El modelo que Milei copió de Salta: cifras que no cierran y un sistema que colapsa

El Gobierno nacional copió el arancelamiento sanitario de Salta, pero los números oficiales muestran una recaudación ínfima y un sistema colapsado. ¿Qué esconde el relato de éxito?

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El modelo que Milei copió de Salta: cifras que no cierran y un sistema que colapsa
El modelo que Milei copió de Salta: cifras que no cierran y un sistema que colapsa

El Gobierno nacional replicó el arancelamiento sanitario para extranjeros que Salta implementó en 2024, pero los resultados reales distan del éxito que se pregona. Las cifras oficiales revelan una recaudación ínfima y un sistema saturado.

La Resolución N° 1066/2026, publicada este mes en el Boletín Oficial por el Ministerio de Salud que conduce Mario Lugones, lleva a todo el país una medida que tiene a Salta como antecedente y padrino político. La provincia norteña la aplicó desde febrero de 2024 y el Gobierno nacional la muestra como un caso testigo, aunque los datos cuentan otra historia.

¿Cuánto recaudó realmente Salta?

El ministro de Salud Pública salteño, Federico Mangione, celebró la réplica nacional. "El impacto de la medida fue claro. Logramos reordenar la demanda, optimizar insumos y descomprimir las guardias", afirmó, según la Secretaría de Prensa y Comunicación de Salta. Pero al ser consultado por El Destape sobre el balance de estos dos años, el propio Ministerio aportó números que desarman el relato.

"Aunque la recaudación en ventanilla fue marginal porque casi nadie opta por pagar el arancel, el ahorro acumulado por insumos, descartables y cirugías no realizadas superó los $2.300 millones en los primeros meses", respondió la cartera sanitaria. Esta política, entonces, no financia nada: al no recaudar, solo busca disuadir. Entre enero y mayo de 2025, ingresaron 141 extranjeros a los hospitales provinciales y el recupero fue de poco más de $50 millones. Para el período 2025-2026, las atenciones a no residentes "pasaron a ser prácticamente nulas".

La cifra estrella de $2.367 millones que difundió el gobierno de Gustavo Sáenz tampoco corresponde a fondos ingresados. "No corresponde a dinero ingresado por ventanilla, sino a la valorización del gasto médico evitado según el nomenclador del IPS y los módulos hospitalarios", explicaron. Se trata de una estimación contrafáctica: cuánto hubiese costado atender a quienes dejaron de consultar. No es plata disponible para comprar insumos ni pagar salarios, aunque la comunicación oficial la presenta junto al recupero real como si fueran equivalentes.

Números que no cierran ante un sistema colapsado

Las contradicciones en las cifras son notorias. En mayo de 2024, Mangione afirmó que en el hospital de Orán "el 10% del presupuesto de salud pública iba en atención de extranjeros". Para diciembre de ese año, admitió que "en términos de porcentajes puede que sea poco más que el 1%". Ahora, el Ministerio incorporó un tercer número: "Aunque a nivel provincial representaba cerca del 1% del presupuesto global, en los hospitales de frontera explicaba hasta el 30% del uso de quirófanos y camas críticas".

El propio Mangione describió en mayo de 2024 un panorama alentador: "Antes estábamos con los pasillos colmados de pacientes, y hoy estamos bastante holgados con la atención". Sin embargo, en junio de 2026, la realidad era otra: "Tengo colmadas las guardias. Hace cuatro meses que volvimos a tener pacientes en los pasillos, en camillas. No me alcanza el espacio", declaró a El Tribuno. En esa entrevista, advirtió que la demanda en guardias creció hasta un 85% y denunció que "hay gente que duerme afuera de las guardias" y que se cobran 10 mil pesos por un turno.

Consultado sobre qué cambió, el Ministerio no negó el colapso, sino que lo cuantificó: "Hoy atendemos 17 personas por cada 10 que teníamos presupuestadas históricamente". Las cifras oficiales exponen el desenlace: la concurrencia de extranjeros cayó un 99%, mientras la demanda total creció un 70% por encima de la capacidad del sistema. La medida redujo lo marginal, pero el problema estructural se multiplicó.

La explicación de la saturación llega desde la misma cartera: "El fuerte aumento de las prepagas y la caída del empleo formal empujaron a miles de salteños al hospital público, las obras sociales cortaron coberturas o fijaron copagos inaccesibles provocando que sus afiliados recurrieran al Estado, y Nación recortó programas y medicamentos clave".

Ninguno de esos factores se corrige con el arancelamiento, y todos remiten a decisiones del Gobierno nacional, el mismo que ahora replica el modelo salteño. "El arancelamiento nunca se pensó como la solución mágica a toda la crisis estructural, sino como un acto de estricta justicia distributiva para cuidar los recursos de los contribuyentes salteños", defiende el Ministerio, que sostiene que sin la medida el colapso actual "sería inmanejable".

El balance de dos años, construido íntegramente con respuestas oficiales, describe una política que casi no recauda, cuyo principal resultado es una estimación basada en cifras que no cierran, y aplicada sobre un sistema que hoy atiende un 70% más de pacientes de los que puede. Ese es el modelo que Nación acaba de adoptar para todo el país. En Salta, la promesa duró lo que tardó el deterioro económico en llenar los pasillos que el arancelamiento había vaciado. La diferencia es que ahora la medida se aplica en el mismo territorio donde se decidieron las causas que el Ministerio salteño enumera: el aumento de las prepagas, la caída del empleo formal y el recorte de los programas nacionales. Con los mismos ingredientes, difícilmente veamos un resultado distinto.

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