El diputado radical desmenuzó las planillas del Presupuesto 2027 en la Legislatura y mostró una brecha entre lo que el Gobierno anuncia y lo que cada ministerio maneja de verdad. El caso de Producción es el más llamativo: de un 17% publicitado a un 1,23% bajo administración directa. ¿Qué pasa con Educación y Desarrollo Social?
El diputado provincial Hipólito "Poli" Altolaguirre subió a la tribuna de la Legislatura pampeana para explicar por qué el bloque de la UCR votó en contra del Presupuesto 2027, un proyecto que contempla gastos por más de 3,28 billones de pesos. Su planteo central no fue menor: según el análisis de las planillas oficiales que hizo su bancada, el Ministerio de Producción administrará directamente solo el 1,23% de esos fondos.
El legislador contó que el trabajo surgió de las reuniones de comisión, donde pidieron aclaraciones a los funcionarios. De ahí salió la diferencia que más lo incomodó: los porcentajes que el Gobierno difunde públicamente no coinciden con las partidas que cada ministerio tiene bajo su administración directa.
Producción: del 17% anunciado al 1,23% real
El primer foco del discurso fue el desarrollo productivo. Altolaguirre señaló que el Ejecutivo presentó una asignación cercana al 17% para actividades vinculadas con la producción, pero advirtió que ese cálculo incluye gastos de rutas, comunicaciones y operaciones de compra y reventa de energía eléctrica.
Descontado todo eso, el Ministerio de Producción manejará $40.323 millones, equivalentes al 1,23% del presupuesto provincial. Para el diputado, la brecha es preocupante en una provincia cuya economía depende en gran medida del campo, la industria y el comercio.
Educación y Desarrollo Social: las cifras que no cierran
El mismo mecanismo de comparación lo aplicó a otras áreas. Mientras el Gobierno difundió una participación del 25,45% para educación, el presupuesto propio del ministerio representa el 20,58% del total. El porcentaje más alto, explicó, incorpora partidas de otros organismos y gastos relacionados con esa finalidad.
En Desarrollo Social la situación se repite: el área contará con $111.276 millones, el 3,39% del presupuesto, frente al 7% anunciado para el conjunto de políticas de esa función. Y sumó una crítica sobre el destino interno de esos fondos: cuánto se queda en la estructura administrativa y cuánto llega a quienes necesitan asistencia.
"De cada 10 pesos en Desarrollo Social, casi 4 se quedan adentro del propio Estado antes de llegar a un vecino", expresó.
Estructuras que crecen, inversión que cae
Otro eje de su intervención fue el costo de sostener el Estado. Puso como ejemplo el Ministerio de Conectividad y Modernización, con un presupuesto de $23.900 millones: buena parte de esos recursos se va en salarios y licencias informáticas, mientras la inversión en equipamiento registra una fuerte reducción.
También apuntó a proyectos que, según la información que obtuvieron en comisión, todavía no dieron los resultados esperados. Mencionó el laboratorio de medicamentos de General Pico, que aún no comenzó a producir; el frigorífico de Santa Isabel, sin actividad de faena; y el fideicomiso Mamúu, que todavía no se puso en funcionamiento. Frente a ese panorama, reclamó mayor eficiencia y controles sobre el uso de los fondos públicos.
Rutas, caminos rurales y la comparación que incomodó
La infraestructura ocupó un lugar central. Altolaguirre advirtió que el presupuesto de Obras y Servicios Públicos representa el 4,18% del total, por debajo de ejercicios anteriores, y que los recursos para mantener los caminos rurales resultan insuficientes frente al deterioro de la red vial y el aumento de los costos de reparación.
Como ejemplo mencionó la situación de la Ruta Provincial 20 y otros cruces que necesitan mejoras de seguridad e iluminación. Y dejó una comparación que grafica sus prioridades: los $213,6 millones previstos para el programa de agua potable y saneamiento PROPAyS, destinado a las localidades pampeanas, frente a los $2.100 millones de la licitación de un salón de usos múltiples en la sede central del IPAV.
Para el diputado, esa distribución refleja prioridades que deberían revisarse para atender a los municipios y a las comunidades más pequeñas.
Transparencia: las aeronaves que nadie supo contar
El legislador también cuestionó el manejo de los bienes provinciales. Recordó que, cuando en comisión se preguntó cuántas aeronaves pertenecen al Estado, un funcionario de Hacienda respondió que desconocía el dato. Para Altolaguirre, es necesario tener información precisa del patrimonio público y que las decisiones de gasto respondan a prioridades justificadas.
Además, objetó que el proyecto presupuestario incluya modificaciones permanentes a otras normas, entre ellas la Ley de Contabilidad, la Ley de Emergencia Agropecuaria y la Ley de Acceso a la Información Pública.
"Un presupuesto define prioridades morales y políticas"
En el cierre, el diputado sostuvo que el Presupuesto 2027 no es solo una estimación de ingresos y gastos, sino una herramienta que muestra las prioridades políticas del Gobierno. Desde esa mirada cuestionó el peso de la administración estatal, la distribución de los fondos y la falta de inversiones para fortalecer la producción y la infraestructura provincial.
"Un presupuesto define prioridades morales y políticas", afirmó.
Y explicó el voto negativo de su bancada: "Por coherencia con los pampeanos que producen, trabajan y sostienen esta provincia todos los días, el bloque de la Unión Cívica Radical vota negativamente", concluyó.