El mensaje que puso en alerta a dos madres: denuncian a un entrenador de fútbol por chats con adolescentes
Un entrenador de fútbol de Salta fue denunciado por enviar mensajes inapropiados a dos adolescentes. ¿Qué hallaron en los chats? La Fiscalía pide que no se acerque a las menores.
Un entrenador de fútbol de Salta podría enfrentar un juicio después de que dos madres lo denunciaran por mantener conversaciones inapropiadas con sus hijas, de 15 y 16 años. La Fiscalía ya pidió que no se acerque a las menores.
La investigación, que está en manos de la Unidad Fiscal Contravencional (UFICON), dio un paso clave: solicitaron al Juzgado de Garantías en turno la elevación de la causa a juicio. Además, pidieron una prohibición de acercamiento del acusado hacia las dos adolescentes.
Dos denuncias que encendieron la alarma
Todo comenzó cuando la madre de una jugadora de 16 años, que asiste a un club de la ciudad, denunció al entrenador. Según su relato, descubrió que el hombre mantenía chats privados con su hija por WhatsApp. El tono y el contenido de esos mensajes le resultaron preocupantes.
Poco después, otra madre, esta vez de una adolescente de 15 años, presentó una denuncia similar. En su escrito, aseguró que el entrenador también mantenía comunicaciones con su hija que excedían el vínculo deportivo, e incluso habría llegado a invitarla a salir.
¿Qué hicieron los investigadores?
Con las dos denuncias sobre la mesa, la Fiscalía comenzó a analizar las conversaciones y recopiló distintas pruebas para determinar el alcance de los hechos. Realizaron un análisis de la evidencia informática vinculada a los chats.
Además, las dos adolescentes brindaron su testimonio a través del Circuito Cerrado de Televisión (CCTV), un sistema que permite declarar sin estar cara a cara con el acusado.
Con los elementos reunidos, la UFICON consideró que hay fundamentos suficientes para que el caso avance a juicio. La causa fue encuadrada como una presunta infracción al artículo 115 de la Ley Contravencional 7135/01, que sanciona conductas con connotación sexual que afecten la dignidad, libertad o integridad de las personas, siempre que los hechos no constituyan un delito penal.
Ahora, la decisión quedó en manos del Juzgado de Garantías, que deberá resolver si acepta la elevación a juicio y si impone las restricciones solicitadas por la Fiscalía.