El nuevo peaje en la ruta 12 que nadie esperaba: qué cambia con la llegada de Camino Selva

La concesión de las rutas nacionales 12 y 105 ya tiene nombre propio: Camino Selva SA, la sociedad creada por Carlos E. Enríquez SA y Hormi SA para administrar el corredor durante los próximos 20 años. La empresa fue constituida formalmente el 5 de septiembre y su creación se publicó este miércoles en el Boletín Oficial de Misiones.

Con domicilio en Posadas, la nueva firma estará controlada ampliamente por Carlos E. Enríquez SA, que tendrá el 95% de las acciones, mientras que Hormi SA conservará el 5% restante. De esta manera, los adjudicatarios completan un paso más en el camino hacia la explotación del corredor, un proceso que Primera Edición viene siguiendo desde agosto, cuando el consorcio encabezó el orden de mérito de la licitación y luego recibió la adjudicación formal del Ministerio de Economía.

Qué hará Camino Selva

Según su estatuto, la compañía fue creada para ejecutar, por cuenta propia y a su riesgo, el Contrato de Concesión de Obra Pública por Peaje de las rutas 12 y 105, incluyendo accesos, distribuidores, colectoras y todas las instalaciones afectadas. El corredor abarca 456,22 kilómetros en total: 129,31 kilómetros de la ruta 12 entre el empalme con la ruta 118 y Posadas; otros 292,32 kilómetros hasta el acceso al puente internacional Tancredo Neves, en Puerto Iguazú; y 34,59 kilómetros de la ruta 105 hasta su cruce con la ruta 14, en Pindapoy.

La adjudicación fue oficializada el 24 de agosto mediante la Resolución 1379/2026, que consideró la propuesta de Enríquez-Hormi como la más conveniente para el Tramo Noreste. El proceso había arrancado con la Resolución 174/2026, que lanzó la licitación nacional e internacional y la incorporó al plan de privatización de Corredores Viales SA. La oferta ganadora contempló una tarifa de referencia de $2.950 sin IVA, un dato que este medio ya había anticipado durante la preadjudicación.

Peajes, free flow y cobro de deudas

El objeto social de Camino Selva deja entrever el alcance de sus operaciones. No solo podrá conservar y reparar las rutas, sino también instalar y operar estaciones de peaje, administrar tarifas y aplicar nuevas tecnologías de cobro, como telepeaje, sistemas free flow sin barreras, pórticos de lectura automática, billeteras virtuales y débito automático. La empresa también estará facultada para gestionar la mora y reclamar tarifas impagas, evasiones e infracciones, además de instalar estaciones de pesaje y controlar cargas.

Este esquema coincide con lo que Vialidad Nacional prevé para la nueva Red Federal de Concesiones, con una incorporación progresiva de TelePASE y free flow. Sin embargo, el organismo aclaró que las concesionarias deberán cumplir antes ciertas condiciones de transitabilidad para poder aplicar las tarifas ofertadas.

Obras y servicios al usuario

En materia de infraestructura, la nueva concesionaria podrá ejecutar rehabilitaciones, reconstrucciones y ampliaciones de calzadas, banquinas, autovías, puentes y otras obras, además de señalización y equipamiento de seguridad vial. También tendrá la obligación de prestar servicios al usuario, como auxilio mecánico, grúas, emergencias médicas y videovigilancia.

Además, estará habilitada para desarrollar explotaciones complementarias dentro del corredor: áreas de servicio, paradores, estaciones de combustible, puntos de carga para vehículos eléctricos, locales comerciales y publicidad. El estatuto incluso contempla la posibilidad de recurrir a financiamiento internacional, emitir obligaciones negociables o adherirse al RIGI si reúne los requisitos.

El conflicto por los nuevos peajes

Pero el proceso no está exento de controversia. La documentación de la concesión prevé estaciones de peaje en Santa Ana, Puerto Rico, Colonia Victoria y Fachinal, además de Ituzaingó, en Corrientes. Primera Edición reveló en agosto que uno de los cambios más importantes sería la incorporación de un nuevo punto de cobro en la zona centro-norte de Misiones.

La medida generó el rechazo del gobernador Hugo Passalacqua, que pidió revisar la decisión, y también de intendentes de Puerto Rico, Capioví, Garuhapé, El Alcázar, Ruiz de Montoya y Puerto Leoni, entre otros actores locales. Desde la Nación, en cambio, sostienen que el nuevo modelo funcionará sin subsidios estatales y que las empresas privadas deberán financiar la operación y el mantenimiento de las trazas. Vialidad Nacional seguirá a cargo de fiscalizar el cumplimiento mediante indicadores de desempeño.