El muro de Texas que Trump quiere revivir choca con una jueza y ahora define la Corte Suprema

La administración de Donald Trump apuró su ofensiva judicial para destrabar el muro fronterizo en el sector de Big Bend, Texas: el gobierno presentó una solicitud de emergencia ante la Corte Suprema de Estados Unidos para reactivar las obras, frenadas por una orden judicial. En paralelo, el comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), Rodney Scott, salió a defender el proyecto pese al rechazo de propietarios, ambientalistas y hasta de la propia jueza que suspendió los trabajos.

Qué pide el gobierno a la Corte Suprema

Según el expediente oficial del máximo tribunal, la administración presentó la solicitud de emergencia el 21 de octubre en la causa Markwayne Mullin contra Friends of the Ruidosa Church. El magistrado Samuel Alito les dio a los demandantes hasta el 29 de octubre para responder, de modo que todavía no hay una resolución sobre el planteo.

El escrito del Departamento de Justicia (DOJ), firmado por el procurador general D. John Sauer, pidió suspender la medida cautelar mientras avanza la revisión del caso. Además, reclamó que la Corte acepte el litigio y revoque de forma sumaria el fallo del tribunal de Texas.

La cobertura de Associated Press precisó que la paralización abarca un tramo fronterizo de unas 500 millas (805 kilómetros). El plan combina barreras físicas, caminos e instrumentos de vigilancia, tanto dentro del Parque Nacional Big Bend como en terrenos privados y estatales de la región.

Scott: "Quedará completamente desbordada y destruida"

En diálogo con AP, el comisionado de la CBP sostuvo que la prioridad de la agencia es identificar a las personas y los bienes que ingresan a Estados Unidos, incluso en zonas con cifras históricamente bajas de cruces irregulares. Y advirtió que dejar a Big Bend sin infraestructura mientras se refuerzan otros tramos podría desplazar el tránsito clandestino hacia ese sector.

"Estoy 100% convencido de que quedará completamente desbordada y destruida", afirmó Scott sobre esa posibilidad.

El funcionario remarcó que proteger las fronteras es un objetivo innegociable, aunque aclaró que los planes para el parque nacional no contemplan grandes muros de acero y que la agencia mantiene conversaciones con los residentes sobre el tipo de infraestructura adecuada para ese entorno. El proyecto general también incluye tecnología de vigilancia en Big Bend.

En cuanto a los plazos, la administración informó que construye unas 12 millas (19 kilómetros) por semana. Scott anticipó que el muro principal estaría terminado en diciembre de 2027 y que la obra completa concluiría antes del final del segundo mandato de Trump.

Por qué la jueza Kathleen Cardone frenó las obras

La resolución de la jueza Kathleen Cardone, del 2 de octubre, prohibió construir barreras, infraestructura vinculada o realizar movimientos de tierra en Big Bend sin respetar las leyes aplicables. También suspendió la vigencia de tres exenciones legales que facilitaban esos trabajos.

El fallo preliminar consideró que los demandantes tenían probabilidades de prosperar en al menos uno de sus reclamos y que enfrentaban riesgos de perjuicios graves e irreparables. Entre los querellantes figuran Friends of the Ruidosa Church, el Centro para la Diversidad Biológica y un residente que trabaja como guía fluvial.

El conflicto jurídico gira en torno a la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y Responsabilidad de los Inmigrantes de 1996, que faculta al secretario de Seguridad Nacional a dispensar ciertas exigencias legales para acelerar la construcción de barreras fronterizas. Los demandantes objetaron que el gobierno extendiera esas facultades a una región que, según su visión, no registra una entrada irregular elevada.

En una determinación publicada en el Registro Federal el 15 de mayo, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, justificó las exenciones por motivos de seguridad. El documento indicó que la Patrulla Fronteriza detuvo a más de 89.000 personas que intentaron cruzar irregularmente por Big Bend entre los años fiscales 2021 y 2025.

Ante la Corte Suprema, el gobierno argumentó que la jueza interpretó mal la autorización del Congreso. Los opositores, en cambio, sostienen que Big Bend tiene una actividad migratoria menor que otros sectores de la frontera y que las exenciones perjudican la protección ambiental.

Los costos de la suspensión y las alternativas

El DOJ aseguró que la interrupción afecta a cinco contratos de construcción y genera gastos de mantenimiento de equipos, alquileres y seguridad. Según su presentación judicial, la CBP calculó que esas obligaciones superan los US$460 mil diarios, aun sin actividad en las obras.

La controversia también enfrenta al gobierno con propietarios, ganaderos, empresarios turísticos y ambientalistas. Los opositores cuestionaron el gasto público y alertaron sobre las consecuencias para los paisajes, la fauna y el acceso a las propiedades. Algunos plantearon que los drones y las torres de vigilancia resultarían menos costosos que las barreras físicas.

La discusión por el parque empezó antes de la orden de Cardone: en agosto, Scott había dispuesto una pausa de obras en el Parque Nacional Big Bend tras la aparición de excavadoras en el área. En su entrevista más reciente, el comisionado explicó que la CBP mantuvo los contactos con actores locales y evitó detallar sus planes específicos debido a los litigios pendientes.