El operativo federal que arrancó de madrugada en Río Gallegos y apunta a los papeles del caso Báez
Policiales · Santa Cruz

El operativo federal que arrancó de madrugada en Río Gallegos y apunta a los papeles del caso Báez

A diez días de los allanamientos que sacudieron Río Gallegos, un despliegue federal arrancó antes de las 8 y trasladó bajo custodia un cargamento de cajas y carpetas. Qué contiene y por qué los peritos lo revisan foja por foja.

Poco después de las 7:30 de este jueves 19 de noviembre, un despliegue de móviles y efectivos federales volvió a poner en el centro de la escena el expediente judicial más resonante del último tiempo en Santa Cruz. A diez días de los allanamientos que sacudieron Río Gallegos por la investigación de un presunto narcolavado, la Justicia Federal avanzó con una movida procesal silenciosa pero decisiva: el traslado bajo custodia y el inicio de las pericias sobre una gran cantidad de documentación secuestrada en la causa caratulada “Báez y otros s/ lavado de activos”.

Cómo fue el operativo

Según la información oficial a la que accedió La Opinión Austral, el dispositivo de seguridad se activó a las 07:30, coordinado por el Ministerio de Seguridad Nacional a través de la Secretaría de Seguridad. Las tareas en el terreno las encabezó personal de la Región VII de Gendarmería Nacional (REGENSIE), con el respaldo logístico y táctico del Escuadrón Santa Cruz, la Sección de Vuelo Río Gallegos y especialistas de la Unidad de Criminalística y Estudios Forenses con asiento en la ciudad.

El objetivo fue brindar apoyo operativo directo a la Unidad Fiscal Río Gallegos y garantizar la seguridad de una maniobra clave para el futuro del legajo. Para eso se movilizaron vehículos y personal institucional desde la sede de la Jefatura de Región VII hacia las dependencias del Ministerio Público Fiscal, donde se retiraron formalmente y quedaron bajo custodia inmediata cajas, carpetas y documentación incautadas días atrás durante los registros en la capital provincial.

Una vez precintada la totalidad de la carga probatoria, la comitiva federal regresó a las instalaciones de la Jefatura de Región VII. Según el reporte oficial, todos los elementos quedaron depositados en el Salón de Usos Múltiples (SUM) de esa sede regional, un espacio que debió acondicionarse, despejarse y ponerse bajo estricta vigilancia para las tareas técnicas que reclamaban los investigadores.

Por qué esta pericia es determinante

En ese recinto cerrado, peritos criminalísticos y personal especializado dieron inicio inmediato a las diligencias de desintervención y certificación de la documentación. En las investigaciones federales complejas, este paso es crucial: implica romper los precintos originales frente a las partes y testigos, hacer un inventario minucioso foja por foja, validar cada papel y blindar la cadena de custodia para que ninguna defensa pueda cuestionar la integridad legal de las pruebas antes de que se incorporen de manera definitiva al análisis financiero y patrimonial del expediente.

Las actuaciones siguen bajo rigurosas medidas de seguridad y absoluta reserva en la sede regional de Gendarmería Nacional, a la espera de nuevas directivas de la Unidad Fiscal interviniente a medida que avance el escrutinio técnico sobre los papeles secuestrados.

La causa que tiene en vilo al país

Tal como informó La Opinión Austral, la historia se tramita bajo el expediente 169831/26 en el Juzgado Federal de Garantías de la capital provincial, a cargo de Claudio Marcelo Vázquez. Cuando todo indicaba que el otrora hombre fuerte de la obra pública patagónica había quedado relegado a la soledad de una celda en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza para cumplir su condena unificada de 15 años, un sismo judicial sacudió los cimientos de Río Gallegos hace un poco más de una semana.

Lo que comenzó hace casi un año como una pesquisa discreta sobre camiones que transportaban cocaína hacia el sur derivó en una megacausa por narcolavado. Al frente de la investigación, la Unidad Fiscal Río Gallegos —comandada por el fiscal federal Julio Zárate— junto a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) y el fiscal Diego Velasco, descubrieron que los referentes de esa banda narco no solo movían dinero de la droga, sino que también administraban estancias, inmuebles y cuentas pertenecientes al patrimonio embargado de Lázaro Báez.

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