El organismo que debía defenderlas se quedó sin resto: "No te dan bola, se burlan en tu cara"

La falta de respuestas en las defensorías pampeanas dejó de ser un murmullo de pasillo. Esta semana, el Sindicato de Trabajadores Judiciales (Sitraj) y la Asociación de Defensores, Defensoras y Asesoras y Asesores Públicos salieron a denunciar que las dependencias civiles y penales de La Pampa funcionan en un "estado de colapso operativo y desgaste extremo".

La postal no es nueva para las mujeres que reclaman cuotas alimentarias: la semana pasada este diario publicó testimonios que iban del enojo al desaliento. Ahora son los propios trabajadores del sistema los que advierten que la estructura no da abasto.

"Primera trinchera"

En un comunicado firmado por el presidente de la Asociación, Walter Vaccaro, los defensores respaldaron "de forma contundente" el reclamo del gremio. "Las defensorías no solo constituyen la primera trinchera de acceso a la justicia para las familias en situación de mayor vulnerabilidad, sino que hoy nos encontramos funcionando en un estado de colapso operativo y desgaste extremo", sostuvieron.

El texto apunta a una práctica que, según denuncian, profundiza la precarización: la creación de nuevas dependencias sin la asignación presupuestaria correspondiente. "Esta práctica desprotege tanto a los usuarios del servicio como a los equipos de trabajo, que deben absorber un volumen creciente de causas y de demandas humanas complejas sin los recursos humanos mínimos indispensables", advirtieron.

El impacto, dicen, se siente en el cuerpo: la sobrecarga y la contención diaria de sectores vulnerados afectan la salud psicofísica del personal en circunscripciones como Santa Rosa, General Pico y General Acha.

Lo que encontró el gremio en General Pico

El viernes, el Sitraj difundió en redes la visita de su secretaria general, Susana Funes, a las oficinas de Mediación y a las Defensorías de General Pico. La recorrida surgió, según el sindicato, por pedido del propio personal, que atraviesa una situación de "extrema vulnerabilidad laboral".

"Actualmente, las Defensorías cuentan con escaso personal y no se registran nuevos ingresos. Esta situación se agrava como consecuencia de las jubilaciones anticipadas y ordinarias, sin que se produzcan los reemplazos correspondientes", plantearon. A eso sumaron la falta de bonificaciones y la ausencia de concursos de ascenso, lo que genera "un estancamiento en la carrera judicial".

Para el gremio, se trata de una problemática de larga data que sigue sin respuestas de la patronal y del Gobierno. "Hoy se deja en una situación de gran indefensión a un sector que cumple una función fundamental: atender a la parte más vulnerable de la Sociedad y garantizar el acceso a la Justicia de los que menos tienen", sostuvieron.

Las voces que ya no esperan

Los reclamos por cuotas alimentarias y deudas de alimentos con patrocinio oficial se inician en la Oficina de Orientación Jurídica o ante la Defensoría Civil del Ministerio Público de la Defensa. Hacia allí apuntan los testimonios que este diario recogió días atrás.

"Hace ocho años que el papá no le da ni lo ve a mi hijo. Pero aconsejo que no vayan a perder su tiempo a Defensoría. Me dijeron explícitamente que no los pueden obligar a pagar la cuota si ellos no quieren", detalló una mujer.

Otra madre lamentó: "Yo hace un año que reclamo por tres hijos, que son del mismo progenitor, y ahí quedó todo… supuestamente tenían que evaluar su situación económica y nunca hicieron nada".

Y una tercera fue más dura: "Un consejo: no vayan a Niñez por cuota alimenticia. No te dan bola, te hacen perder el tiempo y se burlan en tu cara prácticamente. Me cansé de ir, de reclamar, pedirles ayuda, que vuelvan a comunicarse…".

El comunicado de la Asociación cierra con una advertencia: "Garantizar la salud y las condiciones de trabajo dignas para quienes integramos la Defensa Pública es condición indispensable para garantizar el derecho humano fundamental de acceso a la justicia de toda la ciudadanía pampeana".