El millonario reclamo de un juez de la Corte que podría cambiar su futuro

La pulseada judicial entre el ministro de la Corte de Justicia de San Juan, Marcelo Lima, y el empresario textil Sergio Vallejos entró en su recta final. Tras una audiencia celebrada este miércoles sin que las partes alcanzaran un acuerdo, el expediente por la demanda de $60.000.000 quedó en condiciones de recibir sentencia.

El juez Walter Otiñano, a cargo del Octavo Juzgado Civil, dio por cerrada la etapa de producción de pruebas y escuchó los alegatos finales de ambas defensas. La confirmación llegó de la mano de Marcelo Miranda Marini, abogado de Lima, quien detalló a Diario de Cuyo que "las partes se mantuvieron cada una en su postura".

El letrado también señaló que se completó la incorporación de la "voluminosa prueba" que se venía sumando al expediente desde abril. Con este paso, el magistrado dispuso el cierre de la etapa probatoria y ahora el caso queda a la espera de una resolución definitiva.

¿Cuándo se conocería el fallo?

El Código Procesal fija un plazo de 40 días hábiles para que el juez dicte sentencia. Sin embargo, el abogado de Lima aclaró que se trata de un período "ordenatorio, no perentorio", es decir, una referencia procesal que no implica la caducidad de la posibilidad de fallar si se excede ese lapso.

El origen del conflicto se remonta a 2024, cuando Vallejos impulsó pedidos de juicio político contra Lima por su actuación en la Corte. Uno de los planteos, presentado junto a los cortistas Adriana García Nieto y Daniel Olivares Yapur, cuestionaba una sentencia vinculada a la expropiación de la exbodega La Superiora, que según el empresario había beneficiado a la empresa Cuyo Inversiones.

La Sala Acusadora de Juicio Político rechazó ese pedido. Pero Vallejos no se detuvo ahí: impulsó otra acusación contra Lima, esta vez por su rol como escribano y titular del Registro Notarial N°22, que tampoco prosperó.

Los argumentos de las partes

Para Lima, esas presentaciones excedieron el derecho a denunciar y constituyeron un uso abusivo del mecanismo de juicio político, basado en afirmaciones que considera falsas y que dañaron su honor. Por eso, además de los $60 millones, pidió que la Justicia declare la "inexactitud objetiva" de los hechos imputados por Vallejos.

La defensa de Vallejos, en tanto, sostiene que la demanda es una represalia por su actuación ante la Corte Suprema para lograr la inhabilitación de Sergio Uñac como gobernador. Su equipo legal cuestionó que las presentaciones legislativas puedan considerarse un daño al honor y reiteró sus críticas a la labor de Lima.

La instancia de conciliación ya había fracasado el 20 de abril, cuando las partes no lograron acercar posiciones. Ahora, con la prueba cerrada y los alegatos presentados, la decisión queda exclusivamente en manos del juez Otiñano. El fallo definirá si Vallejos debe pagar los $60 millones reclamados y si corresponde reconocer judicialmente la inexactitud de las acusaciones que originaron el conflicto.