El mapa del recorte: qué provincia quedó afuera de casi todos los fondos nacionales

Un relevamiento de la consultora Labor, Capital & Growth (LCG) sobre la ejecución presupuestaria nacional dejó al descubierto un mapa muy desigual en el reparto de los fondos que Nación envía a las provincias. Santa Cruz aparece entre los distritos que prácticamente no recibieron transferencias de capital entre enero y julio de 2026, mientras que apenas cuatro jurisdicciones concentraron el 70% del total girado.

Según el análisis, difundido por Infobae, las transferencias de capital del Gobierno nacional a las provincias cayeron un 52% real en los primeros siete meses del año en comparación con el mismo período de 2025. Pero la caída no fue pareja: Tucumán, Catamarca, Salta y San Luis se quedaron con la mayor parte de los aproximadamente $500.000 millones que Nación distribuyó, mientras que Santa Cruz, Tierra del Fuego, Chubut, San Juan, Córdoba y otras jurisdicciones recibieron recursos nulos o de magnitud muy reducida.

Qué pasó con los fondos nacionales

El recorte no se limita a las transferencias directas. La inversión pública ejecutada directamente por Nación también muestra una fuerte caída: entre enero y julio de 2026, la obra pública nacional cayó un 38% interanual en términos reales, siempre según LCG. Transporte concentra el 43% del monto devengado, pero incluso ese sector muestra una ejecución reducida.

El análisis sobre la Dirección Nacional de Vialidad es todavía más contundente: de las 175 obras contempladas en el Presupuesto 2026, 119 no tenían crédito vigente al momento del relevamiento. Solo 45 proyectos (el 26%) mostraban algún grado de ejecución, mientras que 130 obras no registraban avance alguno. Entre las tareas frenadas aparecen mantenimiento de rutas nacionales, repavimentaciones, autopistas, puentes y obras de seguridad vial.

Para una provincia extensa como Santa Cruz, con grandes distancias entre localidades y una infraestructura vial clave para la producción y el turismo, el impacto de esta política excede la discusión presupuestaria.

El contraste: Nación recorta, las provincias buscan sostener obras

La baja de fondos nacionales no significa que en Santa Cruz no haya obra pública. La provincia mantiene programas financiados con recursos propios y continúa licitando proyectos: en los últimos días, el Gobierno provincial informó avances en infraestructura sanitaria, viviendas, redes de gas, saneamiento y proyectos productivos. Además, el Boletín Oficial publicó una licitación para construir el Centro de Entrenamiento Físico y Operacional de la Policía en Río Gallegos, con un presupuesto oficial superior a $3.652 millones. La apertura de ofertas está prevista para el 30 de septiembre.

La diferencia está en quién financia esas obras. Mientras Nación reduce las transferencias y restringe la ejecución de proyectos bajo su responsabilidad, Santa Cruz intenta sostener determinados emprendimientos con su propio presupuesto. Esto genera un problema adicional: una provincia puede decidir priorizar una escuela, una vivienda o una obra sanitaria, pero no necesariamente tiene capacidad financiera para reemplazar por completo las inversiones que antes correspondían al Estado nacional.

El mapa nacional: quiénes recibieron más y quiénes quedaron atrás

El reparto de los recursos muestra un mapa muy desigual. Además de Tucumán, Catamarca, Salta y San Luis, entre las provincias que recibieron más fondos o mejoraron sus transferencias respecto de 2025 aparecen Santa Fe, Buenos Aires y Jujuy. En transporte, Buenos Aires encabezó la inversión directa de Nación entre enero y julio, con unos $29.693 millones devengados. Le siguieron Santiago del Estero ($18.865 millones), Misiones ($18.380 millones), Entre Ríos ($10.577 millones), Santa Fe ($8.033 millones), Salta ($7.239 millones) y Jujuy ($7.144 millones).

Santa Cruz no aparece entre los principales destinos de la inversión nacional directa en transporte ni entre las jurisdicciones beneficiadas por las transferencias de capital. El panorama tampoco es homogéneo en la Patagonia: Chubut, Tierra del Fuego y Santa Cruz forman parte del grupo que quedó prácticamente fuera, aunque cada provincia enfrenta el escenario con herramientas y acuerdos diferentes. El caso de Chubut es particularmente significativo: el Gobierno de Ignacio Torres acordó con Nación el traspaso de obras viales inconclusas, entre ellas trabajos en la Ruta 3 y la Ruta 40, como parte de un acuerdo que también contempló una reducción de la deuda provincial.

Qué cambia para Santa Cruz

La discusión no es solamente cuánto dinero dejó de llegar. El punto central es qué obras quedan sin financiamiento, quién asume su costo y qué infraestructura puede postergarse. En rutas nacionales, el problema puede trasladarse al mantenimiento y a la seguridad vial. En vivienda, saneamiento o infraestructura urbana, el freno de los fondos nacionales obliga a las provincias a decidir si reemplazan esos recursos con presupuesto propio o si las obras deben esperar.

El Gobierno nacional, mientras tanto, impulsa otro mecanismo: la concesión de rutas nacionales al sector privado. La nueva Red Federal de Concesiones contempla transferir al sector privado la operación, mantenimiento e inversiones en más de 9.000 kilómetros de rutas, bajo un esquema de peaje y sin subsidios ni aportes estatales. El modelo representa un cambio estructural respecto del esquema tradicional de obra pública financiada por el Estado. Sin embargo, el informe de LCG advierte que buena parte de las licitaciones contempla principalmente tareas de mantenimiento y plantea desafíos vinculados con las condiciones contractuales, los estudios de demanda y el estado de la infraestructura.

Para Santa Cruz, el interrogante es particularmente importante: qué rutas, obras y proyectos estratégicos quedarán bajo responsabilidad nacional, cuáles podrían ser transferidos a la provincia y cuánto costará sostenerlos con recursos santacruceños. La fotografía de los primeros siete meses de 2026 muestra, en definitiva, un cambio profundo en el financiamiento de la infraestructura argentina: menos inversión nacional, menores transferencias a las provincias y una concentración de los recursos en pocos distritos. Santa Cruz quedó entre las jurisdicciones más relegadas y, al mismo tiempo, intenta sostener con fondos propios una agenda de obras que Nación dejó de financiar en la misma magnitud.