El nuevo régimen penal juvenil ya rige en Mendoza: qué pasa con un menor detenido y qué puede hacer la familia

La baja de la imputabilidad ya es una realidad en Mendoza y el primer impacto institucional se sintió tras el robo agravado ocurrido en las inmediaciones del Parque San Martín, donde dos jóvenes asaltaron a un transeúnte de 18 años. El gobernador Alfredo Cornejo ratificó la aplicación inmediata de la normativa: "Tenemos algunos casos en los que ya se está aplicando. Anoche (por el 5 de septiembre), un chico de 14 años quedó detenido por un robo y el procedimiento que se le va a hacer es el de la nueva ley. Por eso está detenido". Su cómplice, de 13 años, resultó inimputable.

¿Dónde queda un menor detenido y adónde debe ir la familia?

Lejos de existir dependencias especiales en cada barrio, el primer contacto sigue siendo en las seccionales ordinarias. María de los Milagros Noli, directora de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia de la Suprema Corte y coordinadora del fuero, advirtió a Sitio Andino que el paso por estos lugares es sumamente restrictivo: "El circuito inicia por comisaría no especializada, comisaría de personas adultas, pero en un tránsito por comisaría que es excepcional y urgente. En el plazo de 2 horas tiene que estar resuelto el destino de la persona".

Para los padres que buscan a sus hijos, Noli precisa las únicas puertas institucionales a las que deben dirigirse:

Comisaría de la jurisdicción: es el primer punto de consulta durante esas dos horas iniciales de averiguación.

Constatación médica previa: antes de cualquier traslado formal, el joven pasa de forma obligatoria por un efector de salud para verificar lesiones físicas.

Alojamiento transitorio en Upana: si la aprehensión policial se ratifica judicialmente, el menor es trasladado a la Unidad de Procedimientos y Abordaje de Niñez y Adolescencia (Upana Centro), ubicada en el predio de la exDINAF, el único espacio legalmente habilitado para estadías transitorias.

¿Quién decide la libertad y qué pasará con las causas mixtas?

Actualmente rige un período de transición técnica. Mientras la Legislatura provincial debate el proyecto de Código Procesal Penal Juvenil para adecuar los juzgados, las decisiones continúan bajo la órbita exclusiva de jueces de garantías de menores. Sobre este punto, Noli aclara: "Actualmente en este período de transición continúa persistiendo el modelo de privación de libertad de decisión judicial, pero si es que la ley procesal se aprueba en los términos que se está discutiendo en la Legislatura, a partir de su entrada en vigencia la privación de libertad será una facultad de la fiscalía".

Respecto al destino definitivo de encierro en la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil (exCOSE), que hoy aloja cerca de 50 jóvenes sobre 85 plazas y donde el Gobierno prevé un aumento de ingresos, la funcionaria subraya la cautela estadística: "No es la gravedad del delito exclusivamente lo que define quién es el joven que pasa a quedar privado de su libertad en la DRPJ. Es mucho más complejo que ello (...). La detención sigue siendo una herramienta de última ratio, sí sabemos que se van a incrementar la cantidad de causas, pero no sabemos cómo ese incremento de causas se puede transferir a un incremento porcentual en cantidad de jóvenes que estén privados de su libertad".

En Mendoza, la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil (DRPJ), ex COSE, es el organismo encargado de alojar a los adolescentes.

Uno de los puntos más complejos aparece cuando en un mismo hecho delictivo caen adultos y adolescentes, una postal habitual como la registrada recientemente en Maipú. Hoy, la investigación penal corre por el fuero de adultos y las medidas socioeducativas quedan en manos de la justicia juvenil. El nuevo régimen plantea que la elevación a juicio se resolverá mediante tribunales colegiados mixtos, un mecanismo que generó reparos explícitos en el procurador general Alejandro Gullé al advertir sobre la convivencia de ambos fueros en un mismo expediente.

La otra gran inquietud apunta a los adolescentes que cometen delitos menores y no quedan alojados en la DRPJ: ¿qué pasa al día siguiente de recuperar la libertad? Noli remarca que no hay un vacío legal ni quedan a la deriva hasta el juicio. En esos casos interviene la Unidad de Medidas Alternativas territoriales de la DRPJ, un dispositivo clave enfocado en sostener la escolaridad, brindar contención familiar y fijar pautas socioeducativas para ofrecerles un proyecto de vida lejos del delito mientras avanza el proceso penal.