Un gobernador salió a jugarse entero por una ley clave. Lo que pasó puertas adentro de su propia coalición dejó marcas que nadie quiere reconocer en público.
El miércoles, el gobernador Maximiliano Pullaro salió a reclamar las herramientas que considera imprescindibles para combatir el delito en esta etapa. Lo hizo aun sabiendo que el acuerdo podía no llegar y que la ley finalmente no se votara. Y eso fue lo que ocurrió.
Detrás de ese desenlace hay una pulseada que venía cocinándose desde hace meses entre los dos socios principales de Unidos: el radicalismo y el socialismo. La discusión sobre el paquete de seguridad terminó exponiendo diferencias que hasta ahora se mantenían bajo la alfombra.
¿Ideología o disputa de poder?
La pregunta que sobrevuela en los pasillos de la Casa Gris es si las diferencias entre radicales y socialistas responden a cuestiones ideológicas y al rol institucional que cada partido reivindica, o si además subyace una pelea por el poder con la vista puesta en 2027.
“Lo más probable es que sea una cuestión ideológica. Si quieren marcarle la cancha al gobernador en seguridad, se equivocan. Están yendo en contra de la gente que no quiere volver atrás. La discusión de poder no es hacia dentro, es hacia fuera con las organizaciones criminales”, plantea un hombre del círculo más cercano a Pullaro.
En el radicalismo sostienen que la paciencia se agotó. El Ejecutivo envió el proyecto en mayo y el tratamiento legislativo recién arrancó en octubre.
El punto que encendió la mecha
Lo que más irritó en el gobierno provincial no fue el contenido de las objeciones sino el encuadre del debate. Para la Casa Gris, la invitación a abogados penalistas a exponer en la discusión fue un punto de quiebre.
“Las organizaciones criminales son el enemigo y los introdujeron al debate”, se quejan en el gobierno. Advierten que esa convocatoria mostró al oficialismo dividido y proyectó una imagen de debilidad.
“El mensaje que se da a las organizaciones criminales es que si no estuviera Pullaro muchas políticas que sirvieron para bajar el delito se terminarían”, sostienen desde la administración provincial.
La mirada opuesta del socialismo
La versión del PS es radicalmente distinta. En el socialismo leen que un sector del gobierno pretende que el Ministerio de Seguridad asuma tareas de persecución penal que por Constitución corresponden a los fiscales.
Sus reparos abarcan las declaraciones en sede policial, los interrogatorios sin abogado, los sistemas de recompensas y los dispositivos de inteligencia. Desde esa perspectiva, el proyecto crearía una especie de mini Ministerio Público de la Acusación dentro del Ejecutivo.
“Ese debate ya se saldó en la Constituyente. El único encargado de perseguir el delito es el MPA”, resaltan en el socialismo.
En el PS también rechazan la idea de ser los únicos que objetan la norma. “Que vean cuál fue la posición de la Corte Suprema, el MPA y el Ministerio Público de la Defensa. No hay ninguna voz relevante que lo defienda”, sostienen.
Además del contenido, cuestionan la forma en que se encaró el debate. Consideran que la ley forma parte de una estrategia del gobierno para reposicionarse en seguridad y que el radicalismo busca disciplinarlos.
Una tensión que no es nueva
Las fricciones entre ambos partidos son moneda corriente dentro de Unidos. La UCR reclama margen para ejecutar su política de seguridad. El PS reivindica su papel de revisión interna y pregunta qué pasaría con esas facultades bajo un gobierno de otro signo. El caso de los dispositivos de inteligencia es el ejemplo más claro.
En esa discusión, el radicalismo defiende la capacidad de decisión de Pullaro y el socialismo afirma su autonomía dentro de la coalición. Cada uno protege un lugar que considera necesario para gobernar juntos.
Hasta acá, esas tensiones no impidieron construir acuerdos. Pasó con las reformas de la Justicia, la Caja de Jubilaciones y la propia Constitución. En cada una de esas batallas, radicales y socialistas discutieron, pulsearon y al final encontraron una síntesis.
