El plan de EE.UU. que pone a Jujuy en el centro de la disputa con China
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El plan de EE.UU. que pone a Jujuy en el centro de la disputa con China

Un informe bipartidista presentado al Congreso de EE.UU. propone enviar auditores del Tesoro a la región y pone a Jujuy como ejemplo del avance chino. El documento detalla el peso de las firmas asiáticas en el litio y una cláusula que limita la injerencia argentina en una base espacial.

Un informe bipartidista presentado al Congreso de Estados Unidos propone enviar auditores del Departamento del Tesoro a América Latina para controlar inversiones extranjeras, y Jujuy aparece como el caso testigo del avance chino en la región. El documento, elaborado por la Comisión de Revisión Económica y de Seguridad entre Estados Unidos y China (USCC), recomienda crear el equipo FIRST, un cuerpo de supervisores que tendría a su cargo el monitoreo de proyectos estratégicos.

Jujuy, el ejemplo que eligió Washington

El reporte dedica especial atención a las administraciones provinciales y municipales. Según el texto, esas autoridades "con frecuencia negocian grandes proyectos de inversión e infraestructura pero tienen capacidad limitada para evaluar sus implicancias para la seguridad nacional". Para ilustrarlo, toma el caso jujeño, donde se concentran algunos de los emprendimientos de litio con mayor presencia de capitales chinos en el país.

CNGR Advanced Material controla el 90% del proyecto Solaroz y también impulsa el desarrollo de Jama. Ganfeng Lithium, en tanto, está a cargo de Cauchari-Olaroz y proyecta elevar su producción anual de 40.000 a 85.000 toneladas. Un relevamiento de octubre de 2026 indica que los inversores chinos concentran el 72% de los fondos previstos para proyectos de litio presentados en todo el territorio argentino a través del régimen RIGI.

Los autores del documento sostienen que Jujuy constituye un ejemplo de la estrategia diplomática china a escala provincial, mediante la cual busca construir vínculos duraderos con administraciones locales que contribuyan a sus objetivos comerciales y geopolíticos. El reporte lo dice con todas las letras: "La provincia argentina de Jujuy demuestra cómo China utiliza la diplomacia subnacional para establecer relaciones de largo plazo con gobiernos de nivel estadual que favorecen los intereses económicos y estratégicos de Beijing".

De acuerdo con los especialistas que elaboraron el trabajo, esas relaciones responden a una estrategia planificada. Su principal ventaja es que pueden mantenerse pese a los cambios de gobierno nacional, están sujetas a controles menos rigurosos que los pactos firmados a nivel federal y establecen acuerdos cuya reversión resulta compleja.

Qué haría el equipo FIRST

El FIRST tendría a su cargo el envío de representantes para implementar sistemas de control de contratos, formar a auditores y autoridades locales en transparencia, prevención de la corrupción y legislación contractual. Además, buscaría canalizar inversiones de origen estadounidense para ofrecer una alternativa frente a los capitales considerados poco confiables.

El documento también propone extender a otros países el plan para retirar y reemplazar dispositivos de Huawei y ZTE, con América Latina como primera región de aplicación. La iniciativa toma como referencia una experiencia piloto de USD 8 millones en Panamá, donde se reemplazaron componentes de telecomunicaciones fabricados en China que integraban la infraestructura del Ministerio de Seguridad Pública. En el caso argentino, el objetivo sería intervenir sobre el acuerdo que ZTE suscribió con la provincia de Jujuy en 2019, por cerca de USD 30 millones, para implementar una red de videovigilancia urbana.

Otra de las recomendaciones establece que el Director de Inteligencia Nacional deberá elaborar y difundir cada año documentos públicos, sin información clasificada, sobre el avance de China en sectores estratégicos del hemisferio occidental, como puertos, suministro energético, redes de comunicación e instalaciones espaciales. Esos informes también deberán analizar posibles vulnerabilidades informáticas y capacidades con aplicación militar.

La iniciativa alcanza a la Estación Espacio Lejano de Neuquén y a la estación terrestre de Río Gallegos, que según el documento forman parte del entramado de instalaciones espaciales de doble uso desarrollado por China en el Cono Sur. El reporte considera que la base neuquina es la instalación estratégica más delicada dentro de Argentina. Está administrada por la China Satellite Launch and Tracking Control General (CLTC) y es la primera instalación china dedicada a la exploración del espacio profundo fuera de su territorio. Cuenta con una antena de 35 metros de diámetro que, según el informe, tendría capacidad para cumplir funciones de inteligencia mediante la captación de señales y colaborar en la orientación de misiles.

