Un lobby chiquito tiene frenado un negocio que para Córdoba puede significar 600 mil metros cúbicos de etanol y varias plantas nuevas. Los productores no ocultan su bronca: "Traba el desarrollo de sectores potentes".
Un proyecto con media sanción del Senado que impulsa Patricia Bullrich promete llevar el corte de etanol en naftas del 12% al 15% y el de biodiésel en gasoil del 7,5% al 10%, pero quedó empantanado en Diputados por una pelea interna del biodiésel que tiene a Córdoba como rehén.
La iniciativa, que ya pasó la Cámara alta, no encuentra dictamen en Diputados. El motivo no es el etanol, donde hay consenso pleno, sino la interna del biodiésel: las grandes empresas integradas que exportaban y las pymes aceiteras que abastecían el mercado interno no se ponen de acuerdo sobre cómo repartirse el negocio.
La disputa que traba todo
El proyecto original establece que, a partir de los 12 meses de vigencia, ambos sectores compartirán el mercado interno con porcentajes que arrancan en 6,5% para las pymes y 3,5% para las integradas, y que evolucionan hasta 2035, cuando las pymes quedarían con el 4% y las grandes con el 6%.
Las pymes aceiteras, concentradas en Buenos Aires y La Pampa, rechazan pasar de abastecer el 7,5% del gasoil a solo el 4% en una década. Sus diputados presionaron para modificar el texto, pero el oficialismo respondió con un "no" rotundo. Entre los que impulsaban cambios sonaron Cristian Ritondo (PRO) y legisladores de Unión por la Patria, aunque el nombre que más circuló fue el de Juan Carlos Bojanich, el empresario bahiense dueño del Grupo Bahía Energía, propietario de al menos seis pymes aceiteras que en los últimos meses cubrieron casi el 30% del biodiésel del mercado interno.
Mientras tanto, el etanol no genera controversia. Pero como la ley es una sola e incluye a ambas ramas, si el biodiésel no avanza, el etanol tampoco.
El enojo de los productores cordobeses
Manuel Ron, presidente de Bio4, no ocultó su fastidio: "Es una foto bien típica de lo que pasa en la Argentina en muchísimos sectores. Un lobby chiquito que no va a traer nuevas inversiones, que no va a generar nada, traba el desarrollo de sectores potentes".
La molestia es compartida en toda la cadena del etanol, que distingue entre los productores de caña de azúcar y los de maíz. Muchos creen que la salida era separar la ley en dos proyectos: uno para biodiésel y otro para etanol. Ahora, con el proyecto ya en tratamiento, algunos no descartan intentarlo. "Se podría pensar en que se apruebe en Diputados el capítulo de etanol y se siga debatiendo luego el de biodiésel", confió una fuente a este diario. Otras voces lo ven más difícil: "En el biodiésel se abrazan al etanol para que salga todo junto y presionar. Lamentablemente estamos en el mismo barro, a la espera de un acuerdo entre las pymes aceiteras y las integradas".
Por qué Córdoba pierde más que nadie
La provincia es la principal productora de maíz del país y la materia prima abunda: la última campaña cerró con 26 millones de toneladas, según la Bolsa de Cereales de Córdoba. Hoy la mayor parte se exporta como grano, sin valor agregado. La nueva ley abriría la puerta a transformar ese maíz en biocombustible para los surtidores, burlanda seca y húmeda para alimento animal, aceite de maíz y otros derivados.
Víctor Accastello, vicepresidente ejecutivo de AcaBio, calcula el potencial: "Diría que hay unos 500.000 a 600.000 metros cúbicos por sumar en un horizonte de entre 5 y 7 años". Su cuenta se apoya en cuatro pilares: el salto del corte real del 13,5% actual al 15% (unos 150 mil metros cúbicos más), el corte voluntario que la ley permite por encima del 15% y que las provincias pueden impulsar (Córdoba ya decidió hacerlo), el crecimiento vegetativo del parque automotor y el mercado externo, con Brasil como espejo y Chile, hoy sin corte, como promesa.
Ese volumen adicional demandaría entre cuatro y cinco plantas nuevas de bioetanol, o una combinación de nuevas y ampliaciones. Córdoba reúne las condiciones para recibirlas: gas natural, maíz abundante en la zona, universidades y recursos humanos, buena conectividad vial, una ley de promoción industrial y un sector público que se muestra como facilitador.
Para producir esos 500 mil metros cúbicos extra harían falta 1.250.000 toneladas adicionales de maíz, una fracción menor de la cosecha provincial.
El negocio del cupo voluntario
Juan Cano, gerente general de Promaíz, la planta de Alejandro Roca, aporta un dato que incomoda al sector: "Lo que hoy vendemos como cupo voluntario, que es el que va del 12% obligatorio al 15% que están cortando las petroleras, es con un precio menor al fijado por la Secretaría de Energía".
Una resolución de Energía permitió a las petroleras subir voluntariamente tres puntos el corte, del 12% al 15%. Así, en los surtidores hay más etanol, pero las etanoleras reciben menos por ese plus. Las plantas cordobesas Bio4, AcaBio y Promaíz son las que entregan ese cupo extra.
Ron imagina un futuro más ambicioso si la ley sale: "Con la nueva ley puede haber autos que funcionen al 100% de etanol, estaciones de servicio que expandan etanol al 100%, que se desarrolle una industria de la transición energética alrededor del etanol, de la competitividad y de la producción de escala en el interior que transforman cientos de miles de toneladas de maíz. O sea, todo eso está del otro lado. Pero es increíble que nadie lo ponga arriba de la mesa en estos términos".
Una salida posible
Los empresarios del etanol no dan todo por perdido. Hay negociaciones abiertas para destrabar el biodiésel. Ritondo propuso ampliar el corte previsto del 10% al 11% y ceder ese punto extra a las pymes aceiteras, que habrían dado el visto bueno. El obstáculo es el oficialismo, que se niega a modificar lo aprobado en el Senado.
