Un bloque que supo administrar cada interna durante dos años se trabó justo con la ley que menos volumen político tenía. La discusión se mudó a los medios y hubo cruces entre socios. Lo que se define el 7 de febrero.
La reforma de leyes de seguridad que el Ejecutivo provincial envió a la Legislatura terminó con un respaldo contundente: 37 votos a favor y 11 en contra en Diputados, más de dos tercios de la Cámara. El gobierno de Maximiliano Pullaro lo festeja. Pero el número final esconde un episodio que el oficialismo no había vivido hasta ahora: la dificultad para contener las diferencias internas entre radicales, socialistas y el PRO.
Nunca antes el interbloque de Unidos había tenido que postergar el tratamiento de una ley que ya tenía fecha fijada desde hacía un mes. La demora encendió alarmas en Casa Gris y derivó en una escalada que terminó con cruces públicos, chicanas y pases de factura entre socios de la misma coalición.
La interna que se escapó de la Legislatura
En el Ejecutivo circulaba la sospecha de que el socialismo no quería las reformas y que, sin acelerar a fondo, la ley no iba a salir nunca. Para esa lectura, el obstáculo no estaba en la oposición ni en la dificultad de reunir mayorías especiales: estaba dentro del propio oficialismo, que tiene mayoría propia en la Cámara.
La convocatoria a representantes de la Corte —que se presentó con todos sus miembros—, colegios de magistrados, abogados, el MPA y la Defensoría Penal, entre otros, fue leída desde el Ejecutivo como una movida destinada a empantanar el tratamiento del proyecto.
Cuando los ministros de Gobierno y de Justicia y Seguridad visitaron la Legislatura, plantearon la necesidad de aprobar el mensaje del Ejecutivo en todo su contenido. Argumentaron condiciones de mayoría en la Cámara y subrayaron que se trataba de instrumentos centrales para la gestión y, por lo tanto, importantes para la competitividad electoral de Unidos. Lejos de calmar los ánimos, la reunión los exacerbó.
Cambio de voceros y presión sobre el socialismo
Tras caerse el tratamiento previsto para el jueves 29, el Ejecutivo cambió de estrategia y de voceros. Pausó a Martín Rosúa, presidente de la comisión de Seguridad, y a José Corral, que además de negociadores legislativos eran los encargados de explicar y defender los nuevos instrumentos que pedía Pullaro. También silenció a los alfiles radicales del Ejecutivo y activó a los PRO Cristian Cunha y Federico Angelini para que les marcaran la cancha a los socialistas.
“A pegar por debajo del cinturón”, protestó la diputada Lionella Catalini, una de las que trabajó del lado socialista para afinar la letra de la ley que finalmente se aprobó.
Las críticas radicales apuntan a Joaquín Blanco, presidente de la bancada socialista, a quien responsabilizaban de dilatar los tiempos. “Ellos (por el socialismo) se quejaron de la andanada de críticas del gobierno. Pero eso fue ahora. Bastante antes Rosúa y Corral les llevaron propuestas con varias reformas al texto del Ejecutivo, porque todos sabíamos que había que redactar mejor lo referido a inteligencia, sacar el interrogatorio policial sin abogado defensor y lo de las zonas especiales de investigación, pero nunca se podían cerrar los acuerdos”, devuelve el reproche un dirigente radical, para quien aquella propuesta era más benévola que la letra que finalmente salió.
El proyecto original lo diseñó el ministro Cococcioni, pero lo avaló con entusiasmo el gobernador. Por eso el radicalismo vivió la demora y la sumatoria de voces que erosionaban la iniciativa como un desafío a la autoridad misma de Pullaro, y reaccionó con dureza.
“Cuando (los socialistas) buscan diferenciarse eligen el tema incorrecto, y ahí se metieron en un brete”, dice una voz radical que no se sintió cómoda con el rumbo del asunto y toma distancia de “las chicanas” de Angelini y Cunha. “Somos parte de la misma coalición, había que dar la discusión con argumentos, no con chicanas como la de las camperas de los Juegos Sudamericanos, o decir que no se podían hacer allanamientos porque no estaban las leyes”.
Identidad socialista y un contrapeso dentro de la coalición
Más allá de integrar el gobierno y de identificarse con sus políticas, el socialismo tiene premisas propias en su función legislativa: preservar su identidad política e ideológica y ser el contrapeso de la UCR dentro de la coalición, el que morigera y traza límites.
Ese juego de equilibrios entre radicales y socialistas se repitió en cada reforma estructural que encaró Pullaro. Así se aprobaron el paquete de leyes de seguridad de 2024, la ley de emergencia previsional, la declaración de necesidad y la reforma constitucional, la renovación de la Corte, la ley orgánica de municipalidades y un Código Electoral con trescientos artículos. En todas esas oportunidades Unidos administró con éxito las disidencias internas, la asignación de roles, las miradas ideológicas y la necesidad de protagonismo de sus partes.
Esta vez la situación desbordó los dispositivos de contención. Y lo llamativo es que ocurrió con una ley relevante en términos simbólicos para el Ejecutivo, pero de un volumen político y una complejidad mucho menores que cualquiera de las anteriores.
Ni vencedores ni vencidos
El final fue celebratorio. El Ejecutivo festeja que de los once instrumentos que pidió se aprobaron diez. “No me importa cómo entra la pelota al arco, me importa que entró y estoy más cerca de tener todos esos instrumentos para mejorar la seguridad”, fue la metáfora futbolera que eligió el ministro Cococcioni.
