El maxikiosco de abajo no la dejaba dormir: se mudó y la Justicia le hizo pagar una cifra millonaria
El local funcionaba abajo de su departamento y le arruinaba las noches. Ella se fue del edificio y años después llegó el fallo: cuánto deberá pagarle el dueño y qué prueba fue clave en la causa.
Una mujer alquiló un departamento en La Matanza y terminó abandonándolo por una razón que no tenía nada que ver con el precio ni con el estado del inmueble: el maxikiosco que funcionaba en la planta baja del edificio le amargaba las noches. Años después, el Juzgado en lo Civil y Comercial N.º 4 de ese distrito le dio la razón y fijó una indemnización de $29.712.000.
La vivienda estaba en el primer piso y tenía tres dormitorios. Según la demanda, el comercio abría sus puertas sin la habilitación correspondiente y trabajaba a lo largo de todo el día, con ruidos permanentes, gritos y episodios de conflicto que se repetían jornada tras jornada.
Alcohol sin permiso y una puerta bloqueada
El relato de la inquilina sumó otros puntos: sostuvo que en el local se vendía alcohol sin autorización y que los clientes solían obstruir el ingreso al edificio. Con el correr de los meses, esas molestias se tradujeron en noches sin descanso y un deterioro de su salud que volvió la convivencia imposible.
Por eso, a fines de 2016, tomó la decisión de dejar el departamento. No fue el final del asunto: en abril de 2018 presentó una demanda contra los responsables del maxikiosco y contra el dueño del inmueble, que a su vez era uno de los propietarios del comercio.
Lo que midió la pericia acústica
Durante el proceso se realizó un estudio de sonido que determinó que los decibeles del kiosco superaban los niveles admitidos por la normativa IRAM 4062. A esa prueba se sumaron varios testigos que corroboraron los reclamos que la mujer venía haciendo desde antes de irse.
Con ese material sobre la mesa, la jueza concluyó que la actividad del local excedía los niveles de tolerancia razonables entre vecinos y afectaba el derecho al descanso de los habitantes del edificio.
Estrés postraumático y una cláusula que no sirvió
El expediente incluyó además una pericia psicológica practicada a la denunciante. El informe determinó que desarrolló un trastorno de estrés postraumático, con una incapacidad psíquica parcial y permanente del 30%.
El propietario intentó desligarse de toda responsabilidad con un argumento contractual: aseguró que el contrato de alquiler contenía una cláusula que lo eximía de responder por daños. La Justicia desestimó esa postura.
Qué incluye la indemnización de $29.712.000
El monto fijado por el juzgado contempla tres rubros: el daño psicológico provocado por las molestias, el daño moral por los padecimientos acumulados durante el conflicto y el tratamiento psicológico necesario para afrontar las secuelas que acreditó la pericia.
En cambio, quedaron sin respuesta favorable los reclamos por incapacidad física, por los gastos de la mudanza y por los arreglos en el departamento, ya que no se logró demostrar una relación directa entre esos puntos y los hechos denunciados.
La sentencia dispuso además que al monto base se le sumen intereses calculados desde agosto de 2016, momento en que se hizo la primera denuncia.