El perro salió sin correa y el dueño terminó procesado: la Justicia fijó una cifra millonaria

La Justicia de El Calafate procesó al dueño de un perro que atacó a un nene de 10 años en la vía pública. El juez penal Carlos Albarracín resolvió la situación del hombre, de unos 60 años, sin prisión preventiva por lesiones graves culposas y dispuso un embargo de hasta $10 millones sobre sus bienes.

El hecho ocurrió el 13 de abril de 2024, cerca de las 11 de la mañana, en inmediaciones de la calle 25 de Mayo. El chico estaba afuera de una vivienda cuando un perro mestizo negro lo atacó. La mordedura le provocó la amputación parcial de la falange distal del dedo mayor de la mano derecha.

Los informes médicos incorporados a la causa indicaron que la lesión era grave y requería más de 30 días de recuperación. Una pericia médico-forense posterior determinó que quedaron secuelas permanentes, funcionales y estéticas, entre ellas una deformidad en la uña.

El perro estaba suelto y el dueño lo reconoció

Horas después del ataque, la policía realizó una constatación. Según la información conocida de la causa, el propietario reconoció en ese procedimiento que su perro había salido de la propiedad porque no estaba amarrado.

Más tarde, el acusado negó que su mascota fuera la responsable. Sostuvo que había otros perros negros en el barrio y cuestionó que el tamaño del animal que aparecía en las imágenes coincidiera con el suyo. El Juzgado consideró que esos argumentos, en esta etapa del proceso, no alcanzaban para descartar el resto de los elementos reunidos.

Entre las pruebas tenidas en cuenta está la identificación que hizo el propio nene, que conocía al animal de antes, y testimonios incorporados al expediente. La resolución no implica una condena definitiva: establece que hay elementos suficientes para continuar el proceso penal contra el dueño del perro.

Embargo y tenencia responsable

Además del procesamiento, el juez dispuso un embargo sobre dinero o bienes de hasta $10 millones para garantizar eventuales costas judiciales y daños y perjuicios. Si no se encuentran bienes suficientes, se prevé la inhibición general.

La resolución pone el foco en el deber de custodia, vigilancia y control que les corresponde a los propietarios de animales. El caso tiene especial relevancia en El Calafate, donde la presencia de perros sueltos en la vía pública es desde hace tiempo motivo de reclamos y debate.

La causa continuará su trámite judicial hasta determinar si corresponde avanzar hacia las siguientes instancias del proceso. El procesamiento todavía no establece la responsabilidad penal definitiva del propietario.

Con información de Ahora Calafate.