El multimillonario acuerdo minero que Trump cerró y que llenará los bolsillos de sus hijos
Trump negoció un acuerdo minero millonario con Kazajistán. Lo que no se dijo: sus hijos ya habían invertido días antes. ¿Conflicto de intereses o estrategia de Estado?
Donald Trump negoció personalmente con el presidente de Kazajistán un acuerdo por derechos de tungsteno valorado en hasta 80.000 millones de dólares. Lo que no se dijo en la cumbre es que, días antes de la firma, sus hijos ya habían invertido en el proyecto. Una mezcla explosiva de política y negocios familiares que ya suma más de 8.900 millones en fondos federales.
¿Qué consiguió Trump en la llamada?
Durante una conversación telefónica, Trump y su equipo lograron que el mandatario kazajo, Kassym-Jomart Tokáyev, otorgara a una empresa estadounidense poco conocida el acceso a una de las mayores reservas de tungsteno sin explotar del planeta. Este metal es vital para fabricar ojivas de misiles, aviones de combate y chips informáticos.
Antes del acuerdo, el gobierno de Trump ya había aprobado solicitudes preliminares de hasta 1.600 millones de dólares en financiación federal para la firma, ahora llamada Kaz Resources, que planea iniciar obras en una zona rural de Kazajistán.
Los hijos de Trump y Lutnick, en el centro del negocio
No solo Trump y su secretario de Comercio, Howard Lutnick, vieron la oportunidad. Sus hijos no tardaron en hacer negocios paralelos. Inversores de Dominari Securities —con sede en la Torre Trump y copropiedad de Donald Trump Jr. y Eric Trump— adquirieron el 20% de una entidad vinculada al proyecto kazajo. Casi al mismo tiempo, Cantor Fitzgerald, controlada por la familia de Lutnick, ayudó a recaudar 210 millones de dólares para uno de los socios.
El acuerdo final se firmó el 6 de noviembre, solo seis días después de que los hijos de Trump invirtieran. La operación no se hizo pública en ese momento.
Una red de 14 empresas beneficiadas
Según documentos federales analizados por The New York Times, al menos 14 empresas con vínculos con las familias Trump o Lutnick colaboran activamente con el gobierno en acuerdos mineros. La ayuda federal total comprometida supera los 8.900 millones de dólares.
La representante demócrata Maxine Dexter calificó estos acuerdos como “una señal de alarma” y exigió que el Congreso investigue si el dinero de los contribuyentes se usa para beneficio personal.
Desde la Casa Blanca, el vocero Kush Desai defendió la gestión: “El único interés especial que guía al gobierno de Trump es el bien del pueblo estadounidense”.
El rol del rabino Althaus y la fiebre del tungsteno
En el centro del entramado está Pini Althaus, un rabino australiano que preside Kaz Resources. Althaus aseguró que nunca conoció a los hijos de Trump y que el proyecto “va más allá de cualquier presidente”. Sin embargo, reconoció que la impresión “puede resultar inquietante”.
El tungsteno, conocido como “metal de la guerra”, es clave para la defensa. China domina su mercado, pero desde que Trump regresó al poder, Pekín restringió las exportaciones, disparando el precio seis veces. Estados Unidos ha aprobado 60 proyectos de minerales críticos con 18.600 millones en préstamos federales, la mayor cifra histórica.
La jugada corporativa: de una constructora en quiebra a minera de tungsteno
Para invertir en Kazajistán, Dominari se asoció con Paul Mann, dueño de ASP Isotopes. A través de una filial, compraron una empresa de construcción de carreteras en bancarrota llamada Skyline Builders, que cotiza en el Nasdaq. Luego, Skyline adquirió el 20% de la entidad de Althaus por 20 millones de dólares. Seis días después, Lutnick firmó el acuerdo con Kazajistán.
En diciembre, Mann propuso una fusión inversa para convertir a Kaz Resources en una empresa que cotice en bolsa. La operación permitirá a los inversores ganar dinero incluso antes de extraer tungsteno.
¿Quién ganó dinero ya?
Aunque los 1.600 millones de ayuda federal aún no se han desembolsado, Cantor Fitzgerald y Dominari ya cobraron comisiones por sus servicios de recaudación de capital. Althaus espera que la producción comience en 2030, aunque hay presión para acelerar los plazos.
“Lo hemos hecho por el camino difícil, a base de abogar”, dijo Althaus.
