El obispo de Goya pidió a los senadores que no dejen vencer la ley que frena las apuestas online

Monseñor Adolfo Ramón Canecín difundió una carta de la Comisión Episcopal de Pastoral Social dirigida a Victoria Villarruel y a los senadores nacionales, en la que reclaman retomar el proyecto que regula los juegos de azar y las apuestas en línea antes de que pierda estado parlamentario.

El obispo de la Diócesis de Goya se sumó al reclamo del Episcopado y pidió expresamente que el texto circule. La misiva está firmada por la Comisión Episcopal de Pastoral Social y tiene como destinatarios a la vicepresidente de la Nación, Victoria Villarruel, y a los miembros del Senado.

El eje del pedido es concreto: que se retome «urgentemente» el tratamiento del proyecto de ley de prevención de la ludopatía y de regulación de los juegos de azar y las apuestas en línea, conocidas también como apuestas «online».

Canecín difundió el llamado de atención con un foco particular: los riesgos que este fenómeno representa para niños, adolescentes y jóvenes.

«Es tiempo de cuidar, legislar y actuar»

Los obispos abren la carta con una frase que marca el tono del documento: «Es tiempo de cuidar. Es tiempo de legislar. Es tiempo de actuar».

En el texto explican que vuelven a dirigirse a las autoridades ante «una situación que consideramos impostergable» y advierten que el proyecto «se encuentra ante el riesgo concreto de perder estado parlamentario el próximo mes de noviembre».

La Pastoral Social recuerda que el reclamo no es nuevo. «Hace más de dos años que venimos alzando nuestra voz junto a las Pastorales Sociales de todo el país», señalan, y rememoran que en julio de 2024 lo expresaron con una consigna clara: «Apostar no es un juego».

Ya entonces, según la carta, advirtieron sobre «una realidad que crecía de manera preocupante y que afecta especialmente a niños, adolescentes y jóvenes».

El recorrido de los reclamos ante Diputados y el Senado

El documento repasa los pedidos que la Iglesia fue presentando en distintos momentos. En noviembre de 2024 solicitaron a la Cámara de Diputados el tratamiento urgente del proyecto.

En febrero de 2025 volvieron a plantearlo ante el Senado, y señalaron cómo el fenómeno instalaba una «cultura de la timba y del azar» y afectaba incluso la libertad de quienes quedan atrapados por la adicción.

En octubre de 2025, en nombre de todos los obispos del país, la Conferencia Episcopal Argentina fue más contundente: «La ludopatía es un atentado contra la vida». En esa oportunidad también se advirtió que, sin regulaciones y controles adecuados, cada teléfono celular puede convertirse en un verdadero «casino».

«Los daños son evidentes»

Para los firmantes, la discusión ya no pasa por reconocer que existe un problema. «Sus daños son evidentes y están a la vista de nuestras familias, nuestras escuelas, nuestros clubes y nuestras comunidades», sostienen.

Tampoco lo consideran una percepción aislada: afirman que distintos estudios e investigaciones aportan evidencia concreta sobre la magnitud del fenómeno y sobre los riesgos para la salud mental y el desarrollo integral de las personas, con un impacto especialmente grave en los menores y en quienes están en situaciones de mayor vulnerabilidad.

El planteo central del texto es que la sociedad está frente a una decisión: si el Estado asumirá la responsabilidad de proteger a los más vulnerables o si permitirá que «los intereses económicos que se benefician de este negocio sigan avanzando mientras miles de personas quedan atrapadas en sus consecuencias».

Allí citan al Papa León XIV, quien llama a evitar «la idolatría del lucro que sacrifica a los débiles», en referencia a la encíclica Magnífica Humanitas, número 10.

No hacer nada también es decidir

Los obispos advierten que «no hacer nada» es, en sí mismo, una decisión, y la califican como «profundamente lamentable»: significaría privilegiar los intereses de una pequeña minoría por encima del cuidado del conjunto de la sociedad, que ya enfrenta numerosas situaciones de sufrimiento, desigualdad y desprotección.

Dirigiéndose a los legisladores, plantean que quienes tienen la responsabilidad de velar por el bien común no pueden desentenderse de las consecuencias de una realidad que ya provoca daños profundos, sobre todo entre los más chicos.

«La falta de una respuesta adecuada hoy puede traducirse mañana en daños mucho más difíciles de reparar en el tejido social», alertan.

Quiénes ganan y quiénes pierden

El cierre de la carta apunta a los costos. Según los firmantes, los daños que produce la ludopatía —humanos, familiares, sociales y sanitarios— no serán asumidos por quienes hoy se benefician del negocio, sino que recaerán «una vez más» sobre las personas, las familias y la sociedad en general.