El negocio oculto de una armería tucumana que llegó hasta el Comando Vermelho

Una investigación de alcance nacional reveló un circuito clandestino de comercialización de armas que tiene a una armería de Tucumán como uno de sus eslabones clave. Con 141 allanamientos y 35 detenidos en todo el país, el caso expone cómo las pistolas adquiridas legalmente terminaban en manos de organizaciones criminales de Chile, Brasil y Paraguay.

El origen del expediente: un micro, dos chilenos y ocho pistolas

Todo comenzó en diciembre de 2023, cuando Gendarmería Nacional interceptó en Aguilares un micro con destino a Mendoza. Dos ciudadanos chilenos, Alejandro Piero Arias Glaria y Francisco Eduardo Cáceres, reaccionaron con nerviosismo y agresividad durante el control. En sus pertenencias, los efectivos hallaron ocho pistolas calibre 9 milímetros y 13 cargadores, sin documentación que acreditara su procedencia. Ambos fueron detenidos, dando inicio a una investigación que, según fuentes judiciales, no registra antecedentes en la provincia en las últimas dos décadas.

¿Cómo operaba la red?

El fiscal federal Agustín Chit, junto a su equipo, reconstruyó el circuito. Un instructor de tiro identificado como E.M.T., junto con A.N.B. y M.N.B., empleados de una armería ubicada en Chacabuco al 100, habrían simulado operaciones de compraventa de armas registradas a nombre de terceros. Captaban a personas habilitadas como legítimos usuarios para que adquirieran armamento a su nombre y luego lo introdujeran en el circuito ilegal. En esa estructura también fueron señalados S.A.L., J.A.R. y D.A.R.N., quienes habrían actuado como compradores formales.

La comercialización ilegal habría estado en manos de G.E.D., quien recibía el armamento para su venta clandestina. Como intermediarios clave aparecen N.A.F. y R.R.F., quienes habrían facilitado que las armas llegaran a los ciudadanos chilenos. Todos fueron indagados entre febrero y marzo por el juez federal José Manuel Díaz Vélez, quien aguarda los resultados de las pericias sobre los teléfonos celulares secuestrados.

Una causa que creció hasta lo nacional

En paralelo, la investigación tomó dimensión mayor a partir de un expediente en Campana, a cargo del juez federal Adrián González Charvay y del fiscal Santiago Marquevich. Detectaron una organización que operaba a nivel nacional adquiriendo armas en el mercado legal para desviarlas al ilegal. Los procedimientos, coordinados por la División Antimafia de la Policía Federal, se desplegaron en 12 provincias, incluyendo Tucumán, donde se volvió a allanar la armería investigada y domicilios particulares. Fuentes policiales indicaron que una persona habría sido detenida, aunque su identidad no fue difundida.

El modus operandi coincidía con el descripto por el fiscal Chit: testaferros sin capacidad económica, gestores que certificaban documentación y armamento con numeraciones adulteradas. Las ganancias se canalizaban mediante lavado de activos.

El arsenal secuestrado y el destino final

En los operativos se secuestraron 25 escopetas, 55 pistolas, 17 revólveres, siete fusiles, siete ametralladoras, una carabina, tres pistolones, 32 cargadores, una máquina de recarga, más de 40.000 municiones, una granada y dos cuñetes de pólvora. Además, se detectaron elementos que dieron lugar a ocho investigaciones paralelas.

En la causa tucumana, las armas eran trasladadas a Chile, donde los detenidos integraban un grupo dedicado a abastecer a organizaciones narco. En la investigación nacional, el armamento era enviado a Chile y Uruguay, y desde allí redistribuido hacia Brasil y Paraguay. Uno de los datos más inquietantes surgió de un operativo internacional: en octubre de 2025, durante la Operación Contención contra el Comando Vermelho en Río de Janeiro (con 132 muertos), se halló un fusil FAL del Ejército Argentino en poder de esa organización criminal.