El mensaje que mandó antes de desaparecer en Ucrania: "No tengo cuerpo, no tengo nada"

Leonel Mansilla tenía 26 años, era policía en Tigre y quería comprarse una casa. Viajó a Ucrania para combatir contra Rusia y desapareció el 28 de noviembre de 2025 durante una operación en Zaporiyia. Su madre, Julieta Santa Cruz, lleva meses reclamando la verdad.

El último mensaje de Leonel llegó el 27 de noviembre. Le avisó a su madre que se iba de viaje, que le cambiarían el chip del teléfono y que no podrían comunicarse por un tiempo. Le recordó una palabra clave que usaban para reconocerse al retomar el contacto. Julieta estaba acostumbrada a que su hijo pasara días sin escribirle desde que se había sumado a la lucha contra las fuerzas rusas. Esta vez, el silencio no terminó.

Al día siguiente, Leonel fue reportado como desaparecido durante una operación en Zaporiyia. Después llegó un telegrama que confirmó que se desconocía su paradero. Desde entonces, Julieta escuchó versiones incompatibles: que su hijo había muerto por disparos rusos, que un compañero le había disparado por la espalda o que alguien sabía dónde estaban sus pertenencias. Ninguna le permitió averiguar qué ocurrió. “No tengo el video, no tengo cuerpo, no tengo nada”, dijo a LA NACION en San Nicolás de los Arroyos, mientras extendía sobre una mesa fotografías, mensajes y documentación reunida durante la búsqueda. A su lado estaba Gabriel Cabral, padrastro del joven.

El caso de Mansilla no es aislado. Una investigación periodística identificó a 70 argentinos que viajaron a combatir del lado de Ucrania contra Rusia: 57 combatientes o excombatientes vivos y 13 reportados como fallecidos o desaparecidos. Entre ellos hay militares retirados, expolicías y civiles sin experiencia previa. Algunos fueron por convicción y otros, por dinero.

Quién era Leonel y cómo llegó al frente

Leonel había ingresado a la Policía a los 19 años y trabajaba en Tigre. Quería comprarse una casa, pero creía que con su sueldo no iba a lograrlo. Decidió viajar a Ucrania en apenas 15 días y pagó el pasaje con sus ahorros. Su familia intentó disuadirlo hasta en Ezeiza. Tenía 26 años y proyectaba regresar en febrero, después del período mínimo de permanencia que entendía que se iba a respetar.

Pasó por Estambul y llegó a Ucrania el 2 de agosto. Se incorporó a Avance, un grupo integrado mayoritariamente por brasileños, en el que también había argentinos. Julieta asegura que su hijo pasó meses sin cobrar y que recibió mensajes de él sobre presuntos malos tratos dentro de la unidad.

La última videollamada entre ambos fue el 22 de noviembre, día del cumpleaños de Julieta. Tres días después, Elton, un compañero brasileño de Leonel, murió durante una misión. El 26, el joven le contó a su madre que consideraba que habían caído en una emboscada. El 27 le envió su último mensaje y, al día siguiente, desapareció durante otra operación.

Julieta sostiene que la última salida fue presentada primero como una misión para recuperar el cuerpo de Elton y luego como un asalto a una trinchera. Recibió relatos sobre disparos rusos y sobre una posible agresión de un compañero, pero ninguna prueba concluyente. Cuestiona que haya imágenes de la misión en la que murió Elton, donde aparece su hijo, y que no haya conseguido un registro equivalente sobre su desaparición.

La convocatoria: “Conviértete en un héroe”

“Defiende la libertad. Conviértete en un héroe”, decía una convocatoria para incorporarse a la Legión Internacional. Pedía ser mayor de edad, tener pasaporte vigente y no registrar antecedentes penales; el proceso continuaba por WhatsApp. Otro aviso, dirigido a interesados de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Perú, aceptaba incluso a quienes estuvieran “bloqueados o como desertores”. La función: “Asalto. Trincheras”. Ofrecía inicialmente 125.000 grivnas mensuales, unos 2786 dólares.

Quien difundió esa convocatoria fue Enrique Fabián Castro, un cordobés de 47 años. Se dio de baja del Ejército argentino en 2005 y trabajó durante 15 años en logística para empresas autopartistas. Tenía dos títulos universitarios y un puesto bien remunerado. Dos amigos ucranianos criados en la Argentina fueron a combatir; uno murió. Castro también viajó y lleva más de tres años en Ucrania, donde asegura que tiene personal a cargo y es instructor de una unidad mecanizada.

