El negocio dulce que se volvió amargo: la Justicia Federal apunta al abogado Ovejero por una estafa millonaria con azúcar

El abogado tucumano Darío Gerardo Ovejero está en la mira de la Justicia Federal por una presunta estafa que supera los 740 millones de pesos. La causa, que comenzó en la provincia, escaló a la órbita federal tras detectarse indicios de lavado de activos y otros delitos graves.

¿Cómo operaba el supuesto negocio?

Según la denuncia de nueve personas, Ovejero las convenció de invertir en un negocio de compra, venta y exportación de azúcar. Prometía rendimientos mensuales de hasta el 15% en pesos o dólares, respaldados con pagarés y contratos. Para ganar confianza, decía ser operador del mercado azucarero y que su padre, con contactos en control de calidad, le permitía acceder al producto a bajo costo.

Los investigadores creen que pagaba las primeras ganancias con dinero de nuevos inversores, típico de un esquema Ponzi. Así logró captar sumas millonarias: 168 millones de pesos, 48 millones de pesos y 100.000 dólares, entre otras.

Cheques sin fondo y vehículos con papeles truchos

Cuando los inversores reclamaron el resto de lo prometido, Ovejero entregó como garantía los formularios 08 de una Honda CRV y un Citroën C3, que presentaban irregularidades registrales. Además, la investigación apunta a que usó varias sociedades —como El Marqués SAS, Bellamar Estancias SA, Miyagi SA y Food Trading Dos SAS— para emitir cheques sin fondos o apócrifos.

El salto a la Justicia Federal

Tras seis meses de pesquisa, el fiscal provincial Diego López Ávila pidió la incompetencia del fuero local. El juez Guido Cattáneo aceptó y remitió el expediente a la Fiscalía Federal N.° 1. El martes, el juez federal José Manuel Díaz Vélez ordenó levantar los secretos bancario, financiero, fiscal y bursátil de Ovejero y las empresas vinculadas.

La medida incluye un pedido al Banco Central para que todas las entidades informen sobre cuentas, plazos fijos, cajas de seguridad y operaciones sospechosas. También se ofició a la Comisión Nacional de Valores, a la Unidad de Información Financiera (UIF) y a proveedores de criptoactivos para rastrear posibles movimientos en monedas digitales.

El objetivo de la Fiscalía es claro: reconstruir el recorrido del dinero, determinar su origen y destino, y establecer si hubo una estructura organizada para cometer las maniobras. Además, se busca identificar a otros posibles involucrados y reconstruir el patrimonio del principal acusado.