El narco que manejaba el Bajo Flores desde Perú se quedó sin la última carta

El narco que manejaba el Bajo Flores desde Perú se quedó sin la última carta: la Justicia le confirmó la condena y ahora deberá cumplir 17 años y medio de cárcel. La organización llegó a recaudar casi un millón de dólares en un solo turno de 28 días.

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El narco que manejaba el Bajo Flores desde Perú se quedó sin la última carta
El narco que manejaba el Bajo Flores desde Perú se quedó sin la última carta

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal le cerró la puerta a la defensa de Fernando Estrada Gonzales, el narco conocido como Piti, y dejó firme la condena a 17 años y seis meses de prisión que había dictado el Tribunal Oral Federal N°3 porteño. Los jueces Gustavo Hornos, Javier Carbajo y Mariano Borinsky rechazaron por unanimidad el recurso de casación y consideraron que la valoración de la prueba en el juicio no fue arbitraria, según informaron fuentes judiciales.

Quién es Piti y por qué su caso es emblemático

Durante el debate oral, el fiscal general Diego Velasco lo describió como “la última pieza del rompecabezas” de la que consideró “la mayor banda narco que ha operado” en el país, tanto por el control territorial que ejercía como por los años que se mantuvo en funciones. La organización, liderada junto a su hermano Marco y su cuñada Silvana Salazar, dominó a sangre y fuego la villa 1-11-14, en el Bajo Flores.

Velasco había reclamado una pena de 24 años para Piti, tomando como referencia la condena que ya pesaba sobre Marcos. Pero el tribunal aplicó una pena menor: 17 años y medio de cárcel.

Una estructura que funcionaba en turnos de 28 días

Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, la banda se dedicaba a la introducción, el almacenamiento, el fraccionamiento y la distribución de marihuana, cocaína y sus derivados en una zona caliente del narcomenudeo. La organización funcionaba en turnos de 28 días: uno comandado por Marcos y otro por Piti.

El fiscal Velasco recordó la declaración de un imputado colaborador que detalló el mecanismo y cuyo relato fue ratificándose con testimonios y pruebas del expediente. “Durante todo el tiempo que estuvo prófugo y hasta 2023 seguía manejando el negocio dentro de la villa en el turno que le tocaba”, sostuvo el acusador. Los hermanos se dividían las funciones para generar “un negocio fructífero” para ambos, donde “no se pisaban entre ellos”.

Los cuadernos que revelaron ganancias millonarias

En los allanamientos se secuestraron cuadernos donde estaba registrada a mano la contabilidad de la organización. La prueba exhibida por el fiscal mostró que, en un solo turno de 28 días, los hermanos Estrada Gonzales llegaron a ganar 958.000 dólares.

Velasco también exhibió escuchas telefónicas de otros expedientes vinculados que dieron cuenta de una estructura con escalafones y de que ambos turnos explotaban los mismos puntos de venta. La banda imponía su autoridad mediante la violencia, lo que explicaba la reticencia o el miedo de los vecinos a declarar.

La fuga, la entrega y el control desde Perú

Piti había purgado condena por un homicidio cometido en 1988 y luego estuvo más de 12 años prófugo. Desde la clandestinidad siguió al frente del negocio en el Bajo Flores junto a su hermano y su cuñada. Su captura se ordenó en octubre de 2020 y se entregó sorpresivamente en abril de 2023 en la sede de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), conducida por el fiscal federal Diego Iglesias.

Mientras estuvo prófugo, Piti manejaba su turno desde Perú. Su sector funcionaba de un modo “más familiar que gerencial”, porque al estar lejos “necesitaba confiar” en quienes manejaban el negocio en el territorio.

El sindicado capo narco, de 59 años, cumple prisión preventiva en la cárcel de Marcos Paz. Fue trasladado a los tribunales de Comodoro Py, en Retiro, por el Grupo Especial de Intervención (GEI) del Servicio Penitenciario Federal.

El antecedente de Marcos y la sombra de la impunidad

Marco Estrada Gonzales, más conocido como Marcos, fue condenado en 2020 por los jueces Andrés Basso, Javier Ríos y Fernando Machado Pelloni a la pena única de 24 años de cárcel. En mayo de 2020 fue expulsado de la Argentina y trasladado a Perú, su país natal, en un operativo de seguridad inédito. En 2022 fue deportado.

Por el expediente que derivó en las detenciones de diciembre de 2016, Marcos había sido condenado a 17 años de prisión y a una multa de 33.750 pesos por considerarlo coautor penalmente responsable de una organización dedicada al tráfico de estupefacientes en su modalidad de comercio y coautor del delito de acopio de armas. Esa pena se unificó con otra anterior de diez años y terminó en los 24 años.

En aquella causa, el fiscal Velasco había remarcado la impunidad que supo tener la banda: “Tres fuerzas de seguridad, la PFA, la Gendarmería Nacional y la Policía de la Ciudad, llegaron a la misma conclusión: existía en la villa 1-11-14 una organización narcocriminal que era liderada por Marco Estrada Gonzales, Salazar y Piti. Hubo cambios de gobierno, crisis económicas, pero desde 2009 hasta mediados de 2017 en su pedazo de territorio, siete hectáreas de la villa 1-11-14, nada cambió. En ese lugar siempre fueron Marcos, Salazar y Piti”.

El control territorial: montañas de basura y cámaras tapadas

Velasco describió los métodos con los que la organización mantenía a raya al Estado: “Hacían montañas de basura en lugar de lomos de burro, ponían carteles para tapar las cámaras. Todo para evitar que el Estado pudiera ingresar en el lugar. Manejaban las 7 hectáreas” de la villa 1-11-14.

La causa que terminó con la condena de Marcos y Salazar —esta última con 13 años de prisión— había sido investigada por el fiscal Juan Pedro Zoni y la Procunar, bajo la orden del entonces juez federal Sergio Torres, hoy presidente de la Suprema Corte de Justicia bonaerense. Marcos, su esposa y otros 23 sospechosos fueron detenidos el 16 de diciembre de 2016 en operativos de la División Operaciones Especiales Antidrogas de la Policía Federal Argentina.

La condena de Piti ahora quedó confirmada. La organización que supo tener 180 personas condenadas en distintos procesos y que manejó siete hectáreas del Bajo Flores durante años ya tiene a sus dos máximos referentes tras las rejas. La última pieza del rompecabezas, como lo definió el fiscal, ya no tiene recursos pendientes.

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