La Justicia electoral volvió a dejar sin efecto una reunión clave del PJ neuquino y la conducción quedó en el aire. Lo que se resolvió en un Google Meet ahora juega en contra de todos, y el calendario hacia 2027 no espera.
El Partido Justicialista de Neuquén atraviesa horas críticas. Por segunda vez en pocas semanas, la Justicia electoral dejó sin efecto una reunión de su Consejo Provincial, y la conducción del partido queda en un limbo que amenaza con complicar su futuro de cara a 2027.
El juez federal subrogante Gustavo Villanueva resolvió que lo actuado en el encuentro virtual del 13 de octubre "carece de validez para el tribunal". La razón no fue política sino técnica, aunque sus efectos golpean directo en la interna peronista.
Un Google Meet que no cumplió los requisitos
La reunión se hizo por Google Meet y no respetó los requisitos que la Cámara Nacional Electoral exige para que los órganos partidarios sesionen a distancia. La Acordada 51/2020, dictada en plena pandemia, habilitó la modalidad virtual pero con condiciones: una de ellas es la "grabación audiovisual de toda la reunión y acta con transcripción de lo ocurrido".
Al revisar los dos archivos de video presentados por el partido, el juzgado detectó que la votación sobre la presidencia de la sesión y la designación de los firmantes del acta "no se encuentra videograbada en ninguno de los dos archivos". Tampoco quedó registrado el anuncio formal del retiro de los consejeros opositores que, según el acta, abandonaron la reunión.
El magistrado describió que la grabación de la primera parte termina "intempestivamente" y que, al reanudarse en un segundo archivo, nada se dice sobre el motivo del corte ni sobre la salida de los ausentes. Como no consta en video quiénes fueron designados para firmar el acta, el documento quedó suscripto por dos personas "que no se acreditó que hayan sido designadas para firmar la misma, lo que obsta a su validez".
"No es que nosotros seamos tan buenos, sino que los demás son peores", confió a LM Neuquén un dirigente parafraseando a Juan Domingo Perón.
La moderadora que no se escucha
El segundo problema ya había sido advertido por el juzgado el 22 de octubre: en la primera parte de la reunión no se escucha a la persona que administraba y moderaba el encuentro. El partido intentó explicarlo con un informe técnico oficial presentado por su apoderada, Mariana Tranamil, el sábado 24 de octubre.
Allí reconoció que la reunión se grabó con la herramienta de captura de Windows y que el micrófono del equipo anfitrión "quedó involuntariamente deshabilitada en la configuración interna del capturador". Precisó que la voz de la moderadora, Juana Vázquez, no ingresó a la grabación por "una contingencia técnica", y negó cualquier supresión deliberada o manipulación.
El juez tomó esa explicación en sentido contrario al buscado: señaló que el informe "no solo no subsana lo observado", sino que lo admite expresamente. El partido también había atribuido defectos a la compresión del archivo y ofreció el video original por Google Drive y en un pendrive, pero el tribunal respondió que ya contaba con el original en su servidor y que los defectos "no se originaron en la compresión del archivo, sino que están en la versión original del mismo".
Once firmas recortadas que no convencieron
Para blindar la reunión, once consejeros firmaron una declaración jurada y ratificación expresa en la que aseguraron haber estado presentes de manera ininterrumpida, con cámaras encendidas, y que el acta es "un fiel e inalterado reflejo" de lo ocurrido. Entre los firmantes figuran Riquelme, la propia Vázquez y el consejero Gonzalo Bertoldi, a quien el texto menciona por sus problemas de conectividad durante la sesión.
El documento invocaba los artículos del Código Penal sobre falso testimonio y falsedad ideológica, y sostenía que la conjunción del acta, el audio general y la declaración conformaba "un plexo probatorio inexpugnable". También mencionaba "la adecuación de autoridades ante la acefalía imperante" y el "abandono voluntario de la sesión por parte de una minoría de consejeros disidentes".
