El paro de la Red Tulum sigue y hay un dato que complica al Gobierno
Los choferes reclaman que los aumentos no se liquidaron bien y la diferencia acumulada rondaría los $800.000 por trabajador. El Gobierno convocó a una audiencia, pero el servicio sigue paralizado.
La conciliación obligatoria que dictó la Subsecretaría de Trabajo no alcanzó para desactivar el conflicto en el transporte público de San Juan. Los choferes de la Red Tulum mantienen el paro y los colectivos siguen sin circular, con miles de usuarios obligados a buscar alternativas para moverse.
La intervención del organismo laboral incluyó una audiencia fijada para este jueves a las 11:30 en la sede de calle Santa Fe. Hasta entonces, la medida de fuerza se sostiene y los sanjuaninos apelan a taxis, remises, autos particulares y aplicaciones de transporte para cubrir sus recorridos.
El reclamo que originó el conflicto
El eje del reclamo pasa por la liquidación de haberes. Desde la UTA aseguran que los aumentos salariales de los últimos meses no se incorporaron de manera correcta y sostienen que un chofer debería percibir cerca de $2,3 millones, mientras que los trabajadores habrían cobrado alrededor de $1,4 millones.
De acuerdo con el planteo gremial, esa diferencia acumulada rondaría los $800.000 por trabajador. El sindicato también indicó que hasta ahora no recibió una propuesta salarial concreta que permita destrabar el conflicto y levantar la medida.
La continuidad del paro quedó atada a lo que las partes lleven a la audiencia convocada por la autoridad laboral.
La posición de las empresas
Las compañías agrupadas en ATAP plantean un escenario distinto. Advierten que el sistema de transporte afronta mayores costos y que cualquier recomposición salarial exige modificar el esquema de financiamiento, con más subsidios y sin autorización para aumentar el valor del boleto.
Los efectos que ya se sienten
La paralización del servicio también golpeó a otros sectores. El Ministerio de Educación dispuso que las faltas y llegadas tarde vinculadas con la falta de colectivos sean justificadas, mientras que la Cámara de Comerciantes Unidos estimó que el movimiento habitual en la Peatonal cayó cerca de un 70%.
En paralelo, el Gobierno provincial cuestionó que la medida se haya iniciado sin una instancia previa de negociación y advirtió sobre posibles sanciones.
La definición queda concentrada en la audiencia de este jueves, que marcará si el servicio se restablece o si el conflicto se extiende.
