El paro universitario que paraliza las aulas y pone al Gobierno contra las cuerdas
Docentes y no docentes de las universidades públicas paran 72 horas en tres jornadas clave. La medida llega justo cuando vence el plazo que la Justicia le dio al Gobierno para cumplir con la ley de financiamiento, y hay multas millonarias en juego. ¿Qué pasará si no acata?
El Plenario de CONADU Histórica resolvió un paro total de actividades por 72 horas, en confluencia con CONADU. La medida se llevará a cabo los días lunes 28 de septiembre, jueves 1 y viernes 2 de octubre.
Desde el plenario señalaron: “Exigimos el cumplimiento inmediato de la medida cautelar: actualización salarial del 33,4% adeudado, más la recomposición correspondiente al IPC posterior. El Gobierno Nacional lleva más de 330 días incumpliendo la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795, particularmente sus artículos 5° y 6°, referidos a salarios docentes y becas estudiantiles”.
En idéntico sentido, agregaron: “El 21 de septiembre, el juez Martín Cormick intimó al Gobierno a cumplir la medida cautelar en 5 días. El plazo vence el 30 de septiembre. El gobierno debe cumplir la ley y la justicia”.
Una intimación con reloj
Cabe recordar que la Justicia intimó al Gobierno nacional a cumplir en un plazo de cinco días con la Ley de Financiamiento Universitario y advirtió que podría aplicar multas diarias si no acata la medida.
La resolución fue dictada por el juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11, en el marco del conflicto por la aplicación de los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795.
La medida alcanza al artículo 5°, referido a la actualización de los salarios de docentes y no docentes de las universidades públicas, y al artículo 6°, relacionado con la recomposición de los programas de becas estudiantiles.
La Ley 27.795 establece, además, que la actualización salarial debe contemplar la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) para el período establecido por la normativa.
En su resolución, Cormick advirtió que, si el Estado no cumple dentro del plazo establecido, podrán aplicarse astreintes, es decir, multas económicas por cada día de demora.