El documento también pone el foco en una cláusula del convenio bilateral según la cual Buenos Aires "no puede interferir ni interrumpir" las operaciones del complejo. En contrapartida, los investigadores argentinos solo pueden utilizar la antena durante el 10% de su tiempo de funcionamiento.

La flota pesquera y el antecedente del swap

En materia de protección del espacio marítimo, el reporte menciona el operativo que las Fuerzas Armadas argentinas llevaron adelante en enero de 2025 para controlar los movimientos de una numerosa concentración de barcos pesqueros, principalmente con bandera china, frente al litoral sur del país. El episodio es presentado como ejemplo de los riesgos para la seguridad que representa la presencia de embarcaciones chinas dedicadas a la pesca en aguas internacionales. El documento relaciona lo ocurrido con una dinámica que se repite en la región: China tiene la flota de pesca en aguas internacionales más grande del planeta, cuyas naves suelen navegar dentro de las zonas económicas exclusivas o en sus proximidades de Argentina, Perú, Chile y Ecuador.

Fuera de las medidas sugeridas, el informe también analiza la situación que atravesó Buenos Aires antes de los comicios de octubre de 2023, cuando estuvo cerca de no poder afrontar sus compromisos con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En aquel momento, la administración saliente apeló al acuerdo de intercambio de monedas entre ambos países, activo desde 2009, y consiguió recursos extra para cancelar USD 2.800 millones de una obligación que superaba los USD 5.000 millones. Poco antes de las elecciones, Beijing comunicó que ampliaría a más del doble el monto de dinero disponible de manera inmediata y sin restricciones específicas dentro de ese mecanismo financiero.

Tras el triunfo electoral de Milei, quien durante la campaña había asegurado que no establecería acuerdos con "comunistas", el informe señala que China frenó la entrega de nuevos recursos y volvió a limitar el monto de libre utilización al nivel previo a los comicios. A criterio de la comisión, integrada por seis legisladores republicanos y seis demócratas, ese episodio demuestra cómo los vínculos económicos con Beijing pueden influir en los procesos electorales sin necesidad de una intervención diplomática explícita. La situación argentina forma parte de una tendencia que se extiende por buena parte de la región, con dinámicas similares, de distinta intensidad, en varios países latinoamericanos.

Durante 2025, el desequilibrio comercial regional frente a China llegó a una cifra récord de USD 46.900 millones, asociada tanto a la venta de materias primas como al ingreso masivo de productos industriales chinos, un fenómeno que el documento bautiza como "China Shock 2.0". En infraestructura, compañías de origen chino participan en la financiación, edificación o gestión de al menos 37 de los 118 puertos latinoamericanos. La tecnología de Huawei, en tanto, está presente en hasta el 70% de las redes 4G de la región. En Buenos Aires, el representante diplomático de Estados Unidos, Peter Lamelas, instó a las empresas nacionales a dejar de contratar a esa firma y señaló sus presuntos vínculos con el Partido Comunista Chino.

Quién está detrás del informe

La USCC es una entidad autónoma creada por el Congreso estadounidense en octubre de 2000 para analizar y supervisar las consecuencias económicas y los posibles efectos sobre la seguridad nacional de los vínculos entre Washington y Beijing. Está integrada por 12 miembros, repartidos en partes iguales entre republicanos y demócratas designados por las autoridades del Congreso, lo que garantiza su carácter bipartidista. Entre sus tareas principales figura la elaboración de un reporte anual con conclusiones y propuestas legislativas sobre comercio, avances tecnológicos, defensa militar, derechos humanos y política exterior de China.

El documento correspondiente a 2026 recibió el respaldo unánime de sus integrantes y se difundió este miércoles, en coincidencia con la llegada del mandatario estadounidense Donald Trump a la ciudad china de Shenzhen, donde tenía previsto participar de la cumbre de jefes de Estado del APEC y luego de un encuentro tripartito sin precedentes junto al presidente chino Xi Jinping y el líder ruso Vladimir Putin.

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