El médico que nunca vio a los pacientes: la increíble estafa a la ART de Petroleros que sigue su curso

La Justicia de Neuquén confirmó que la investigación contra un médico acusado de falsificar pericias para cobrar millonarias indemnizaciones a la ART del Sindicato de Petroleros no se archiva. La jueza Leticia Lorenzo avaló la reapertura del caso tras la aparición de nuevas pruebas que complican al profesional.

La causa, que había sido desestimada en primera instancia, fue reabierta por la fiscalía de Chos Malal después de que la querella presentara nuevos elementos. El abogado del imputado, identificado como M.G., intentó frenar el proceso argumentando que la reapertura violaba el principio de legalidad, pero la jueza Lorenzo rechazó el planteo.

¿Por qué la jueza dijo que no es “cosa juzgada”?

Al resolver, Lorenzo explicó que la desestimación y el archivo no tienen carácter de cosa juzgada, y que el Código Procesal Penal permite reabrir una investigación cuando surgen nuevos elementos conducentes. Además, aclaró que en esta etapa el control judicial es limitado y no le corresponde al tribunal determinar si la fiscalía debió realizar ciertas medidas antes.

Con esta resolución, la fiscalía podrá seguir adelante con las pesquisas y, si reúne suficientes pruebas, formular cargos contra el médico.

La denuncia: pericias falsas y trabajadores que nunca vieron al doctor

La denuncia del Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa apunta a M.G., quien habría emitido informes médicos apócrifos en expedientes civiles contra la ART MEOPP. Según los denunciantes, esos documentos certificaban incapacidades y enfermedades profesionales que nunca fueron constatadas mediante revisiones reales.

Uno de los datos más llamativos es que los siete trabajadores involucrados pertenecen a una misma cuadrilla y todos consultaron al mismo abogado. Esos letrados también están bajo la lupa de la fiscalía.

El médico aseguró que evaluó a los pacientes de forma remota, por Zoom, Meet o WhatsApp, pero la querella presentó una escritura pública de julio de 2025 donde los propios trabajadores declararon que jamás conocieron al profesional ni fueron examinados por él. En las fechas de las supuestas pericias, los empleados estaban en el Yacimiento El Portón, en Buta Ranquil, trabajando para OIL MYS SA.

Casos como el de los trabajadores Méndez y Costa son paradigmáticos: solo fueron entrevistados por tres letrados y, de repente, aparecieron “mágicamente” revisados por un médico que nunca vieron.

Las nuevas medidas: allanamientos y pericias informáticas

Ante estas contradicciones, el fiscal Salgado ordenó nuevas diligencias: mantener secuestrados el teléfono y la computadora del médico para realizar pericias informáticas, verificar si existieron comunicaciones virtuales con los siete trabajadores y analizar la geolocalización de los dispositivos en las fechas de las supuestas revisiones. También pidió secuestrar los celulares de los demandantes y de los abogados que los representaron, junto con la documentación de los expedientes.

En total, son siete expedientes judiciales en curso, cuyas sumas reclamadas ascienden a USD 1.800.000.