El paro judicial que paralizó Chaco y la sospecha que apunta al gobernador

Los trabajadores del Poder Judicial de Chaco llevaron adelante un paro de 24 horas con retiro de los lugares de trabajo y concentraciones en Resistencia y en tribunales del interior. La medida, convocada por la Intergremial Judicial, sumó también la adhesión del gremio del Tribunal de Cuentas y profundiza un conflicto que ya lleva varias semanas.

El reclamo apunta contra el Proyecto de Ley 2141/26, una iniciativa del Poder Ejecutivo provincial que modifica el sistema salarial fijado por la Ley 468-A. Los representantes gremiales pidieron el archivo del proyecto y pusieron en duda su constitucionalidad.

Qué exigen los gremios

Los sindicatos reclamaron la plena vigencia de la Ley 468-A y el cumplimiento efectivo del artículo 9° de la Ley 3424-A, para que la media nacional alcance a todo el personal del Poder Judicial. También exigieron participar en cualquier tratamiento legislativo, técnico o salarial vinculado al sector.

Entre los planteos, los trabajadores solicitaron investigar el accionar del Tribunal ad hoc y pidieron que las decisiones que se tomen no perjudiquen a los empleados ni al erario público. La Intergremial ratificó para este viernes 25 un nuevo paro de 24 horas sin asistencia a los lugares de trabajo.

Los gremios anticiparon que seguirán las instancias de diálogo con funcionarios del Gobierno provincial y legisladores, mientras evalúan los próximos pasos. La jornada se suma a las acciones que ya se venían realizando esta semana y la anterior.

La denuncia de Pérez Pons

El diputado provincial y exministro de Economía Santiago Pérez Pons advirtió que la iniciativa podría servir para obtener protección judicial frente a denuncias contra funcionarios y dirigentes oficialistas. Cuestionó que el Ejecutivo proponga una recomposición para magistrados mientras, según denunció, mantiene restricciones salariales para otros trabajadores estatales.

Según su planteo, la ley produciría un "desenganche" de los empleados judiciales y de organismos con remuneraciones equiparadas, con riesgo de nuevos litigios contra la provincia.

En ese marco, se refirió a la investigación por malversación de fondos en la Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña, un escándalo que golpea al intendente de la UCR Bruno Cipolini, aliado del gobernador Zdero. La Fiscalía de Investigación Penal Nº 4 de Sáenz Peña decidió archivar la denuncia que Pérez Pons había presentado contra Cipolini: los fiscales consideraron que los hechos denunciados no son un delito.

"Entonces uno después se pregunta: ¿por qué mandan esta ley?", expresó el diputado sobre la decisión fiscal. De acuerdo a lo detallado por Perfil, también acusó a distintos actores de obstaculizar el avance del expediente, cuestionó vínculos entre funcionarios judiciales y el intendente y reiteró que buscará revertir el archivo.

Además, relacionó su sospecha con una contratación por $34.000 millones para modernizar la ATP. Según su exposición, una consultora había recibido previamente $1.800 millones por un informe y el procedimiento posterior favorecería al mismo grupo. Sostuvo que las denuncias opositoras habían frenado la adjudicación y lanzó: "Entonces necesitan saber que, si adjudican, después alguien los va a proteger".