El oficialismo cambió las reglas de la Oficina de Presupuesto y la oposición habla de un "asalto"

El oficialismo avanzó este lunes con cambios en el reglamento de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el organismo técnico que analiza el proyecto de Presupuesto nacional y mide el impacto económico de las leyes antes de que se voten. La jugada de La Libertad Avanza ocurrió en medio de una interna con la oposición por el control de esa oficina.

La reunión fue de la Comisión Bicameral de Supervisión de la OPC, encabezada por los presidentes de las Comisiones de Presupuesto y Hacienda de ambas cámaras legislativas, los libertarios Agustín Monteverde, por el Senado, y Bertie Benegas Lynch, por Diputados.

El cambio reglamentario que quería introducir el oficialismo, según pudo saber TN, fue por la necesidad de cumplir con una auditoría interna obligatoria, ya que así lo dispone la Ley de Administración Financiera. La norma establece que los organismos que cuentan con el propio SAF, el Sistema de Administración Financiera, deben cumplir ciertos requisitos como la concreción de Auditorías internas.

La denuncia de la oposición

Ante el inminente ingreso del Proyecto de ley de Presupuesto 2027, el próximo 15 de septiembre, la oposición denunció que el oficialismo está desmantelando la dirección del Congreso. El diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, aseguró que "tomaron por asalto la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación y la están desmantelando".

Por su parte desde Unión por la Patria (UxP), el jefe de la bancada, Germán Martínez, adelantó que llevarán, de ser necesario, esta situación a la justicia. Martínez manifestó hace un mes, cuando Diputados debatió el proyecto de super-RIGI: "Hay una avanzada contra la OPC a partir de resoluciones adoptadas por la Bicameral de Supervisión Parlamentaria".

Los representantes del peronismo en la bicameral, el senador Fernando Salino y el diputado Carlos Castagneto, no participaron de la reunión para no convalidar la determinación libertaria.

La situación de este lunes ocurrió tras la renuncia de Gabriel Esterelles al cargo de director general de la OPC.

Las quejas por el secretismo

De la reunión de este lunes sí participaron los diputados Daiana Fernández Molero del Pro y Ferraro, de la CC, quien no forma parte de la Bicameral, pero se quejó ante los legisladores libertarios que la reunión se haya hecho en el despacho de uno de ellos: en lo del senador Monteverde, sin transmisión oficial de TV y en ninguna sala habitual de las reuniones de las Comisiones Bicamerales.

"¿Por qué hacerlas en un entrepiso, en un lugar poco habitual dentro del Congreso? Tanto secretismo, tanto manoseo y tanta resistencia al escrutinio público que, a esta altura, solo falta que las hagan en un sótano. La única comisión que tiene carácter reservado es la Bicameral de Inteligencia", señaló Ferraro.

El diputado agregó que hacerlas casi sin publicar su convocatoria a la reunión "introduce una peligrosa opacidad en un ámbito que debería caracterizarse por la máxima transparencia e información pública".

La comisión acordó, además, avanzar en la convocatoria de los concursos correspondientes para normalizar la dirección tras la renuncia de su director y transparentar la designación del personal técnico, así como las compras generales de la OPC, incluida su flota de vehículos.

Interinamente, la OPC quedó a cargo de María David Du Mutel, directora de carrera del organismo, junto a los funcionarios designados por cada cámara: Gabriela Loza y Alejandra Saudino.

El rol de la OPC y su auditoría interna

La Oficina de Presupuesto del Congreso funciona como un cuerpo técnico que asesora a los legisladores en temas económicos, con el objetivo de que las decisiones sobre el gasto público se tomen con información objetiva. Entre sus tareas principales están analizar el proyecto de Presupuesto que el Gobierno envía cada año al Congreso, y calcular, cuando se lo piden las Comisiones de Presupuesto de Diputados o del Senado, cuánto le costaría al Estado —en ingresos o en gastos— un proyecto de ley presentado por algún legislador.

También sigue de cerca cómo funcionan los impuestos vigentes y qué impacto tendría una reforma tributaria, ya sea que la proponga el Gobierno o el Congreso. Además, estudia cómo se reparten los recursos entre la Nación y las provincias —lo que se conoce como federalismo fiscal— y analiza si la deuda pública es sostenible en el tiempo.

El Informe de Auditoría de la Oficina de Presupuesto del Congreso, enviado a las Cámaras el pasado 26 de agosto, señala que buena parte de los problemas detectados se explican porque las normas internas de la OPC quedaron desactualizadas: se habían aprobado cuando el organismo todavía funcionaba como un programa dentro del sistema administrativo financiero del Senado, y nunca se adaptaron del todo desde que la OPC pasó a tener su propio sistema. Para corregirlo, dice el informe, hace falta una revisión normativa que debe hacer la Comisión de Supervisión Parlamentaria (CSP).

El informe explica que, al convertirse en 2021 en un Servicio Administrativo Financiero propio, la OPC sumó de golpe muchas más responsabilidades administrativas, presupuestarias y contables, pero su estructura interna no se actualizó al mismo ritmo. Eso hizo que, en los hechos, terminara ejerciendo funciones que exceden lo que le permite la ley.

Ese contexto institucional es clave para interpretar las observaciones del informe, ya que varios de los problemas que señala están vinculados a esa falta de correspondencia entre las responsabilidades que fue asumiendo la Oficina y la estructura organizativa con la que cuenta para afrontarlas.