El mercado de carbono argentino podría generar USD 1.800 millones al año, pero falta una ley nacional

El mercado de carbono argentino tiene un potencial de generar divisas por USD 1.800 millones anuales, pero para alcanzarlo necesita una ley nacional que brinde certeza jurídica y habilite el acceso a los mercados regulados internacionales. Así lo señalaron especialistas durante el Seminario AFoA 80 Años, realizado en Posadas.

Sebastián Fragni, de GMF Nature Based Solutions, explicó que el país produce créditos de carbono a un costo de USD 7 por tonelada, pero los vende a USD 6 en el mercado voluntario, muy por debajo de los valores que se pagan en los mercados de cumplimiento, como el Artículo 6 del Acuerdo de París o el sistema CORSIA de la aviación internacional.

“Cada hectárea forestada de este país ya está capturando carbono. Casi ninguna lo está cobrando”, sintetizó Fragni durante su exposición.

El potencial económico del sector

Federico Moyano, director de ProSustentia, dimensionó la escala del negocio: actualmente hay más de 30 iniciativas de Soluciones Basadas en la Naturaleza (NBS) en distintas etapas de desarrollo. Si se incorporara apenas el 10% de las tierras potencialmente disponibles y se tomara un valor de referencia de USD 20 por crédito, el país podría generar ingresos superiores a los USD 1.000 millones anuales durante los próximos 20 años.

Según estimaciones de GMF, la Argentina tiene un potencial de captura de 33,5 millones de toneladas de CO₂ equivalente por año. Ese volumen representa USD 335 millones anuales en el mercado voluntario, pero escalaría a USD 1.800 millones si se accediera a los mercados regulados, donde la tonelada se paga entre USD 27 y USD 90.

“La diferencia no es técnica: producimos a 7 dólares la tonelada, nos pagan 6 en el mercado voluntario y el mundo regulado paga 50 dólares. Lo que falta es la habilitación estatal”, enfatizó Fragni.

Casos reales en Corrientes

En el establecimiento Santo Domingo, en Ituzaingó, Corrientes, la empresa generó 451.000 toneladas de CO₂ de secuestro verificado sobre 3.405 hectáreas, de las cuales 2.439 son de eucalipto. Ese activo representa USD 9,9 millones a precio voluntario y USD 22,6 millones a precio de cumplimiento.

El caso silvopastoril San Francisco demostró que es posible producir carne carbono neutro: con 189 cabezas de ganado en 282 hectáreas de pastura y 86 de eucalipto, el predio logró un balance neto positivo de +211 tCO₂e al año.

Además, la tecnología de biochar aparece como un dinamizador del negocio forestal. La planta AFOR Biochar en Virasoro transforma residuos de cosecha y aserrín en créditos de remoción durable que se cotizan entre USD 125 y USD 145 por tonelada en el índice CORCCHAR, con demanda de compañías como Microsoft, Google y JPMorgan.

Los cuatro nudos que frenan el despegue

Desde GMF identifican cuatro obstáculos: el precio voluntario insuficiente, la falta de un marco jurídico nacional, la ausencia de una Autoridad Nacional operativa y las reglas provinciales desalineadas.

“La habilitación de la Autoridad Nacional representa la ‘llave única’ para destrabar el valor de la tonelada argentina, requiriendo inversión privada y cero costo fiscal para el Estado”, dijo Fragni.

La disputa por la propiedad del crédito

En diálogo con ArgentinaForestal.com, Fragni se refirió a la controversia en Misiones por el Programa Jurisdiccional REDD+. Para explicar su postura, usó una analogía: “Si planto un manzano en mi propiedad privada, la manzana es un fruto civil que me pertenece. Con el carbono ocurre lo mismo: es un fruto civil derivado de la propiedad y la inversión privada”.

“El Estado interviene únicamente para registrar la transacción, no para apropiarse del activo”, agregó. Y cuestionó la pretensión de propiedad provincial: “¿Qué pasa si tomo madera del Chaco, la proceso en Misiones y entierro el biochar en Buenos Aires? ¿De quién es el crédito? Ahí se demuestra la inconsistencia”.

El debate por una ley nacional de mercado de carbono avanza en el Senado de la Nación, y el sector forestoindustrial espera que se definan reglas claras que permitan cobrar los activos ambientales a precios internacionales.