El plan del Ejecutivo chaqueño que congelaría el sueldo de los empleados judiciales

El Sindicato de Empleados Judiciales del Chaco rechaza de plano el Proyecto de Ley 21 41, la iniciativa que el Ejecutivo provincial envió a la Legislatura para reemplazar el histórico sistema de equidad proporcional (Ley 28 95) y habilitar el llamado "desenganche" salarial en el Poder Judicial. La resistencia gremial no apunta a una recomposición: "No estamos pidiendo aumento", aclaró Graciela Aranda, secretaria General del gremio, durante la emisión inaugural de CGT Chaco Stream.

La aclaración no es un detalle menor. Marca el tono de un conflicto que se corrió del reclamo salarial clásico y puso el foco en el mecanismo que define cómo se calculan los haberes de todo el escalafón. Mientras el sector rechaza la letra del proyecto, los juzgados chaqueños todavía arrastran el impacto de las recientes jornadas de paro.

Qué propone el proyecto para jueces y empleados

Según la explicación técnica que el sindicato difundió entre sus afiliados, la iniciativa fija que jueces, magistrados y funcionarios alcancen el 100% de la media nacional. A partir de ese piso, el texto les garantiza actualizaciones automáticas cada tres meses, definidas por el propio Superior Tribunal de Justicia.

El problema aparece más abajo en la escala. Para los empleados que sostienen la operatividad diaria y el sistema de expedientes digitales —activo las 24 horas, de lunes a lunes—, la ley elimina conceptos clave como el "ajuste por revisión". Al quedar desenganchados, pierden su base de cálculo histórica y sus ingresos quedan congelados frente al aumento constante de tarifas y del costo de vida.

La acusación de "juez y parte"

Aranda apuntó contra los magistrados que avalan la medida. Según la dirigente, actúan como "juez y parte" al modificar sentencias que ya eran "cosa juzgada" para garantizarse un beneficio económico exclusivo. La crítica apunta al corazón del sistema de equidad proporcional: el mecanismo que durante años ató los aumentos de los trabajadores a los de los jueces y que el proyecto dejaría sin efecto.

Evaluaciones de liderazgo para los nuevos cargos

El desfasaje económico convive con otra crisis menos visible pero igual de urgente: la del trato interno en los tribunales. El gremio detectó un incremento sostenido de cuadros de estrés y licencias psiquiátricas entre el personal operativo por maltrato laboral. Por eso presentó un proyecto preventivo ante el Consejo de la Magistratura.

La advertencia sindical es concreta: la llegada de fiscales, defensores y jueces jóvenes —muchos en la franja de los 35 años— a puestos de poder multiplicó los roces y los episodios de violencia verbal. La propuesta exige que los postulantes a cargos jerárquicos no solo aprueben el tradicional examen psicofísico, sino que además superen evaluaciones estrictas de capacidad de liderazgo y conducción de equipos.

El objetivo declarado es modernizar el trato diario y garantizar que quienes imparten justicia tengan la preparación humana mínima para liderar personal. El sindicato espera que el Consejo de la Magistratura avance con la iniciativa mientras el debate por el desenganche salarial sigue abierto en la Legislatura.