El pedido que los gobernadores le repiten a la Rosada y que sigue sin respuesta
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El pedido que los gobernadores le repiten a la Rosada y que sigue sin respuesta

Los gobernadores le pusieron número al reclamo por fondos previsionales, universidades y discapacidad, pero en cada reunión la respuesta es la misma: “Hablá con Guberman”. La Rosada apura la sanción para el 25 de noviembre y la planilla de anexos ya está cerrada.

La negociación por el Presupuesto 2027 entró en su tramo decisivo y el Gobierno apura el calendario: si quiere cumplir con la sanción en Diputados para el 25 de noviembre, tendrá que mover fichas que hasta ahora no movió. La fecha quedó tres semanas corrida respecto de la meta original, y la demora tiene un motivo concreto: los pedidos que el PRO y los aliados provinciales vienen planteando en cada reunión.

“Hablá con Guberman”. Esa es la respuesta que reciben algunos legisladores cuando insisten por modificaciones al texto. La frase, atribuida a integrantes de la mesa legislativa libertaria, resume el clima de las conversaciones.

La planilla cerrada en junio y la llave de los pedidos

Los aliados que consultó Ámbito describen una postura intransigente del oficialismo. “El ala política que tienen en el Congreso está más dispuesta a hablar, pero cuando pedís que fijen financiamiento la respuesta que dan es que ya es tarde para hacer modificaciones porque la planilla de anexos la cerraron en junio, imaginate”, graficó un diputado que suele acompañar los proyectos de La Libertad Avanza.

Para destrabar la aprobación, la clave pasa por una decisión de Casa Rosada: fijar fondos para las leyes que ya existen y evitar que queden inaplicables por falta de partida. Quien maneja esa caja es el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, que responde al Ejecutivo y no al Congreso.

Los gobernadores salen a la cancha

Sin partidas nacionales, serán las provincias las que tengan que responder con sus propias arcas. Por eso los mandatarios provinciales empezaron a encabezar reclamos por situaciones que se repiten en sus distritos: obras públicas, el pago de la deuda por fondos previsionales, las universidades y la discapacidad.

El número de la deuda previsional no es menor: u$s2.899.574.222 a repartir entre 13 provincias. En el caso universitario, el sistema pide $11 billones para cumplir con la ley de Financiamiento Universitario, contra los $7,5 billones que ofrece el Ejecutivo.

En discapacidad falta una aprobación en el Senado que se proyecta holgada, pero que depende de una promesa que todavía no fue ratificada desde el Palacio de Hacienda: la derogación de los artículos 36° al 41° del Presupuesto 2027.

Jaldo, Llaryora y Sáenz, al frente

Los reclamos por esas partidas se repitieron esta semana de boca del tucumano Osvaldo Jaldo y del cordobés Martín Llaryora. A ellos se sumó el salteño Gustavo Sáenz con un pedido propio: la distribución equitativa de los subsidios para el transporte público.

La demanda fue compartida por intendentes de todo el país, que viajaron en tropel a la Cámara de Diputados este miércoles. Fueron unos 80 los que asistieron a la reunión de la comisión de Asuntos Municipales, donde rechazaron la reducción de los beneficios del Programa Remediar —de 126 medicamentos a 6— y reclamaron un reparto eficiente de lo recaudado por el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL). Vienen reuniéndose, cada vez en mayor número, por el mismo motivo desde 2024.

La lista del PRO

El pedido por el ICL también lo levantó el PRO, que sugiere directamente que se reduzca. A eso le sumó un menú de propuestas: bajar el IVA de los huevos y sus derivados del 21% al 10,5%; extender los regímenes de promoción automotriz y autopartista que vencen el 31 de diciembre de 2027; e incorporar un régimen antievasión con intercambio de información sobre billeteras virtuales.

También buscan sumar financiamiento para la ciudad de Buenos Aires, con la autorización de operaciones para la Línea F y el Belgrano Sur, además de regularizar las transferencias de coparticipación. Una postura parecida tomó el bonaerense Eduardo Falcone (MID), que reclama destrabar los fondos de la CAF para terminar de duplicar la calzada de la ruta nacional 5, en el tramo que une Suipacha con Mercedes.

Qué propone el peronismo

Algunas provincias ya lograron volcar intereses a la redacción, aunque las concesiones son exiguas. Así lo reconoció el catamarqueño Sebastián Nóblega, que detalló: “Se acordó que la provincia asuma la reparación de la ruta nacional 38 en la Cuesta del Totoral, aunque persiste la preocupación por otras vías provinciales, como las rutas nacionales 157 y 60”.

El diputado también pidió “blindar las partidas destinadas al INTA” y aumentar el bono para jubilados, cuya suma fija es de $70.000 desde 2023. “Es fundamental escuchar las demandas sociales, el empleo, el comercio, la industria, pero, sobre todo, que el presupuesto refleje beneficios reales para la gente”, agregó.

El reclamo por el INTA se replicó en la Comisión de Desarrollo Regional, que preside el formoseño Luis Basterra. La convocatoria a especialistas fue la estrategia que encontró Unión por la Patria para plantar postura. Lo hizo en Familias y Niñez, con el tucumano Pablo Yedlin al frente, donde se pidió eliminar el artículo 17 que deroga la actualización automática de la Asignación Universal por Hijo, pedido que también elevó la UCR.

En la comisión de Mujeres, que conduce la cordobesa Gabriela Estévez, se detalló el horizonte desalentador para las políticas de prevención de violencia: se quitaron partidas específicas para la Línea 144 —que prevé alcanzar a 70.000 personas, un cuarto de lo que fue en 2023— y se congeló el monto de 2026 para la Educación Sexual Integral, lo que equivaldría a $4 por adolescente.

“Que pongan la cara”

“Nosotros estamos pidiendo que vengan los ministros, porque es un presupuesto de ajuste en todas las áreas y es importante que pongan la cara”, le dijo a Ámbito el bonaerense Carlos Castagneto. Y anticipó: “Vamos a proponer un presupuesto donde se reestablezcan las leyes que no está cumpliendo el Gobierno y los fondos los vamos a sacar de las partidas sin afectación específica, que están en la Jurisdicción 91”.

El diputado apunta a la categoría Obligaciones a Cargo del Tesoro, a la que se destinarían $14,9 billones. Se trata de la tercera erogación más onerosa de la ley, pese a no tener personal ni edificio. ¿Quién está a cargo de esa partida? Otra vez Guberman, el funcionario que parece tener las llaves de los pedidos y que ejecutará lo que le encomienden desde Casa Rosada.

Carlos Guberman durante su defensa del Presupuesto 2027 en Diputados.

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