresas y organismos públicos, los usuarios son los primeros en sufrir las consecuencias cuando los delincuentes se llevan partes de redes eléctricas, telefónicas o de internet.

Frente a ese escenario, el diputado provincial Martín Arjol presentó un proyecto de ley que apunta a seguirle el rastro a los metales que entran al circuito de compra y reciclado, para saber quién vende, quién compra y de dónde sale cada material.

La iniciativa propone crear un sistema de trazabilidad para los metales no ferrosos que se compren, acopien, comercialicen o reciclen en la provincia. La meta es que los materiales obtenidos mediante robos no puedan terminar vendidos como chatarra o insumos para reciclaje.

A quiénes alcanza y qué metales incluye

El proyecto abarca a chatarrerías, recuperadoras, recicladoras, depósitos, metaleras y otros establecimientos que compren, reciban, vendan, almacenen, transformen, fundan o reciclen este tipo de materiales.

Entre los elementos alcanzados aparecen cobre, aluminio, estaño, plomo, níquel, zinc, bronce y latón, además de los metales presentes en cables, piezas y distintos componentes de infraestructura.

Un registro para saber quién compra y quién vende

Uno de los ejes centrales de la propuesta es la creación del Registro Provincial de Operadores de Metales No Ferrosos, donde deberán inscribirse quienes desarrollen estas actividades con fines comerciales o industriales.

Cada operación deberá quedar registrada con datos del vendedor o entregante, descripción y cantidad del material, procedencia declarada, precio y documentación respaldatoria cuando corresponda. Esa información deberá conservarse durante cinco años y quedar disponible para los controles.

Para los materiales considerados especialmente sensibles, el proyecto fija controles adicionales. Se trata, entre otros, de cables eléctricos o de telecomunicaciones, transformadores, medidores, elementos de alumbrado público y componentes de redes eléctricas, telefónicas o de saneamiento.

En esos casos no alcanzaría con declarar verbalmente de dónde proviene el material: el operador deberá contar con documentación que acredite su procedencia y registrar además al menos una imagen que permita identificar sus características.

“Hay que transparentar el negocio de compra y venta”

En diálogo con Misiones Cuatro, Arjol explicó que la iniciativa surgió a partir de una problemática que, según señaló, se repite desde hace tiempo. “Es algo reiterado desde hace tiempo. No es solo el robo de cables y materiales. Es algo que se repite en el tiempo y produce un perjuicio al sector público por las inversiones que hay que volver a hacer”.

El legislador mencionó particularmente los casos de infraestructura eléctrica y aseguró que EMSA acumula numerosas denuncias por robos de transformadores, especialmente durante los fines de semana.

Según explicó, en algunos casos los delincuentes obtienen una suma relativamente baja por el material sustraído, mientras que la reposición de un transformador puede representar un costo de entre 20 y 30 millones de pesos, de acuerdo con los valores que mencionó.

También señaló que hubo casos en los que determinados cables fueron sustraídos de puentes en más de una oportunidad y que empresas de telefonía e internet denunciaron reiteradamente este tipo de hechos.

Seguir el material hasta el comprador

Para Arjol, el objetivo central es cortar la cadena comercial que permite que el material robado encuentre un comprador. “Creemos necesario evitar el robo de materiales y lograr trazabilidad para saber quién vende y quién compra”.

El diputado explicó que la idea es que cada operación deje identificadas a las personas que participan de la cadena. “La idea de trazabilidad es tener una idea de quién obtiene el material de manera delictual, lo obtiene para venderlo y en algún lugar lo revende al por mayor. Hay que establecer quién compra, quién vende, establecer nombres y personas para tener responsables en la cadena y hacer más difícil la venta de estos materiales”.

En ese sentido, sostuvo que transparentar el circuito de compra y venta permitiría dificultar la comercialización de elementos robados. “La idea es transparentar el negocio de compra y venta y establecer responsables”.

El proyecto fue presentado la semana pasada y actualmente se encuentra bajo análisis de la Comisión de Comercio, Industria, Derecho de Usuarios y Consumidores y Turismo.

La iniciativa busca así poner el foco no solamente en quien sustrae los cables o materiales, sino también en el circuito posterior de comercialización, mediante un sistema que permita reconstruir el recorrido del material y determinar quién lo entregó, quién lo recibió y bajo qué condiciones fue comprado.