El mapa de la deuda en Argentina: la provincia que quedó primera y la que zafó

La morosidad de las familias argentinas no golpea parejo en todo el territorio. Un informe de Eco Go y la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral revela que Entre Ríos se ubica entre las provincias con mejores indicadores: en julio, la irregularidad de los préstamos familiares alcanzó el 14%, cuatro puntos por debajo del promedio nacional del 18%.

El trabajo, elaborado con datos del sistema financiero y otras fuentes de financiamiento, muestra cómo se distribuyen las dificultades de los hogares para pagar sus deudas en un contexto de deterioro de la cartera crediticia y de mayor presión sobre los ingresos.

Los extremos del ranking

En la punta más complicada del ranking aparece La Rioja, con una mora del 25,3%. La siguen Santa Cruz (23,6%) y San Luis (23,5%). En esos distritos, la proporción de préstamos en situación irregular supera ampliamente la media nacional y complica la recuperación de los compromisos.

Del otro lado, La Pampa registra el nivel más bajo, con 9,6%, escoltada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (12,4%) y Entre Ríos (14%). La brecha entre el mejor y el peor indicador llega a 15,7 puntos porcentuales, una muestra de la heterogeneidad del crédito en el país.

Los especialistas advierten que el deterioro no se reparte de manera uniforme. Las condiciones económicas regionales, las formas de acceso al financiamiento y la composición de las carteras inciden en los resultados. Por eso, las cifras deben leerse con cautela y no alcanzan para describir por sí solas la situación económica de los habitantes de una provincia.

Qué dice (y qué no) el dato entrerriano

Para Entre Ríos, el número representa una referencia favorable en términos comparativos. Sin embargo, el porcentaje no permite concluir que los hogares entrerrianos tengan menos dificultades en todos los segmentos ni que la capacidad de pago esté asegurada. La evolución de los ingresos, el costo de las cuotas y las condiciones para acceder a nuevos préstamos también pesan.

El indicador mide qué proporción del dinero prestado está en situación irregular, pero no establece cuántas personas tienen deudas impagas ni la gravedad de cada caso. Es una medida del volumen de crédito comprometido por los incumplimientos.

La otra mora: la que no pasa por el banco

El foco más preocupante aparece fuera del sistema bancario. A nivel nacional, la irregularidad llegó al 15,8% en los préstamos bancarios y trepó al 31,3% entre los proveedores no financieros, como emisoras de tarjetas y empresas de financiamiento.

El contraste es significativo porque las familias recurren a distintas herramientas para financiar consumos o cubrir necesidades cotidianas. Además de los bancos, existen compañías financieras y emisoras de tarjetas que amplían el acceso al crédito, pero también generan obligaciones que deben afrontarse con ingresos que no siempre crecen al mismo ritmo.

Las diferencias regionales también se notan en este segmento: Misiones registró una mora del 39,3%, San Luis llegó al 36,8% y Chaco alcanzó el 35,8%. Entre los proveedores no bancarios, la irregularidad adquiere una dimensión mayor que en el promedio de los préstamos bancarios.

El fenómeno obliga a mirar el endeudamiento más allá de las estadísticas tradicionales. Si una parte importante de los hogares mantiene compromisos en distintas entidades, la evaluación de la capacidad de pago debe contemplar el conjunto de las obligaciones y no solo los préstamos bancarios. La acumulación de cuotas y vencimientos puede dificultar la regularización de atrasos, sobre todo cuando los recursos no alcanzan para cubrir todos los gastos.

La tendencia nacional

La medición nacional muestra que la irregularidad de la cartera crediticia sigue en aumento. En julio, el indicador subió 0,5 puntos porcentuales respecto de junio y acumuló un incremento de 10,3 puntos en doce meses. La variación refleja un deterioro considerable en la capacidad de cumplimiento de los deudores, aunque la intensidad varía según el territorio y el tipo de financiación.

La evolución de los atrasos también representa un desafío para las entidades que buscan recuperar los préstamos otorgados. Cuando los incumplimientos se prolongan, las posibilidades de normalizar las deudas se reducen y las refinanciaciones pueden convertirse en una herramienta necesaria para reorganizar los pagos.