Castro aparece en el relato de Julieta, quien lo señala como alguien que reúne jóvenes para viajar a Ucrania. Contó que entre abril y mayo hablaron porque él le había dicho que sabía de Leonel. Se encontraron en la ciudad de Buenos Aires. Ella llevó una bandera y una fotografía enmarcada de su hijo con la esperanza de obtener información. Según denunció, Castro después dejó de responderle.

En una entrevista por Zoom desde una unidad militar en Ucrania, Castro defendió la incorporación de extranjeros a las fuerzas ucranianas. Estimó en unos 15.000 dólares el costo de entrenar y equipar a cada recluta. Mencionó una fundación que facilita algunos pasajes de ida, pero no necesariamente el regreso, y el caso de un joven que quería volver y no tenía dinero. También advirtió sobre reclutadores que cobran por cada persona que consiguen llevar y pueden prometer condiciones alejadas de las reales. “Acá te equivocás y te matan”, advirtió. Y agregó: “La muerte nos ronda todos los días”.

La trama judicial: captación y traslado

Una investigación judicial describió células que, según fuentes policiales y judiciales, llevaron a más de 50 argentinos a Ucrania en tres tandas durante nueve meses. Una pesquisa se concentró en Griselda Inés Ortiz, expolicía bonaerense, y su pareja, Jorge Alberto Otero, expolicía federal apodado “sargento Trembo”, señalados como presuntos integrantes de una estructura de captación y traslado.

La causa comenzó cuando la Policía de Seguridad Aeroportuaria detectó en Ezeiza a cuatro argentinos que no tenían pasajes de regreso ni fondos suficientes y desconocían quién había pagado sus vuelos. En un primer momento dijeron que viajaban para trabajar en la construcción, pero uno de ellos terminó reconociendo que los habían convocado para combatir a cambio de unos 3000 dólares. En la investigación intervinieron la Justicia Federal de Lomas de Zamora y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex).

Según la pesquisa, el circuito incluía la captación a través de redes sociales, alojamiento en Buenos Aires y la firma de documentos redactados en ucraniano. El itinerario contemplaba escalas en Estambul y Chisináu, capital de Moldavia, antes de ingresar por tierra a Ucrania. La red habría prometido salarios de 3000 dólares y una cobertura de 400.000 dólares para las familias en caso de muerte. Algunos habrían recibido apenas 600 dólares y sufrido la retención de sus pasaportes y teléfonos. Los contratos eran de tres años, rescindibles después de cinco meses. Ortiz habría percibido unos 400 dólares mensuales por reclutar.

Otero se escapó a Brasil y está prófugo, con pedido de captura internacional, según la información publicada. También aparece en el relato de la familia Mansilla. Según Julieta, Leonel lo conocía y habría sido convencido por él para viajar. Le habían presentado Ucrania como una oportunidad para progresar. Su madre recibió información de que recién cobró su primer sueldo el 25 de noviembre, el mismo día en que murió Elton.

Drones, castigos y denuncias internas

Brian Josué Vera Peñaloza, de 27 años, nació en Mendoza y creció en España. Entrevistado por Zoom desde ese país, relató que, sin entrenamiento militar formal, se especializó por afición en drones y vio en Ucrania una oportunidad económica y profesional. Lo contactaron aproximadamente una semana después de postularse. Quería trabajar con esos dispositivos, pero primero pasó por la Legión Internacional.

Allí conoció a hombres que esperaban cobrar entre 6000 y 7000 dólares, aunque su propia experiencia fue distinta: debió esperar cuatro meses para recibir su primer pago. “Yo no cobré hasta los cuatro meses”, contó. También vio a postulantes sin preparación militar firmar contratos redactados en ucraniano sin comprender su contenido. Aseguró que algunos recién llegados eran presionados para permanecer en unidades que no habían elegido. Él lo evitó, sostuvo, porque no firmó el contrato que intentaban imponerle.

