El plan nuclear que une a Argentina y EE.UU.: qué se define antes de fin de año

El Gobierno argentino está a punto de dar un paso clave en su relación con Estados Unidos: la firma de un nuevo acuerdo de cooperación nuclear que reemplazará al vigente desde 1997. En la Casa Rosada aseguran que el texto ya está cerrado y que solo faltan los detalles diplomáticos para concretar el anuncio.

Se trata del denominado Acuerdo 123, un marco jurídico que permite la cooperación nuclear civil significativa entre ambos países. El actual, firmado en Buenos Aires el 29 de febrero de 1996 y aprobado por el Congreso argentino mediante la Ley 24.862 en agosto de 1997, vencerá el 16 de octubre de 2027. La nueva versión, según fuentes oficiales, quedó redactada durante la reunión del Comité Permanente Conjunto de Cooperación en Energía Nuclear (JSCNEC), celebrada en Washington entre el 25 y el 27 de febrero.

¿Quiénes participaron en la negociación?

La delegación argentina estuvo encabezada por el secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Nápoli, mientras que la estadounidense fue liderada por Gonzalo Suárez, de la oficina de no proliferación del Departamento de Estado. Además, participaron representantes de la Cancillería, la CNEA, la Autoridad Regulatoria Nuclear, Nucleoeléctrica, la Embajada argentina y varios organismos estadounidenses como el Departamento de Energía y la Administración Nacional de Seguridad Nuclear.

El nuevo acuerdo no implica la compra de un reactor ni la contratación de una empresa, sino que establece el marco legal para futuras transferencias de tecnología, equipamiento y materiales nucleares. La legislación estadounidense exige este tipo de acuerdos para la exportación de reactores y componentes críticos, así como para facilitar intercambios técnicos y de investigación.

¿Qué diferencia hay con el caso de Paraguay?

El Gobierno argentino toma como referencia el reciente movimiento de Paraguay, que el 4 de agosto firmó con EE.UU. un Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación Nuclear Civil Estratégica. Sin embargo, en Balcarce 50 remarcan que ese instrumento (NCMOU) no equivale a un Acuerdo 123: solo sirve para abrir y ordenar una asociación nuclear, pero no habilita exportaciones de materiales o equipos que requieren el marco más amplio.

Argentina, en cambio, ya cuenta con ese marco desde hace casi tres décadas, por lo que la firma del nuevo texto no debe confundirse con la entrada en vigencia inmediata. Del lado estadounidense, los Acuerdos 123 deben pasar por un proceso de revisión en el Congreso que totaliza 90 días de sesión continua. Si el convenio cumple con las exigencias de no proliferación, puede entrar en vigor al finalizar ese período, salvo que el Congreso lo rechace.

¿Qué temas se incluyen en la agenda bilateral?

La discusión no se limita al marco jurídico. En febrero, ambas delegaciones destacaron su interés en reactores modulares pequeños (SMR) y otras tecnologías nucleares avanzadas, así como la cooperación en regulación, licenciamiento, protección física, seguridad nuclear y ciberseguridad. La declaración oficial incluye el intercambio de información técnica en estas áreas.

En junio, la CNEA y la Oficina de Seguridad Nuclear Internacional de la Administración Nacional de Seguridad Nuclear estadounidense organizaron en Buenos Aires un taller sobre protección física, amenazas internas, gestión de riesgos y ciberseguridad de instalaciones nucleares. El encuentro fue presentado como parte de los acuerdos bilaterales existentes y de un proceso de capacitación continua.

La agenda coincide con el interés oficial por atraer capital estadounidense al sector nuclear argentino. En julio, el Gobierno presentó la propuesta de Meitner Energy para desarrollar un reactor modular de aproximadamente 300 MW en el complejo Atucha, con una inversión privada estimada en US$1200 millones. La iniciativa todavía debe atravesar aprobaciones y licenciamiento, y es independiente del Acuerdo 123, aunque refleja el tipo de participación empresarial que la Casa Rosada busca ampliar.

¿Qué otros frentes estratégicos se impulsan?

En el Ejecutivo proyectan una lógica similar en las áreas espacial y satelital: acuerdos técnicos, transferencia e intercambio de información y una mayor participación de compañías estadounidenses. Argentina ya tiene una extensa cooperación entre CONAE y la NASA. En mayo de 2025, ambas agencias firmaron el convenio que permitió incorporar el microsatélite ATENEA a la misión Artemis II, que se completó este año y validó comunicaciones argentinas a más de 70.000 kilómetros de la Tierra.

En marzo de 2025, Cancillería organizó en Washington una agenda para el sector espacial argentino con más de 40 empresas e instituciones estadounidenses, entre ellas SpaceX, Blue Origin, Amazon Project Kuiper, Axiom Space, Viasat, Intelsat y la NASA. El país mantiene además desde 1998 un acuerdo bilateral de reciprocidad para la provisión de servicios mediante satélites comerciales.

La ciberseguridad completa el paquete estratégico. La Casa Rosada trabaja desde comienzos de año en un entendimiento destinado a obtener cooperación, tecnología, equipamiento y programas de fortalecimiento de las capacidades estatales. El objetivo es aumentar la prevención y respuesta ante ataques y proteger infraestructura crítica, en un esquema que combina acuerdos entre gobiernos, intercambio técnico y participación de proveedores estadounidenses.