El plan del Gobierno para que nadie se entere de las reuniones secretas: lobby y super-RIGI avanzan en Diputados
Ley de lobby y super-RIGI: dos proyectos que prometen cambiar las reglas del juego. ¿Qué se esconde detrás de las reuniones que nadie ve?
Dos proyectos clave para la Casa Rosada empezaron a tratarse este miércoles en la Cámara de Diputados. La ley de lobby y el super-RIGI buscan recuperar la iniciativa parlamentaria, pero generan dudas y expectativas.
La agenda arrancó temprano con una reunión plenaria de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General para debatir el proyecto de “Régimen de transparencia y publicidad de la gestión de intereses”. A las 14, el plenario de Presupuesto, Industria y Ciencia hará lo propio con el super-RIGI.
¿Qué dice la ley de lobby?
La iniciativa crea un Registro Público de Gestiones e Intereses donde los lobistas deberán inscribirse y presentar declaraciones juradas con los intereses que representan, sus clientes y beneficiarios. Además, cada contacto deberá registrar fecha, hora, modalidad, dependencia y un resumen de los temas tratados.
Las multas por incumplir pueden llegar a 500 salarios mínimos, y en casos graves, inhabilitación definitiva. También prevé penas de prisión de seis meses a tres años para quienes representen clandestinamente intereses extranjeros.
Los funcionarios públicos y legisladores también tendrán que informar las audiencias que mantengan con gestores de intereses. El oficialismo confía en que el proyecto tiene respaldo suficiente para obtener media sanción, gracias a la coincidencia con la oposición dialoguista en la necesidad de transparentar una actividad que históricamente estuvo poco regulada.
Super-RIGI: el megaproyecto para atraer inversiones millonarias
El otro proyecto que comenzó a debatirse es el super-RIGI, un esquema de incentivos para grandes inversiones en sectores tecnológicos e industriales no contemplados en el RIGI original de la Ley Bases. Están invitados a exponer Roberto Cacciola (Cámara Argentina de Empresas Mineras), Carlos Ormachea (Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos) y Esteban Gramblicka (Cámara Argentina de la Energía).
El super-RIGI apunta a inversiones en industrialización de minerales críticos (litio, uranio), baterías, energías renovables (hidrógeno verde), vehículos eléctricos, turbinas eólicas, paneles solares, reactores nucleares pequeños, semiconductores, inteligencia artificial y otros desarrollos tecnológicos. El piso de inversión es de US$ 1000 millones, muy por encima de los US$ 200 millones del RIGI original.
A cambio, las empresas obtendrían estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria por 30 años. El régimen tendría vigencia inicial de cinco años, prorrogable por uno más. A diferencia del RIGI vigente, excluye proyectos de recursos naturales e infraestructura, y no permite ampliaciones de emprendimientos existentes.
Entre los beneficios: reducción de Ganancias al 15%, amortización acelerada, crédito fiscal para IVA, alícuota única del 10% para contribuciones patronales, deducción de quebrantos sin límite temporal, dividendos al 7% (bajan al 3,5% tras cuatro años), exención de derechos de importación y exportación, y supresión de restricciones cambiarias. Desde el tercer año, los inversores podrían disponer del 100% de los dólares generados por sus exportaciones.
La intención del oficialismo es convocar nuevamente ambos plenarios la próxima semana para emitir dictamen y dejarlos listos para una sesión prevista para el 24 de junio. Ese mismo día también se trataría el plan de pago de deuda a dos fondos buitre.
