El pedido que complica a dos exministros de Omar Gutiérrez por una millonaria defraudación

La Fiscalía pidió que ocho acusados por un presunto desvío de fondos públicos vayan a juicio. Entre ellos aparecen dos exministros del gobierno de Omar Gutiérrez. El perjuicio al Estado provincial superaría los $1.200 millones.

El Ministerio Público Fiscal solicitó avanzar hacia el juicio contra ocho personas acusadas por un presunto desvío de fondos públicos ocurrido entre 2022 y 2023, durante la gestión de Omar Gutiérrez al frente de la provincia.

Entre los imputados se encuentran los exministros de Desarrollo Social Abel Di Luca y Germán Chapino, quienes ocuparon cargos de relevancia dentro de la anterior administración neuquina.

El pedido de la fiscalía

La fiscal del caso, Rocío Rivero, bajo la supervisión del fiscal jefe Pablo Vignaroli, presentó ante la Oficina Judicial el pedido para que se fije una audiencia de control de acusación. Esa instancia permitirá avanzar con el cierre de la investigación y definir el paso hacia el juicio.

Si la acusación supera esta etapa, las eventuales responsabilidades serán analizadas por un tribunal integrado por tres jueces. El perjuicio ocasionado al Estado provincial fue estimado por la Fiscalía en $1.208.657.600 a valores históricos.

La Fiscalía de Estado, que interviene como querellante y presentó la denuncia que dio origen a la investigación, acompañó el requerimiento formulado por el Ministerio Público Fiscal.

El presunto esquema

La teoría del caso sostiene que exfuncionarios y particulares habrían actuado de manera coordinada para desviar recursos pertenecientes a un programa del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo. Los fondos debían utilizarse para capacitar a integrantes de organizaciones de la sociedad civil.

Sin embargo, la acusación afirma que parte del dinero habría sido administrado y distribuido sin cumplir los controles establecidos. Di Luca y Chapino fueron acusados como coautores del delito de administración fraudulenta.

En la misma condición quedaron identificadas otras tres personas mediante las iniciales D.M., S.E.B. y L.L.V. Otras tres personas, individualizadas como B.R.V.N., F.G.S. y M.G.S., están acusadas en calidad de partícipes necesarios.

Según el planteo fiscal, a los dos exministros se les atribuye haber autorizado desembolsos mensuales destinados a la cooperativa Viento Sur sin verificar previamente el cumplimiento de los requisitos obligatorios. La acusación sostiene que los pagos fueron aprobados pese a la existencia de rendiciones incompletas, inconsistentes o directamente inexistentes.

A D.M., S.E.B. y L.L.V. se les reprocha haber solicitado, recibido y administrado los recursos públicos. En tanto, las otras tres personas habrían recibido dinero sin realizar una contraprestación.

La investigación involucra, además de los exfuncionarios, a particulares relacionados con la cooperativa Viento Sur y con organizaciones de la sociedad civil alcanzadas por el programa.

Controles que se habrían omitido

El programa establecía una serie de verificaciones obligatorias antes de autorizar cada desembolso. Entre ellas figuraba la revisión de la situación institucional de las organizaciones que recibirían los fondos, sus autoridades, los planes de acción presentados, los padrones de beneficiarios y las capacitaciones que efectivamente se hubieran realizado.

El Ministerio Público Fiscal sostiene que esos procedimientos no se cumplieron adecuadamente y que los desembolsos continuaron pese a las advertencias formuladas desde otros organismos provinciales.

Uno de los puntos centrales de la acusación son los dictámenes desfavorables emitidos por la Contaduría General de la Provincia. Según la teoría fiscal, esas observaciones fueron ignoradas y los pagos siguieron realizándose.

El requerimiento presentado por Rivero busca que toda esta evidencia sea discutida durante un juicio ante un tribunal colegiado.