El plan de un diputado de Milei para las cárceles: sin celulares y con uniformes según peligrosidad

Álvaro Martínez, diputado nacional de La Libertad Avanza por Mendoza, presentó un proyecto para reformar la Ley 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad. La iniciativa propone prohibir los teléfonos celulares en las cárceles, implementar uniformes obligatorios según el nivel de peligrosidad de los internos y crear un arancel para que quienes perciban ingresos contribuyan a los gastos de su alojamiento.

“Hay que terminar de una vez por todas con el call center tumbero”, afirmó el legislador al defender la propuesta. Según argumentó, el objetivo es evitar que las personas detenidas sigan dirigiendo organizaciones criminales desde los establecimientos penitenciarios.

Comunicaciones controladas y videollamadas con defensores

El proyecto restringe el uso de celulares y establece que las comunicaciones se realicen a través de sistemas autorizados y monitoreados. También contempla el control de las llamadas por teléfono de línea, el acceso a internet y la correspondencia, con el fin de prevenir estafas, secuestros virtuales y maniobras vinculadas con el narcotráfico, el lavado de activos y la trata de personas.

Al mismo tiempo, la iniciativa prevé habilitar teléfonos de línea para mantener el contacto con familiares y abogados, e incorporar videollamadas con defensores para facilitar el acceso a la Justicia y reducir los traslados.

Uniformes con líneas según la peligrosidad

Otro de los ejes es la implementación obligatoria de uniformes penitenciarios diferenciados según la clasificación de peligrosidad de los detenidos, dividida en tres niveles: leve, medio y alto. Las prendas serán de color beige o marrón claro y tendrán una identificación visual mediante líneas verticales: una en el frente y el dorso para los de peligrosidad leve, dos para los de peligrosidad media y tres para los de peligrosidad alta. Quienes estén próximos a recuperar la libertad usarán uniformes lisos.

Martínez sostuvo que la medida no tiene un propósito discriminatorio y que responde al principio de igualdad entre los internos. El proyecto también plantea estándares de dignidad y no humillación en el uso de la vestimenta penitenciaria.

Un arancel para cubrir los gastos carcelarios

La tercera modificación central es la creación de un Arancel Único Carcelario (AUC), mediante el cual los internos que perciban ingresos por su trabajo contribuirán a cubrir gastos de alimentación, servicios generales, atención médica y uniformes.

“La persona que está privada de su libertad debe pagarle al Estado los gastos que genere dentro de la cárcel. A partir de ahora tendrán que pagar la comida, la luz, el agua, la asistencia médica y el uniforme que usan dentro del penal”, afirmó el diputado.

La propuesta incluye un régimen especial de trabajo orientado a desarrollar hábitos laborales y favorecer la reinserción social. Sin embargo, el propio texto establece que la contribución económica de los internos no debe afectar la obligación del Estado de garantizar las condiciones básicas de detención.

Martínez defendió la iniciativa al señalar que quienes cumplen una condena deben asumir obligaciones vinculadas con su permanencia en prisión. “El ciudadano que trabaja todos los días paga los servicios y la comida de su casa. Quien esté privado de su libertad también deberá hacerse cargo de sus propios gastos. La reinserción comienza aprendiendo a cumplir obligaciones”, expresó.

La implementación del arancel quedaría vinculada, según los lineamientos difundidos por el legislador, a la percepción de ingresos por parte de los detenidos, aunque los detalles operativos y los mecanismos de aplicación deberán surgir del texto completo y su eventual reglamentación.

Un antecedente: penas por tener celulares en prisión

La presentación se suma a otra iniciativa impulsada por Martínez en abril, que propone penas de entre uno y tres años de prisión para los internos que tengan teléfonos móviles en su poder dentro de establecimientos penitenciarios. Si los dispositivos se utilizan para cometer delitos, el proyecto prevé elevar las penas a un rango de entre tres y cinco años.

Con la nueva propuesta, el diputado busca ampliar las restricciones sobre las comunicaciones desde las cárceles e incorporar cambios en las condiciones de alojamiento y trabajo de los detenidos.

El proyecto deberá atravesar el debate parlamentario para avanzar hacia una eventual modificación del régimen vigente. Hasta entonces, las medidas anunciadas forman parte de una iniciativa legislativa y no de cambios ya implementados en el sistema penitenciario nacional.