El kiosquero que manejaba una red de pensiones truchas en Anta y el detalle que destapó todo

Un kiosquero de El Quebrachal, médicos, un exgerente de hospital y hasta un diputado provincial quedaron en la mira de la Justicia Federal por una presunta red de pensiones por discapacidad fraudulentas en Anta. La investigación, que ya suma 15 imputados, reveló un circuito que habría cobrado hasta $1 millón por trámites que debían ser gratuitos.

La causa, que comenzó en julio de 2024, sacudió a las localidades de El Quebrachal y Joaquín V. González, donde se detectaron 4.305 pensiones no contributivas, más del 15% de la población de esas zonas, según el Ministerio Público Fiscal.

El rol del kiosquero en la presunta red

Uno de los datos que más llamó la atención es el del kiosquero de El Quebrachal. Fuentes judiciales indicaron que, desde su comercio cercano al hospital, habría captado interesados, utilizado una fotocopiadora para adulterar documentos y cargado trámites por internet.

Además, se le atribuye haber tenido acceso a credenciales del sistema de ANSES. Para la Fiscalía, su función era clave: conectaba a los solicitantes con otros miembros de la organización.

El exgerente que firmaba certificados sin ser médico

Otro de los implicados es Oscar Luna, quien dirigió el Hospital de El Quebrachal entre 2017 y 2025. Según la acusación, Luna no era médico, sino licenciado en Comunicaciones, y habría firmado Certificados Médicos Oficiales (CMO) con la matrícula de otro profesional.

Ese documento es fundamental para obtener la pensión porque detalla el diagnóstico y el porcentaje de discapacidad.

Médicos y estudios adulterados

La investigación alcanza a varios profesionales de la salud, tanto del sistema público como privado. Entre los médicos imputados figuran César Ramiro Blanco, José Wilson Muñoz Torres, Roberto Bernardino Morales y Francisco Gerardo Orellana.

También está procesado el bioquímico Luciano Benjamín Esteban, señalado por manipular estudios para justificar incapacidades elevadas. Se habrían emitido certificados por patologías inexistentes o con porcentajes alterados.

El diputado Orellana y el intercambio de pensiones por votos

La causa tiene un fuerte componente político por la imputación del diputado provincial Francisco Gerardo Orellana. El fiscal Carlos Martín Amad sostiene que, cuando Orellana fue intendente de Joaquín V. González (2007-2011), avaló con su firma trámites irregulares.

Incluso, en épocas de elecciones, habría ofrecido pensiones a cambio de sufragios. Como prueba, se citó el caso de una mujer de 32 años con un diagnóstico de 97% de discapacidad que no se condice con su estado real.

Empleados municipales y un exjefe de ANSES en la mira

La red también habría contado con la participación de trabajadores municipales en distintas etapas del proceso. Uno de los imputados es Edmundo Dante Salazar, exjefe de una oficina de ANSES en El Quebrachal, quien habría facilitado el acceso al sistema a personas ajenas al organismo.

Los investigadores intentan reconstruir cómo se articulaban la captación de interesados, la confección de certificados, los estudios y la presentación final de las solicitudes.

26 allanamientos y más de 9.000 pensiones bajo sospecha

Hasta ahora se realizaron 26 allanamientos en domicilios, hospitales, clínicas y dependencias municipales. Se secuestraron celulares, computadoras y documentación. El análisis de algunos teléfonos reveló comunicaciones sobre pagos por las gestiones.

Un informe de Gendarmería Nacional sobre 39.715 pensiones en Salta encendió las alarmas: alrededor de 9.000 presentarían irregularidades. El perjuicio económico estimado sería de $3.240 millones mensuales, cerca de $40.000 millones anuales.

El juez federal Diego Anzorreguy autorizó un año más de investigación y ordenó la anotación de bienes de los imputados como medida cautelar.