El lavadero, la perpetua y una pregunta que vuelve: quién mató a Micaela

Más de nueve años después del femicidio de Micaela García, la Justicia de Entre Ríos vuelve a sentar en el banquillo a Néstor Pavón, el dueño del lavadero donde trabajaba Sebastián Wagner, el hombre condenado a perpetua por la violación y el asesinato de la joven en 2017.

El nuevo debate arranca este jueves en Gualeguay y tiene un objetivo central: determinar si Pavón encubrió a su empleado después del crimen o si, en cambio, tuvo una participación directa en el ataque.

El hombre ya había sido condenado a cinco años de prisión por encubrimiento, pero una cadena de apelaciones terminó por tumbar esa sentencia y ordenar un juicio desde cero. Hoy está en libertad y, si los jueces concluyen que fue coautor del femicidio, podría recibir una pena mucho más severa.

Quiénes juzgan y cuántas audiencias hay

El tribunal que tendrá la responsabilidad de resolver el caso está integrado por Santiago Brugo, Maximiliano Otto Larocca Rees y Nicolás Gazali, del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay.

El cronograma prevé ocho audiencias, con las primeras jornadas fijadas para el 29 y el 30 de octubre y el resto repartidas a lo largo de noviembre. El cierre está agendado para el 12 de noviembre.

Wagner, testigo clave

En diálogo con TN, el papá de Micaela, Néstor "Yuyo" García, anticipó que uno de los testimonios de mayor peso será el de Wagner, quien ya cumple prisión perpetua por el hecho. Su declaración pudo incorporarse al nuevo debate tras una serie de trámites para que el tribunal aceptara su participación como testigo.

"Es fundamental para nosotros, porque una de las declaraciones había dicho que a mi hija le había quitado la vida Néstor Pavón", sostuvo García en la previa del juicio.

Para la familia, este nuevo proceso implica volver a revisar las mismas pruebas y a escuchar otra vez a todos los testigos, pero frente a jueces distintos. "Aunque son las mismas pruebas y testigos, el tribunal es otro. En base a todo el expediente anterior, querrá hacer las preguntas y sacar sus propias conclusiones", explicó el padre de la joven.

García también aclaró que no todos los testigos declararán en las audiencias y que la eventual incorporación de nuevas personas dependerá de lo que vaya surgiendo de los testimonios. La primera en hablar, según detalló, será la mamá de Micaela.

El recorrido judicial que reabrió el caso

La historia procesal de Pavón acumula marchas y contramarchas. En octubre de 2017 fue condenado a cinco años de prisión por encubrimiento, pero la sentencia no despejó las dudas sobre su posible participación en el crimen.

En mayo de 2019, la Sala I de la Cámara de Casación de Paraná —integrada por Marcela Badano, Hugo Perotti y Marcela Davite— anuló esa condena y dispuso un nuevo juicio. Los camaristas hablaron de "graves errores lógicos en la apreciación de la prueba indiciaria" y cuestionaron que el tribunal no hubiera respondido si Pavón se estaba autoencubriendo.

Un año más tarde, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos anuló la resolución de Casación. La fiscalía y la querella apelaron y el expediente llegó a la Corte Suprema de la Nación. En abril de 2024, el procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, dictaminó a favor de dejar sin efecto el fallo del máximo tribunal entrerriano y recomendó realizar un nuevo juicio.

La noche en que desapareció Micaela

Micaela tenía 21 años y estudiaba el profesorado de Educación Física en Gualeguay. En la madrugada del 1° de abril de 2017 salió del boliche King y emprendió el regreso a su casa a pie.

Cerca de las 5.45, un Renault 18 Break la interceptó. Según la reconstrucción de los hechos, la joven se resistió al ataque y pidió ayuda. Una vecina escuchó sus gritos, que luego se convirtieron en una prueba importante para la investigación.

En su declaración, Wagner sostuvo que Micaela les gritaba: "Déjenme, manga de hijos de pu**, los voy a denunciar, yo conozco mucha gente y los voy a meter presos a los dos".

Durante el ataque, la joven perdió una sandalia, un elemento que ayudó a identificar el lugar donde había sido secuestrada. Tras varios días de búsqueda, su cuerpo fue encontrado en una zona rural del departamento de Gualeguay, cerca del camino que conduce a González Calderón, oculto entre pastizales y debajo de un árbol.

La investigación determinó que Wagner fue el autor de la violación y el femicidio. Por esos delitos recibió prisión perpetua.

La libertad condicional que quedó bajo la lupa

El caso también dejó al descubierto las fallas del sistema judicial en el control de personas condenadas por delitos sexuales.

El 1° de julio de 2016, Carlos Rossi, entonces juez de Ejecución de Penas de Gualeguaychú, le concedió la libertad condicional a Wagner, que cumplía una pena de nueve años de prisión por dos violaciones. La decisión se tomó a pesar de que había informes técnicos que desaconsejaban otorgarle el beneficio.

Ya en libertad, Wagner se instaló en Gualeguay y empezó a trabajar en el lavadero de Pavón. Ambos compartían jornadas laborales y encuentros en los que consumían alcohol. Nueve meses después de salir de prisión, Wagner asesinó a Micaela.

La decisión de Rossi provocó una fuerte reacción social y derivó en varios pedidos de jury. Sin embargo, el magistrado se jubiló sin recibir una sanción disciplinaria por haber concedido el beneficio.

La Ley Micaela y lo que falta

El nombre de Micaela quedó ligado a una ley nacional que estableció capacitaciones obligatorias en perspectiva de género para quienes trabajan en los tres poderes del Estado. La norma se sancionó en 2018, después del femicidio, y para el padre de la joven uno de los cambios más importantes fue que la sociedad empezó a reconocer formas de violencia que antes tenían menos visibilidad.

"Hace nueve años y medio, la única violencia de género que se conocía era la violencia física. Ahora se reconoce la violencia económica, psicológica, sexual, institucional y hasta el acoso callejero que antes era tomado como un piropo, entre otras formas", señaló García.

De todos modos, advirtió que todavía queda mucho por hacer para que las capacitaciones se traduzcan en cambios concretos y en políticas públicas. "En muchos casos, de manera pedagógica, las capacitaciones se hacen como meras clases expositivas y con personas estáticas que están sentadas escuchando. Por eso apostamos a que la generación de conocimiento se genere a través del debate, ya que el conocimiento es colectivo", sostuvo.

Y agregó: "A pesar de eso, yo pienso que las personas que pasaron por las capacitaciones actúan, legislan y juzgan de manera diferente. Fue un paso muy importante".

También cuestionó que el Poder Ejecutivo nacional y el Congreso no estén realizando las capacitaciones previstas por la ley. Frente a esa situación, contó que desde el gremio de los trabajadores legislativos se decidió avanzar con una iniciativa propia, por disposición de Norberto Di Próspero, secretario general de la Asociación del Personal Legislativo.

"Yo creo que a este gobierno no le queda más de un año en el poder. Ese retroceso que quiere implantar no va a perdurar porque la sociedad necesita avanzar. Hay que aguantar y esperar que no se siga desarticulando lo que venimos trabajando desde hace años", cerró.