El patio que mostraba el aviso no era de nadie: la Justicia falló y el corredor deberá devolver plata

Un aviso inmobiliario prometía un departamento de tres ambientes con dependencia, balcón y patio en el barrio porteño de Congreso. La operación se cerró, pero el patio que aparecía en las fotos y en la ficha no formaba parte de la propiedad: era un espacio común del edificio. La diferencia terminó en la Justicia y el corredor a cargo de la publicación fue condenado.

El inmueble está ubicado sobre la calle Pasco al 90. Según la publicación, la unidad tenía 81 metros cuadrados cubiertos, tres de balcón y 18 de patio, lo que daba una superficie total de 102 metros cuadrados. Los papeles de la propiedad, en cambio, indicaban 84,46 metros cuadrados en total, sumando cubiertos, semicubiertos y balcón. El patio no integraba la propiedad privada, aunque su uso estaba reservado a los dueños de ese departamento.

Después de la compra, la compradora denunció que había recibido información incorrecta sobre las características del inmueble y reclamó una indemnización. En primera instancia, un juez responsabilizó al corredor por publicar datos que no coincidían con la documentación. La sentencia ordenó devolver US$ 4000 de comisión y pagar $3 millones por daño moral, pero rechazó el reclamo por la diferencia de superficie porque no se probó que esos metros hubieran influido en el precio ni cuánto representaban. Además, el aviso no indicaba el valor del departamento: solo decía que había que consultar.

Qué resolvió la Cámara de Apelaciones

El caso llegó a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, que revisó los planteos de ambas partes. Los jueces confirmaron la responsabilidad del corredor por ofrecer el patio como parte de la superficie del departamento, pero consideraron que la indemnización debía ser menor.

Por eso redujeron a la mitad la devolución de la comisión: quedó en US$ 2000. Para decidirlo, tuvieron en cuenta que la operación se había concretado gracias a la intervención del corredor y que devolverle a la compradora todo lo cobrado por sus servicios resultaba excesivo. También señalaron que el profesional no llevaba sus libros contables de manera adecuada, por lo que no había documentación suficiente para aclarar todos los detalles de la comisión.

La Cámara también bajó el daño moral de $3 millones a $1 millón. En este punto, consideró que algunos problemas posteriores a la compra, como conflictos con los vecinos y dificultades vinculadas con las reformas del departamento, tenían relación con las obras que hizo la compradora. Durante el juicio se mencionaron cambios en paredes, ventanas, puertas e instalaciones que generaron discusiones en el consorcio y motivaron intervenciones del Gobierno porteño. Para los jueces, no todos esos inconvenientes podían atribuirse al error del aviso.

La Cámara también confirmó que no correspondía condenar a la sociedad inmobiliaria ni a los vendedores. En el primer caso, no se pudo probar que la empresa hubiera participado directamente en la publicación cuestionada. En el segundo, tampoco se encontraron pruebas de que los vendedores hubieran dado información falsa o engañado a la compradora.

Así, la responsabilidad del corredor quedó confirmada, pero con un monto menor: la compradora recibirá US$ 2000 por la comisión y $1 millón por daño moral. No prosperó el reclamo por la diferencia de superficie ni la demanda contra los vendedores y la sociedad inmobiliaria.