En Unidos creen que esta vez ocurrirá lo mismo. “La ley tiene aspectos mejorables y votables. Vamos a llegar al jueves”, confían en el PS.
La novedad es que ahora las diferencias quedaron expuestas a cielo abierto. El PJ aprovechó la oportunidad para resaltar las contradicciones en Unidos.
La pregunta es qué marcas dejará un conflicto que desbordó los mecanismos habituales de negociación. “Todos vamos a tratar de fingir demencia”, sintetiza un referente de la coalición.
El debate también está atravesado por otros dos factores sensibles: la cercanía de la zona de definiciones electorales —en la provincia las listas se presentan en febrero— y cómo pararse ante Javier Milei.
Rigi en Rosario: negocios y gestos políticos
La ronda de negocios Rigi en Rosario mostró un punto de convergencia entre el gobierno nacional y el de Santa Fe. También reunió a sectores que atraviesan situaciones muy distintas: la energía y la minería impulsan inversiones, mientras la industria, la construcción y el comercio arrastran dificultades. La apuesta del gobierno provincial es tender un puente entre ambos mundos.
En lo político, el evento le sirvió a Pullaro para reforzar la idea de un cambio de etapa en Rosario, mostrarse como un referente nacional capaz de convocar tanto a la primera plana del mileísmo como a ocho gobernadores, y presentar un modelo alternativo, con coincidencias y diferencias respecto del programa libertario.
Un dato llamativo fue la presencia de Karina Milei. El Jefe se mueve con el protocolo de una presidenta, mientras su hermano concentra su agenda en la macroeconomía, la batalla cultural y las relaciones con sus aliados internacionales: Donald Trump, Benjamin Netanyahu y el clan Bolsonaro.
La promesa de un “win-win” para las pymes y los gobernadores contiene un doble reconocimiento: el derrame no llega a la base de la economía y la Casa Rosada necesita a los jefes territoriales, garantes y beneficiarios de la estabilidad macro.
La relación entre la Nación y la provincia está en un buen momento. El vínculo mejoró con la llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete. Él y Pullaro se conocen de Cambiemos. “No en todos, pero en algunos temas pudo cumplir”, dicen en Santa Fe.
Santilli también es el encargado de tejer acuerdos políticos. Cada provincia es un mundo. En Santa Fe, ese entendimiento podría ser algún tipo de pacto de no agresión. No una alianza sino una competencia light. “Hay altas posibilidades de que ocurra eso. Donde ellos son la segunda opción del no peronismo, no quieren quedar como los que favorecieron el triunfo del PJ”, razonan cerca de Pullaro.
Ese esquema podría extenderse a Rosario. Una coincidencia alimenta la hipótesis: el mismo día de la ronda de negocios Rigi, Unidos y La Libertad Avanza votaron en el Concejo Municipal la legalización de Uber y DiDi.
El 2027 y el modelo Lula
El 2027 podría abrir otra diferencia entre la UCR y el PS. Con Pullaro como uno de sus principales promotores, los gobernadores jugaron fuerte en el armado de Provincias Unidas. Un año después, el espacio de la tercera vía aparece desdibujado. Hoy, buena parte de ese sector parece menos dispuesta a impulsar una alternativa presidencial propia y más atenta a su electorado antikirchnerista.
En el socialismo miran el modelo Lula: una alianza XXL que incluya a todos los que se oponen a Milei. El problema, reconocen en el PS, es que en la Argentina actual no aparece una figura con el liderazgo del brasileño para reunir y conducir una coalición de ese tamaño.
Durante mucho tiempo, las cárceles fueron un lugar desde donde se organizaba el delito. Desde diciembre de 2023, en Santa Fe manda la ley y el orden.
— Maximiliano Pullaro (@maxipullaro) October 28, 2026
Hoy entregamos distinciones de ascenso al personal penitenciario y les agradecí personalmente por el trabajo realizado hasta el… pic.twitter.com/5xUvvXTeAZ
