El pedido de desafuero contra Joaquín Beltrán ya tiene un primer freno

El abogado Roberto Gabriel Bracco le envió una nota al presidente de la Cámara de Diputados de San Luis, Alberto Leyes, y al resto del Cuerpo legislativo para advertir que el pedido de desafuero del diputado Joaquín Beltrán es “improcedente”. El legislador está imputado en la causa conocida como “Molino Fénix”.

El Ministerio Público Fiscal había elevado esa solicitud a la Legislatura el 28 de agosto, después de que el juez Santiago Ortiz dictara la prisión preventiva para otros tres acusados: Anabela Lucero, pareja de Beltrán, Enzo Lucero y Exequiel Scarel, quienes permanecen alojados en el Servicio Penitenciario. El quinto imputado, Diego Torres, sigue en libertad.

Como Beltrán cuenta con fueros por ser legislador provincial, el magistrado no le impuso ninguna medida de coerción y le advirtió a la Fiscalía que debía pedir el desafuero. Para que eso ocurra, la Cámara de Diputados necesita el voto de los dos tercios de los presentes en la sesión.

Los argumentos del abogado

En su presentación, Bracco sostuvo que el pedido del MPF es “improcedente” y que “corresponde rechazarlo”, porque “no reúne los requisitos exigidos por el art. 88 del Código Procesal Penal de la provincia de San Luis -LEY VI-152-2021-”. El defensor argumentó que en el expediente que origina la presentación “no se ha formulado acusación contra el Diputado Beltrán”, ya que la causa todavía se encuentra “en etapa de investigación penal preparatoria”.

El abogado, que también representa a Beltrán en esta causa, ya había planteado objeciones a la ampliación de cargos presentada por la Fiscalía durante la audiencia del lunes.

Qué puede pasar en Diputados

El pedido tomó estado legislativo la semana pasada. La comisión de Legislación General podría resolver este martes emitir despacho para que el tema se trate al día siguiente. Sin embargo, el oficialismo no reuniría todavía los votos necesarios para avanzar con la medida.

El perjuicio millonario y los cargos

La Fiscalía estima que las presuntas maniobras irregulares realizadas entre 2020 y 2023 en el Complejo Molino Fénix de Villa Mercedes provocaron un perjuicio superior a los $900 millones para la Administración Pública.

Los cargos que se les atribuyen a los imputados incluyen administración fraudulenta, ocultamiento y destrucción de evidencia y asociación ilícita. Según la formulación admitida por la Justicia, Beltrán y Lucero están imputados como presuntos jefes de la organización, mientras que el resto de los acusados fueron imputados como partícipes necesarios.

La acusación sostiene que se habrían realizado contrataciones directas con empresas radicadas fuera de San Luis, algunas de las cuales no figuraban como proveedoras del Estado. Además, de los 116 cheques analizados, solamente cuatro estaban en orden. También se investiga la presunta destrucción de registros contables y evidencia digital, incluido el borrado remoto de información de teléfonos celulares que estaban bajo custodia judicial.