El PAMI no respondió y los sanatorios de Río Negro le cierran la puerta a los jubilados

La paciencia del sector privado de salud se agotó. Las clínicas y sanatorios de Río Negro y el resto del país suspenderán la atención a los afiliados de PAMI durante hoy y mañana como medida de protesta, en un conflicto que ya dejó de ser regional y se extendió a todo el sistema sanitario argentino.

La medida la impulsan CAPRESS (Cámara Argentina de Prestadores de la Seguridad Social), Salud Federal, ACAMI (Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas) y la agrupación Clínicas de la Patagonia.

Meses de gestiones sin respuesta

Desde el sector explicaron que la decisión llega tras un largo recorrido de reuniones con autoridades de la Obra Social de los Jubilados y del Ministerio de Salud en las que, según indicaron, «no prosperaron las instancias de diálogo».

Tampoco hubo contestación al pedido de audiencia urgente que presentaron el 14 de septiembre al jefe de Gabinete, Diego Santilli. Ese requerimiento buscaba tratar el estado precario de los servicios médicos para los jubilados, las limitaciones de los contratos de PAMI y los atrasos en los valores retributivos, que quedaron entre un 100% y un 131% por debajo de la inflación en dos años.

El planteo a Santilli también incluía la necesidad de avanzar en una reforma tributaria para los prestadores privados de salud, a partir de iniciativas parlamentarias del oficialismo que contarían con respaldo opositor. La solicitud de audiencia sumó la adhesión de más de 30 asociaciones regionales y provinciales de todo el país.

Un sistema que ya venía restringido

La atención para casi seis millones de afiliados de PAMI ya estaba limitada por el propio modelo de la obra social. En los últimos meses, la entidad empezó a derivar contratos a hospitales públicos —ya colapsados— y les quitó a las clínicas los pacientes que tenían asignados.

Para las cámaras, la situación se agrava desde hace más de dos años y hace inviable sostener las prestaciones en las condiciones actuales. Advierten que está en juego la salud de los jubilados, pero también la economía de los prestadores y de sus trabajadores, lo que pone en riesgo al sistema sanitario en su conjunto.

La restricción de servicios busca forzar una respuesta urgente que permita sostener las prestaciones y evitar un daño mayor a los afiliados, al tiempo que se avance hacia una solución de fondo.

Antecedentes que se repiten

El conflicto ya tuvo episodios en distintas regiones. A fines de agosto, las clínicas y sanatorios privados de Neuquén, Río Negro, Chubut y La Pampa suspendieron la atención programada a afiliados de PAMI y afectaron a casi 300.000 jubilados y pensionados. La medida alcanzó consultas, prácticas ambulatorias y cirugías programadas, aunque se mantuvieron guardias y emergencias.

Esa misma semana, más de un centenar de clínicas y sanatorios del Conurbano bonaerense, Córdoba, San Juan y Mendoza interrumpieron la atención durante 48 horas por el desfasaje entre aranceles y costos y por las demoras en los pagos. Oftalmólogos, médicos de cabecera y odontólogos mantienen restricciones similares.

Los prestadores privados representan cerca del 51% de los establecimientos de salud con internación (más de 1.600 instituciones) y el 56% de las camas disponibles (más de 120.000) en todo el territorio nacional.

Los reclamos que PAMI no responde

Las entidades enumeran cuatro pedidos centrales: un modelo de atención adecuado para los jubilados, que contemple sus necesidades y complejidad; una actualización de valores acorde a la evolución de los costos; la regularización de los pagos para evitar el desfinanciamiento del sector; y el fortalecimiento de las contrataciones con el sector privado, sin sobrecargar a los hospitales públicos con asignaciones de cápitas que saturan aún más el sistema.