El plan para bajar narcoavionetas en Salta que ya llegó a dos ministerios

El interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, pidió a los ministerios de Seguridad y Defensa de la Nación que analicen un régimen para detectar, interceptar y neutralizar vuelos clandestinos presuntamente vinculados al narcotráfico. La presentación fue dirigida a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y al ministro de Defensa, Carlos Alberto Presti, y cuenta con el acompañamiento de la diputada nacional Eliana Bruno, según los documentos a los que accedió Que Pasa Salta.

El pedido se apoya en el crecimiento de las incursiones aéreas irregulares en el Norte argentino. La extensión de la frontera y la compleja geografía dejan especialmente expuestas a localidades como Aguas Blancas, Tartagal, Metán y Rosario de la Frontera, según la presentación.

Qué propone la llamada Ley de Derribo

La iniciativa plantea un protocolo progresivo. Primero se buscaría identificar visualmente la aeronave, establecer comunicación radial y emitir señales internacionales para que cambie de rumbo o aterrice.

Si el piloto desobedeciera, los aviones interceptores podrían hacer maniobras y disparos de advertencia fuera de la estructura de la nave. El objetivo de esa instancia sería lograr el aterrizaje sin poner en riesgo la vida de los ocupantes.

El derribo quedaría reservado como último recurso para una aeronave declarada hostil que represente un peligro inminente para la población, la infraestructura crítica o la seguridad nacional. También alcanzaría a vuelos que presuntamente transporten drogas y rechacen reiteradamente las órdenes de aterrizaje.

Cuándo un avión sería considerado hostil

El texto diferencia entre aeronaves "irregulares" y "hostiles". En el primer grupo estarían las que vuelen sin un plan autorizado, apaguen el transpondedor, alteren sus sistemas de identificación, interrumpan las comunicaciones o se desvíen injustificadamente de su ruta.

Una aeronave pasaría a ser hostil si, después de ser interceptada, realiza maniobras amenazantes, mantiene una conducta evasiva o desobedece la orden de aterrizaje. La autorización final para un derribo debería ser emitida por el Presidente o, mediante una delegación expresa, por los ministros de Seguridad o Defensa.

El proyecto excluye expresamente a los vuelos comerciales regulares que atraviesen fallas de comunicación o emergencias técnicas. También propone brindar protección jurídica al personal que cumpla estrictamente los protocolos y crear una comisión bicameral que reciba informes semestrales sobre su aplicación.

Radares y fuerzas desplegadas en tierra

Además de la intercepción aérea, Zigarán reclamó ampliar la radarización con equipos tácticos móviles y sistemas de alerta temprana para reducir las denominadas "zonas ciegas" de la frontera. También solicitó una coordinación más rápida entre las fuerzas federales y provinciales para detener tripulaciones y secuestrar cargamentos después de un aterrizaje o lanzamiento de droga.

Argentina ya cuenta con Reglas de Protección Aeroespacial que contemplan, bajo determinadas condiciones, el uso de la fuerza y el derribo de vectores hostiles. El proyecto impulsado desde Aguas Blancas busca establecer un régimen legal específico, ampliar la cobertura operativa y precisar por ley el procedimiento frente a vuelos presuntamente utilizados por organizaciones narcocriminales.

Por ahora, se trata de una propuesta enviada al Poder Ejecutivo: deberá recorrer los canales institucionales correspondientes antes de convertirse en un proyecto formal y ser debatida por el Congreso.