El juzgado le restó todo valor: según la resolución, se trata de un archivo PDF al que se le añadieron las imágenes de las firmas de las 11 personas, "cada una recortada por separado e insertada digitalmente", sin que ninguno de los firmantes haya firmado de puño y letra sobre el documento.
La interna que no se detiene
La resolución de Villanueva llega después de que el juzgado electoral ya declarara nula la reunión del Consejo del pasado 24 de septiembre, aquella en la que se había puesto a Lucas Riquelme al frente del partido tras la suspensión de José "Turco" Asaad.
Riquelme es el vicepresidente segundo, y quien reclamaba ese lugar era la vice primera, Anahí Valdez, a quien el oficialismo dice haberle perdido la confianza pese a haberla llevado en la misma boleta de la interna del 15 de marzo.
Valdez, vicepresidenta primera del Consejo Provincial y presidenta del consejo local de Zapala, presentó ante el propio cuerpo una impugnación y pedido de nulidad del acta del 13 de octubre, presentada por otro peronista, Fabricio Torrealday. Sostuvo que se modificó el orden del día al votar una "presidencia de la sesión" no prevista, y que en la segunda parte de la grabación el consejero Rubén Maluenda, que compartía el lugar físico con Juana Vázquez, reconoce que eran nueve miembros, por lo que desde ese momento la reunión "carece de quórum legal". También reclamó que se vuelva a las reuniones presenciales, que según ella se habían fijado como regla en abril.
El planteo de fondo apunta a la sucesión. Valdez sostiene que la "adecuación y reorganización de autoridades" fue un eufemismo para evitar el corrimiento de la lista que fija la Carta Orgánica, y que se buscó darle al "pequeño" Riquelme una trascendencia que, a su juicio, no tiene. Recordó como antecedentes que cuando renunció Nancy Parrilli asumió Darío Martínez, y que cuando renunció Martínez asumió María Elena Paladino, ambos casos avalados por la Justicia electoral. Ante la "inminente convocatoria a actos electorales", dio por agotada la instancia partidaria y anticipó que llevará el reclamo a la Justicia.
Expulsiones, vacantes y una pelea por el poder
Detrás de este entuerto técnico hay una disputa de poder. El juzgado recordó que sigue pendiente lo que ordenó el 2 de octubre: el partido debe reorganizar los organismos donde sus autoridades fueron dadas de baja como consecuencia de la pérdida de afiliación, y presentar una nueva nómina de autoridades con los corrimientos o reemplazos correspondientes, junto con las actas que lo respalden.
Esas bajas son el resultado de las expulsiones de afiliados que en las elecciones de 2023 compitieron por otras fuerzas, en contra de lo que establece la Carta Orgánica, un proceso que tuvo su capítulo en la Cámara Nacional Electoral a fines de septiembre. Buena parte de ese grupo pertenece al sector de Asaad, intendente de Vista Alegre, alineado con el gobierno de Rolando Figueroa y con dirigentes que ocupan cargos en la gestión provincial.
Las vacantes que dejaron esas bajas abrieron una pelea por la sucesión que están pulseando Riquelme y, sin éxito, Valdez.
El tiempo es el otro adversario del peronismo neuquino. Sin autoridades reconocidas por la Justicia, el partido no puede ordenar su vida interna de cara a 2027, cuando deberá definir candidaturas y alianzas. Y si no resuelven las cosas pronto, el peronismo podría quedar al borde de la intervención, algo que no les gustaría a muchos, ya que detrás de esa movida podría estar Cristina Fernández de Kirchner. O las cosas se resuelven por el consenso (que no hay) o por la fuerza.
Mientras tanto, en el edificio de la calle Roca 265 la fractura interna sigue sin puentes de diálogo: la facción del exsenador Oscar Parrilli contra la conducción que ganó las elecciones, cercana al gobierno provincial, que aún no le encuentra la vuelta al manejo partidario.
