El plan de Milei que habilita empresas sin dueño y sin control por 30 años

El gobierno libertario avanza con dos proyectos que, combinados, podrían permitir que una empresa opere sin supervisión humana directa, con estabilidad fiscal por tres décadas y sin rendir cuentas a la Justicia argentina. La reforma de la ley de sociedades y el Súper RIGI conforman una arquitectura legal que expertos y organizaciones sociales tildan de "saqueo planificado".

Mientras la comisión de Legislación General del Senado pasó a un cuarto intermedio el debate sobre la ley de sociedades, el oficialismo anunció modificaciones al Súper RIGI sin dar detalles, con el objetivo de dictaminar la semana próxima. Si el proyecto se aprueba con cambios, deberá ser ratificado por Diputados.

¿Qué cambia con la nueva ley de sociedades?

El especialista en derecho comercial Enrique Hidalgo, ex Secretario Parlamentario, advierte que las modificaciones apuntan a reducir el control estatal y ampliar la libertad de los operadores para regular el funcionamiento interno. Esto podría facilitar el control del accionista mayoritario, admitir prórrogas de jurisdicción y hasta aplicar derecho extranjero en las relaciones entre socios.

También se permitirían sociedades con objetos amplios, casi indeterminados, y el desarrollo de off shores. "El proyecto del oficialismo propone admitir que el Estado otorgue el beneficio de la limitación de responsabilidad patrimonial sin exigir vocación empresarial", sostuvo Hidalgo. Así, la sociedad dejaría de ser un instrumento de desarrollo para convertirse en un mero patrimonio de afectación.

Las sociedades autónomas operadas por IA

Otro punto central es la creación de las Sociedades Descentralizadas Autónomas Operativas (DAO), manejadas exclusivamente por agentes de inteligencia artificial. Para Hidalgo, "parece poco prudente que un país periférico que no domina la tecnología auspicie su ingreso y haga de su espacio soberano un sitio donde esa tecnología opere libremente, sin poder prever sus efectos".

María Eugenia Marano, abogada especialista en transparencia, sostiene que el proyecto "hecha por tierra el rol del Estado como protector de los terceros que contratan con las sociedades" y que "se entromete en materias provinciales", quitando a las provincias la facultad de pedir información contable a las empresas.

La entrega de jurisdicción soberana

La norma también permite que los socios elijan libremente la jurisdicción y la ley aplicable, incluso extranjera. Rafael Manóvil, titular de la Academia Nacional de Derecho, criticó que "la libertad de elección de foro judicial debería limitarse a las jurisdicciones nacionales" y advirtió que el artículo 141 prevé que el estatuto pueda establecer el derecho aplicable.

El Súper RIGI como caparazón legal

Organizaciones civiles denuncian que el Súper RIGI no menciona a la inteligencia artificial ni a las sociedades automatizadas, pero construye el "caparazón jurídico" que esas futuras entidades podrían usar. "Lo que el Súper RIGI construye es la estabilidad de 30 años, arbitraje internacional excluyente y la calificación de inversión protegida", señalaron.

La Argentina no tiene regulación de IA. Si ambas leyes se aprueban, los proyectos de inteligencia artificial quedarían blindados durante tres décadas, sin posibilidad de ser modificados o regulados. Las organizaciones firmantes incluyen a AAdeAA, ACDH, ACSSA, AGC, Asuntos del Sur, ATTAC, CECIM La Plata y decenas más.