El nuevo fallo en la causa de Pocha Flores: la jueza reconoció una notificación falsa pero no frenó la transferencia

La disputa por la casa de María Isabel "Pocha" Flores, la mujer de 89 años que denunció haber sido estafada por su propio hijo, sumó un nuevo capítulo judicial. El 29 de septiembre, el Juzgado de Primera Instancia Nº 1, a cargo de la jueza Navarrete, rechazó anular el procedimiento que derivó en la transferencia del inmueble, aunque reconoció que la notificación a uno de los herederos fue falsa, según informó el abogado de la familia, Daniel Aybar.

"La jueza acreditó la falsedad de la notificación, pero dijo que no tenía entidad suficiente para anular todo lo que vino después", explicó Aybar al medio ElCaletense. Para la defensa, ese punto debería invalidar los actos posteriores vinculados con la sucesión y la transferencia de la propiedad.

El letrado ya presentó una apelación y espera que el caso llegue a la Cámara de Apelaciones de Caleta Olivia, integrada por tres magistrados. Además, dejó planteada una reserva de caso federal para recurrir a instancias superiores si el recurso no prospera.

La notificación a un heredero que vivía en España

Uno de los hijos de Pocha reside en España desde 2007. Según Aybar, durante el trámite sucesorio se habría consignado un domicilio de Caleta Olivia para notificarlo, pese a que testimonios y documentación incorporados al expediente demostraron que esa persona no vivía allí.

El abogado calificó como contradictorio que se reconociera la falsedad de la notificación sin anular los actos posteriores. Por eso anticipó que planteará sus argumentos ante la Cámara y no descartó continuar con las instancias legales si el recurso no avanza.

Cuatro causas y una medida cautelar

De acuerdo con Aybar, la familia mantiene cuatro procesos judiciales relacionados con la casa. Además del expediente en el que se dictó el fallo reciente, hay una causa que cuestiona la escritura pública de cesión de derechos. En ese marco se discute el valor declarado de los bienes y una de las partes habría reconocido que la operación involucró pagos superiores a los consignados en el documento.

También hay una causa penal en trámite ante el juzgado a cargo de Marcos Pérez Soruco, en la que la representación de Pocha prevé aportar nuevas pruebas contra uno de sus hijos, a quien Aybar identificó como imputado.

A esos expedientes se suma una demanda de reivindicación presentada por la persona que figura como nueva propietaria del inmueble. Según el abogado, la demanda pide que Pocha devuelva la vivienda y plantea restricciones sobre las tareas que puede realizar en ella.

La mujer sigue viviendo en la casa que habita desde hace más de 50 años, amparada por una medida cautelar de no innovar que, según Aybar, impide que la desalojen mientras el litigio continúe abierto. El abogado agregó que su clienta tiene 89 años y se recupera de una doble operación, tras haber permanecido internada durante 15 días.

"Nada está perdido para Pocha", concluyó Aybar.

Los antecedentes del conflicto

La disputa por la vivienda se conoció públicamente en febrero de 2025, cuando la mujer tenía 87 años. En ese momento, ella y su familia denunciaron que uno de sus hijos, José Avellaneda, la habría llevado a una escribanía.

Allí firmó un documento que, según le explicó su hijo, estaba relacionado con un plazo fijo que había dejado su esposo, fallecido en 2022. La familia sostuvo que Pocha firmó confiando en él y sin saber que el trámite estaba vinculado con la transferencia de la casa de la calle Irigoyen.

La mujer aseguró entonces que nunca quiso vender la propiedad, donde vivía desde hacía décadas. "Yo no vendí la casa en ningún momento", dijo en una entrevista. La familia también denunció que dos vehículos que pertenecían al esposo de Pocha habrían sido vendidos y que su hijo habría accedido a los ingresos jubilatorios de ella.

Según contó su otro hijo, además se habían tomado préstamos y adelantos de sueldo a nombre de la mujer. Para evitar nuevos movimientos en la cuenta, la familia realizó gestiones en el banco y cambió el CBU donde se depositaba la jubilación.

En los primeros días de exposición del caso, la jueza Rosa González fue hasta la vivienda para tomarle declaración a Pocha, que tenía dificultades para trasladarse. La familia había solicitado una medida cautelar de no innovar y, según se informó entonces, la Justicia dispuso que se mantuviera la situación.

La causa también avanzó con la declaración testimonial de Daniel Avellaneda, quien había denunciado la situación junto con su madre. El abogado de la familia informó en febrero de 2025 que se habían constituido como querellantes particulares, una figura que les permitía intervenir y seguir de cerca la investigación.

Estos antecedentes corresponden a las denuncias y declaraciones difundidas por la familia en aquel momento. Las acusaciones sobre la firma del documento, la transferencia de la casa, los vehículos y el manejo de los haberes forman parte del conflicto judicial y no deben presentarse como hechos establecidos por una sentencia.