Describió castigos, restricciones en el uso de teléfonos, irregularidades en el entrenamiento, falta de prácticas de tiro y decisiones arbitrarias sobre las misiones. Afirmó que hubo cerca de 300 muertos en un batallón, una cifra atribuida exclusivamente a su testimonio. También denunció presuntas irregularidades en el manejo del dinero destinado a las familias de los combatientes fallecidos. Según relató, presenció cómo un comandante peruano, al que identificó como “Calulo”, llamó a la esposa de un soldado muerto para pedirle sus datos bancarios y una autorización con el argumento de gestionar la compensación económica que le correspondía. Vera Peñaloza cuestionó ese procedimiento y sostuvo que los familiares debían realizar personalmente el trámite en Ucrania.

Ante estas situaciones, presentó una denuncia junto con otros compañeros. Poco antes de que los soldados fueran distribuidos entre sus unidades, los reunieron para exigirles que firmaran nuevos contratos. Él se negó porque, según explicó, ya le habían advertido que se realizaría una investigación. Como castigo, afirmó que lo obligaron a permanecer durante 15 minutos en posición de flexión, lo que le provocó una lesión en el hombro. Otro compañero, al que pretendían destinar a un batallón de asalto, se desmayó durante aquel episodio.

Dos o tres días después, según su testimonio, llegó la policía y registró las instalaciones. Vera Peñaloza aseguró que durante la inspección encontraron drogas, esteroides y alcohol, cuyo consumo estaba prohibido. Parte de las bebidas, sostuvo, estaba guardada por los comandantes en la carpa destinada al personal médico. Aclaró que no recibió información oficial sobre el resultado del procedimiento, pero que compañeros que permanecieron en Ucrania le comunicaron posteriormente que había personas detenidas, entre ellas “Calulo”. También mencionó a otro superior, al que identificó como “Ripple”, señalado en su relato como uno de los responsables de obligar a los reclutas a firmar contratos. Según la información que recibió, quedó detenido en una prisión militar a la espera de un juicio por acusaciones vinculadas con muertes de combatientes. Vera Peñaloza atribuyó a estas investigaciones los cambios posteriores en la estructura de la Legión Internacional. Finalmente, consiguió incorporarse a una unidad regular ucraniana, donde encontró mayor organización y pudo desempeñar tareas relacionadas con su especialidad en drones.

Otras voces: el miedo y la deserción

F., entrevistado bajo reserva de identidad, describió otra experiencia. Seguía el conflicto desde la anexión rusa de Crimea en 2014 y viajó después de la invasión a gran escala de 2022 por convicción. Tras completar un formulario y quedar en espera, encontró por su cuenta una unidad que aceptaba extranjeros. Presentó documentos, pasó una revisión médica, recibió una copia del contrato y entrenó junto con ucranianos, argentinos, colombianos, mexicanos, chilenos y paraguayos. Según dijo, evaluaban sus capacidades y podían negarse a una misión determinada.

Durante una operación, un dron explotó a dos metros de F. La onda expansiva lo derribó y le quitó momentáneamente la visión y la audición. Esperó 24 horas en un búnker hasta que lo evacuaron. Fue atendido en dos hospitales, operado y tratado por lesiones provocadas por el frío. “No se deja a nadie atrás”, dijo sobre sus compañeros. Una misión de tres días podía extenderse a una semana o más; llegó a permanecer cerca de 18 días en el frente. Para cargar más municiones llevaba menos comida y pasaba hambre, aunque aseguró que en la base recibía buena atención.

Las dificultades para abandonar Ucrania también aparecen en otros testimonios. En una investigación publicada por TN el 2 de agosto de 2026, un combatiente argentino, cuya identidad fue preservada por el medio, denunció incumplimientos salariales, la retención de su pasaporte y obstáculos para obtener la baja militar. Según relató, abandonar su unidad por cuenta propia podía convertirlo en desertor.

Entre los argentinos vinculados con las fuerzas ucranianas también figura Santiago Duré, conocido como “Turco”, integrante de la 13.ª Brigada Operativa Khartia de la Guardia Nacional. Su presunta muerte, ocurrida en julio durante los combates en la región de Kupiansk, fue rastreada en publicaciones de SouthFront, la plataforma Missing in Ukraine y los canales de Telegram TrackANaziMerc y Executive Outcome.

