El mapa de Misiones que ya tiene nombres: dónde se espera la crecida más dura

El gobierno provincial ya tiene identificadas las escuelas que podrían transformarse en centros de evacuación si el agua obliga a las familias a dejar sus casas, y más de 300 docentes misioneros ya pasaron por la capacitación para organizar la recepción y la permanencia de los evacuados. La tarea la llevan adelante en conjunto Protección Civil y el Ministerio de Educación, dentro del Plan de Emergencia que la provincia puso en marcha en mayo por el avance de El Niño.

El subsecretario de Protección Civil, Enrique “Kike” Parra, detalló en FM 89.3 Santa María de las Misiones cómo se armó esa formación: una parte se dictó de manera virtual con el Ministerio de Seguridad de la Nación y otra fue presencial, a cargo de los equipos provinciales. La idea es que, cuando llegue el momento, los establecimientos que funcionen como refugio tengan adentro gente que sepa cómo ordenar la llegada y la estadía de las familias.

La costa del Uruguay, bajo la lupa

Educación ya dejó habilitado el uso de los edificios escolares con ese fin, aunque cada intendente conserva la atribución de elegir otro espacio si la emergencia o las características de su localidad lo exigen. La previsión apunta con especial atención al río Uruguay: Parra mencionó a El Soberbio, Alba Posse, Panambí y San Javier entre los municipios con población potencialmente expuesta a una crecida importante.

El funcionario sostuvo que los mecanismos de actuación están definidos, pero admitió que el comportamiento de esa cuenca sigue siendo uno de los puntos que mantiene en vilo a los organismos provinciales.

Una pieza dentro de un operativo mayor

La preparación de las escuelas es solo una parte de un dispositivo que cruza fuerzas de seguridad, ministerios y organismos. Parra se ocupó de aclarar un punto: la segunda etapa del plan que presentó días atrás la Policía de Misiones no es un esquema paralelo, sino la tarea específica que esa fuerza cumple dentro del Plan de Emergencia vigente.

Misiones tiene ese mecanismo desde 2016 y, con el escenario climático actual, lo activó el gobernador Hugo Passalacqua el 27 de mayo, con las máximas autoridades de las fuerzas federales y provinciales, ministerios y organismos con capacidad de intervención. Desde entonces cada institución despliega sus protocolos dentro de una planificación común: Policía, Prefectura, Gendarmería y Ejército con planes de contingencia propios, y Salud Pública con las acciones que ya presentó.

En el caso de la Policía, Parra recordó que desde febrero releva sectores vulnerables junto a los municipios y remarcó su presencia territorial a través de unidades regionales y comisarías. Según explicó, alrededor de 10.000 efectivos pueden quedar a disposición ante una emergencia y suelen ser los primeros en llegar a los lugares afectados, desde donde aportan información sobre la situación.

La fuerza también se ocupa de cuidar las viviendas cuando las familias son evacuadas. El miedo a los robos es, según señaló Parra, uno de los motivos por los que algunas personas se resisten a abandonar sus casas cuando el agua empieza a subir.

Enero, todavía en la mira

Mientras se profundiza la preparación territorial, los modelos meteorológicos siguen ajustando la evolución de El Niño. Parra recordó que en un principio octubre, noviembre y diciembre aparecían como los tres meses de mayor intensidad, pero octubre transcurrió hasta ahora con condiciones menos críticas de las proyectadas. Por ese comportamiento, no descartó que una parte de ese período de mayor actividad se corra hacia enero.

El funcionario insistió en que son pronósticos que se actualizan a medida que se acortan los plazos y que no hay certeza de que el escenario se cumpla. Según los modelos que siguen desde comienzos de año, enero todavía podría mostrar un Niño intenso, y después el fenómeno tendería a perder fuerza de a poco, con efectos que podrían estirarse hasta los primeros meses de 2027.

Rutas cortadas, viento y granizo: los otros frentes

La vigilancia no se limita a las zonas inundables. Entre las situaciones que más inquietan a Protección Civil, Parra ubicó los cortes de rutas, porque sus consecuencias llegan al transporte y a distintas actividades económicas aun cuando no haya viviendas afectadas. Como ejemplo citó las interrupciones de los últimos días y el trabajo de Vialidad junto a municipios como Piray, Caraguatay y Montecarlo para habilitar recorridos alternativos.

A eso se suman los episodios de viento fuerte, granizo y lluvias intensas, capaces de producir daños en cualquier punto de la provincia, cerca o lejos de los grandes ríos. Parra recordó que aproximadamente dos meses atrás Misiones atravesó un fin de semana bajo alerta amarilla por viento, sin tormentas desarrolladas, y que igual hubo voladuras de techos y caída de cables y ramas. Este tipo de eventos también está en la lista de fenómenos que siguen por su mayor intensidad.

La planificación abarca así a casi todas las áreas del Estado. Agro y Producción trabaja con SENASA y otros organismos en la respuesta para productores, animales y actividades rurales; Vialidad concentra sus tareas en caminos e infraestructura; Salud Pública interviene en vacunación y asistencia sanitaria; y Educación avanza tanto en la disponibilidad de edificios como en la formación de quienes podrían recibir a los evacuados. Desde la activación del Plan de Emergencia, todas las áreas quedaron bajo la instrucción de mantenerse disponibles ante cualquier contingencia.

Por ahora, dijo Parra, el dispositivo se sostiene con recursos provinciales, aunque no descartó que Misiones haga planteos a la Nación si la situación lo requiere. Consultado por fondos nacionales, mencionó un reclamo del Ministerio del Agro vinculado a una normativa sobre granizo. Aclaró que no maneja ese expediente y que, según la información que recibió, esos recursos no estarían llegando.

Con los pronósticos todavía sujetos a ajustes y la chance de que la etapa más intensa se prolongue hacia enero, la preparación provincial se apoya en ese esquema articulado. En el caso de las escuelas, el trabajo ya dejó una estructura concreta: establecimientos identificados para funcionar como centros de evacuación y más de 300 docentes formados para actuar si la creciente obliga a trasladar familias.