El plan de Lapadula que busca blindar las tierras fueguinas como activo estratégico

¿Sabés qué tierras de Tierra del Fuego podrían quedar bajo un régimen especial? El proyecto de Lapadula apunta a blindar las más sensibles para la soberanía y el ambiente.

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El plan de Lapadula que busca blindar las tierras fueguinas como activo estratégico
El plan de Lapadula que busca blindar las tierras fueguinas como activo estratégico

Un proyecto de ley presentado por el legislador Matías Lapadula propone un régimen especial para proteger las tierras rurales de Tierra del Fuego consideradas estratégicas para la soberanía, el ambiente y el desarrollo provincial.

La iniciativa, impulsada por el bloque Provincia Grande, parte de una premisa clara: el territorio fueguino no es solo un bien económico, sino el espacio donde se ejerce la soberanía, se desarrollan las comunidades y se proyecta el futuro de las próximas generaciones.

¿Qué tierras quedarían protegidas?

El proyecto define como “activos territoriales estratégicos” aquellas tierras que, por su ubicación o valor ambiental, hídrico, productivo, científico, energético o geopolítico, merezcan una protección especial. Entre ellas se incluyen áreas naturales protegidas, bosques nativos, turberas, humedales, reservas hídricas, cabeceras de cuencas, áreas costeras, sitios científicos y sectores vinculados con la defensa nacional.

“Tierra del Fuego tiene una posición geopolítica única. Somos una provincia bicontinental, puerta de entrada a la Antártida y parte de un territorio sobre el cual la Argentina mantiene un reclamo permanente e irrenunciable de soberanía”, expresó Lapadula.

¿Cómo se controlarán las operaciones sobre esas tierras?

Cualquier operación que pueda comprometer estos activos deberá pasar por una evaluación técnica. Si se afecta el interés público provincial, se requerirá la aprobación de los dos tercios de la Legislatura.

Para analizar cada caso, se crearía un comité integrado por organismos provinciales, la Universidad Nacional de Tierra del Fuego y el CADIC-CONICET, que evaluará el impacto ambiental, territorial, hídrico y estratégico.

Además, se plantea la creación de un registro para identificar a los titulares, beneficiarios finales y responsables del control efectivo de las tierras estratégicas.

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