El negocio de la guerra y el silencio de las familias

Para reconstruir el destino de los argentinos, LA NACION se incorporó al canal de Telegram TrackANaziMerc, una comunidad que reunía unos 80.243 miembros al momento del relevamiento y expone a extranjeros que combaten del lado ucraniano. Publica fotografías con nombres, apellidos y perfiles en redes sociales; algunas llevan una cruz roja para señalar una presunta muerte. También difunde imágenes y videos de cadáveres, además de documentación de combatientes.

El administrador del canal, un ciudadano ucraniano que pidió mantener su identidad bajo reserva, aseguró disponer de contratos, direcciones y otros datos personales de los extranjeros identificados. Durante el intercambio, pidió transmitir un mensaje dirigido a los latinoamericanos: “Váyanse, latinoamericanos. Váyanse, mercenarios, de esta tierra que no es suya. Esta guerra no es de ustedes”.

Esa mirada también aparece en el testimonio de Vera Peñaloza, quien contó que, mientras patrullaba la ciudad de Kupiansk junto con compañeros ucranianos, recibió insultos de civiles que le reprochaban estar allí por dinero. Según relató, algunos habitantes también los trataban de mercenarios.

Hasta el momento, se identificaron 13 casos de argentinos reportados como fallecidos o desaparecidos en el conflicto entre Rusia y Ucrania, correspondientes al período 2024-2026. El relevamiento se construyó a partir del cruce de publicaciones de medios de comunicación, registros difundidos en plataformas y canales vinculados con la guerra, fotografías, videos y testimonios de familiares, compañeros de combate y terceros. En algunos casos, las muertes fueron comunicadas por allegados a través de redes sociales, aunque posteriormente esas publicaciones dejaron de estar disponibles o las cuentas fueron cerradas. Algunas familias prefieren no exponerse públicamente, por lo que se preservaron sus identidades.

La reconstrucción presenta una dificultad adicional: no todos los fallecimientos reportados cuentan con una confirmación oficial accesible, y la aparición de un cuerpo o la comunicación de una muerte no implica necesariamente que se haya completado su inscripción registral. Consultado por LA NACION, desde el Registro Nacional de las Personas (Renaper) explicaron que “los datos los proporcionan los registros civiles que son quienes certifican las defunciones y luego notifican al Renaper”.

Esta situación adquiere especial relevancia en casos como el de Leonel Mansilla, quien continúa reportado como desaparecido pese a las distintas versiones que recibió su familia sobre una posible muerte. Por eso, los 13 casos identificados no constituyen una cifra oficial de fallecidos: incluyen desapariciones y muertes reportadas cuya situación documental no pudo establecerse de manera concluyente. La incertidumbre también dificulta que las familias puedan conocer qué ocurrió, recuperar pertenencias, iniciar eventuales repatriaciones o gestionar las compensaciones que pudieran corresponderles.

Para Julieta, figurar en un registro de desaparecidos no explica qué ocurrió. Buscó a los compañeros de Leonel por Instagram porque solo conocía sus apodos. Recién en febrero, según relató, alguien que dijo administrar las tarjetas de los combatientes le comunicó que su hijo había muerto por un disparo ruso durante tareas de reconocimiento. Después llegaron otras versiones. También recibió denuncias sobre violencia dentro de Avance, incluido el caso de un brasileño que, según esos relatos, habría muerto tras sufrir agresiones.

Julieta sostiene que una conocida llamó al teléfono de Leonel y atendió otra persona. Reunió correos, documentación militar y contactos con organizaciones; incluso surgió la posibilidad de aportar una muestra de ADN para un cotejo. Cuestiona que la tarjeta bancaria no fuera dada de baja inmediatamente y sospecha que terceros pudieron acceder a los fondos. También señala las dificultades económicas para gestionar información y compensaciones, y asegura que nunca pudo hablar con el comandante de Avance.

En San Nicolás conserva las fotografías que Leonel envió desde Ucrania y espera recuperar una mochila donde, según le dijeron, habría imágenes familiares. Esa información también le llegó por terceros. Vuelve al mensaje del 27 de noviembre, cuando su hijo anunció que se iba de viaje y volvería a comunicarse. Frente a las fotografías extendidas sobre la mesa, resumió el reclamo que sostiene desde que recibió el telegrama: “Yo, como mamá, quiero la verdad de qué pasó con mi hijo”.