El nuevo régimen penal juvenil ya rige en Salta: la pregunta que el Estado todavía no puede responder

El nuevo régimen penal juvenil entró en vigencia el 5 de septiembre y Salta será sede del debate nacional sobre cómo aplicarlo. Pero hay una pregunta que el Estado todavía no logró responder: dónde alojar a un adolescente condenado a 15 años que llegará a la adultez mientras cumple la pena.

"No puede ser parte de un pabellón de adultos de Villa Las Rosas", advirtió Fabián Vittar, juez de la Corte de Justicia de Salta, en una entrevista con El Tribuno en Ciudad Judicial.

Vittar sostuvo que los espacios para menores condenados deben combinar seguridad con asistencia psicológica, contención y posibilidades de reinserción. Y remarcó que la discusión excede la baja de la edad de imputabilidad: también abarca la prevención, las medidas alternativas y el abordaje de las adicciones.

Un congreso con más de 1.900 inscriptos

Esos desafíos se debatirán en el IV Congreso Nacional Penal Adolescente y Juvenil, que se realizará el jueves 1 y el viernes 2 de octubre en el Centro de Convenciones de Salta bajo el eje "La especialidad como garante de la paz social".

Lo organizan la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia (Jufejus), el Foro Penal Juvenil y la Escuela de la Magistratura del Poder Judicial de Salta, con auspicio del Gobierno provincial. La apertura será el jueves a las 14.20 y la conferencia inaugural estará a cargo de María Julia Garcete, directora general del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes de la OEA.

Según Vittar, habrá más de 1.900 inscriptos y casi 50 jueces de cortes y tribunales superiores de todo el país. El encuentro abordará la implementación de la Ley 27.801, las intervenciones frente al delito adolescente y los enfoques restaurativos para la reintegración social.

Qué dice la ley y qué pasa en Salta

El magistrado aclaró que la norma no solo prevé la detención: contempla amonestaciones, restricción de libertad domiciliaria, reglas de conducta y actividades para reconducir la vida del adolescente. También establece que los efectos económicos y patrimoniales de las conductas de los menores sean afrontados por los padres.

"No es una responsabilidad individual del menor: vos cometés esto y tus papás tienen problemas", graficó.

En cuanto a la situación local, Vittar indicó que los índices no son altos: en el último mes hubo unos 70 casos, no todos judicializados. Los delitos más frecuentes son contra la propiedad, aunque también hay un número menor pero significativo de causas por abusos sexuales.

El juez vinculó muchos de esos delitos con las adicciones. "Vemos chicos imputados o judicializados por robar zapatillas en la vía pública", señaló, y mencionó el caso de padres que denuncian a sus hijos por llevarse electrodomésticos para cambiarlos por drogas.

"Los padres terminan denunciando y dicen: 'Llévenselo a algún lugar'. Lo vemos en tribunales todos los días, así de grave es", describió.

El problema, advirtió, es que no hay dónde tratarlos: el régimen prevé la voluntariedad y faltan centros de recuperación. Por eso la Justicia pide al Estado nacional lugares regionales que abarquen, por ejemplo, Salta, Tucumán y Jujuy.

Pulseras, abreviados y jurados

Vittar también se refirió a las alternativas a la detención. Dijo que hoy la provisión de pulseras electrónicas depende de la Nación, pero que la Corte explora un proveedor argentino radicado en San Juan a bajo costo. Además, el seguimiento de los dispositivos pasó del 911 al Poder Judicial y ya funcionan oficinas judiciales especializadas en el control del cumplimiento.

Sobre los juicios abreviados, los defendió: "Es mejor tener muchas condenas y efectividad en la sanción que causas paralizadas". Y consideró que los fiscales no ceden fácilmente en las negociaciones.

En cuanto al juicio por jurados, que impulsa desde hace años, evaluó las experiencias como "muy positivas" y anticipó que el próximo paso es ampliar los delitos juzgables por jurados, aunque eso requiere un cambio legislativo.

Por último, confirmó que su mandato en la Corte vence a fin de año y que no mantuvo conversaciones con el gobernador sobre una eventual renovación. "Los tiempos institucionales son así, son las reglas del juego", cerró.