El socialismo también celebró, aunque hubiera preferido que algunos artículos quedaran en el camino. Destacó que la ley tuvo cambios y morigeraciones en casi toda su extensión para “hacerla más operativa”, en el sentido de evitar nulidades y rechazos judiciales y de alinearla con la Constitución del 25. El bloque también dio a entender que esos cambios facilitaron el acompañamiento de Somos Vida, monobloques y parte del interbloque justicialista. “Cuando se es mayoría es cuando más consenso hay que buscar”, fue el mensaje del diputado Galassi, cuyos esfuerzos por componer fueron destacados tanto en su bloque como del lado radical.
Cada uno muestra su mitad del vaso, pero algunas marcas quedaron. El socialismo reafirmó que los términos de la alianza no son de subordinación ni que la Legislatura sea “la escribanía del Ejecutivo”, al decir de la oposición. El radicalismo, a su vez, hizo una demostración de carácter: mostró los dientes y su “capacidad de daño”.
Lo que sigue es la restañación de los daños que Unidos se autoinfligió. El gobernador puso manos a la obra horas después de la media sanción: comunicó su conformidad con el acuerdo alcanzado y agradeció personalmente a unos y otros el trabajo realizado. En las próximas semanas se verá a los referentes partidarios de los distintos partidos de Unidos participar a su lado de la inauguración de obras trascendentes como la avenida Jorge Newbery o la apertura de bulevar Seguí, entre otras.
El interrogante existencial que se define en febrero
Es imposible cerrar el análisis sin ubicar el contexto electoral que se avecina. A tres meses de la definición de alianzas electorales, el futuro de Unidos tal como se lo conoce depende de las conversaciones que Pullaro mantiene con La Libertad Avanza.
La voluntad del gobernador de mantener el actual esquema societario entre la UCR, el PS y el PRO es evidente. Pero también atiende un juego más amplio: lo que pasará a nivel nacional, la necesidad de tener piezas propias en el Congreso, qué hará la UCR, su convicción de que el peor escenario para él y para Santa Fe es que el peronismo vuelva a la Casa Rosada y, en lo inmediato, que Unidos retenga el gobierno provincial, Rosario y otras ciudades relevantes.
En ese tablero, el papel del mileísmo en el proceso electoral santafesino del primer semestre de 2027 tiene una centralidad enorme en los movimientos de Pullaro como jefe político de una coalición que tiene que reelegir y seguir acumulando poder. El punto con los libertarios en Santa Fe es cómo evitar que, como tercera fuerza, succionen parte del caudal electoral de Unidos y lo compliquen en la provincia y en Rosario.
Hay actores de Unidos que no creen que haya necesidad de acordar con el mileísmo. El socialismo y el javkinismo están entre ellos. Se apoyan en encuestas que muestran la devaluación de la marca libertaria y la ausencia de candidatos potentes, y sostienen que, en términos objetivos, la imagen de la gestión municipal está en mejores condiciones que en 2023, cuando Pablo Javkin consiguió la reelección de forma ajustada en el mano a mano contra Juan Monteverde.
¿La Libertad Avanza tendrá en Santa Fe candidaturas de baja intensidad o directamente no tendrá? Esa última posibilidad enciende las alarmas en el socialismo, que rechaza cualquier asociación con los libertarios. Hoy el apoderado de LLA, Marcos Peyrano, se mueve en redes sociales como si fuera a competir por la gobernación, aunque todos saben que serlo o no depende de la decisión de Karina Milei.
Pullaro, al igual que los demás gobernadores no peronistas, pretende que los libertarios no le compliquen los planes en su territorio. Del otro lado del mostrador, el gobierno nacional quiere que Pullaro y los demás gobernadores coadyuven a la reelección de Milei y que lo ayuden en el Congreso a cambiar la ley electoral para fortalecer las chances de un segundo mandato. Pullaro fue de los primeros en tomar posición: ya dijo que está a favor de la suspensión de las PASO y, durante la presencia de Karina Milei en Rosario, repitió ante la prensa que es un “dirigente provincial”. Una afirmación que puede interpretarse como una expresión de su voluntad de no ser obstáculo en 2027 en el plano nacional.
El gobierno nacional quiere algo más de las provincias: conseguir triunfos electorales que hasta ahora nunca se le dieron. No le importa cómo. Podría ser con candidatos propios; en alianza con radicales o PRO, como en Chubut, Entre Ríos, Chaco, Mendoza y Córdoba; o desistiendo de presentar candidatos para allanarle el camino a los frentes no peronistas. En este último caso, ese candidato al que le allanan el camino ya no sería solo el de la alianza provincial, sino también el de la Casa Rosada.
El socialismo viene avisando que si uno de los posibles finales es la Casa Rosada sumándose al festejo de la reelección de Pullaro la noche del 13 de junio de 2027, no lo cuenten. De ahí que algunas voces del partido de la rosa hablen de prepararse para un escenario con candidaturas para todas las categorías, por las dudas.
El 7 de febrero, día límite para inscribir alianzas electorales, quedarán desentrañados estos cabildeos. Y se sabrá si Unidos sigue siendo la alianza que gobierna hoy o emigra a otra composición y otro nombre.
