El juzgado de Río Turbio y las 45 armas que nunca volvieron: tres acusados esperan su sentencia

La Cámara Oral de Río Gallegos se prepara para escuchar este miércoles los alegatos en una causa que sacudió a la Cuenca Carbonífera: tres hombres están acusados de sustraer 45 armas del depósito del Juzgado de Instrucción N° 1 de Río Turbio, un arsenal que, según la fiscalía, terminó en manos de particulares y en el mercado negro.

El juicio, que comenzó el martes cerca de las diez de la mañana, está presidido por María Alejandra Vila, acompañada por los vocales subrogantes Enrique Arenillas y Yamila Borquez. La fiscal Verónica Zuvic sostiene la acusación del Ministerio Público.

Los imputados son Brian Cabana, Rodrigo Sánchez Maldonado y Jorge Francisco Muñoz. Los dos primeros enfrentan cargos por provisión ilegal de armas de fuego agravada por habitualidad. Muñoz, en cambio, está acusado por sustracción de objetos custodiados en concurso real con el mismo delito. Según fuentes consultadas por La Opinión Austral, si se mantienen la calificación y los agravantes, Muñoz podría recibir hasta quince años de prisión.

El origen: un mensaje de WhatsApp y un megaoperativo

La investigación se remonta a fines de 2024. El 30 de noviembre de ese año, Roque Víctor Muñoz le envió un audio de WhatsApp a su sobrino, el comisario Pedro Conti, para alertarlo sobre lo que ocurría en el juzgado. La frase que quedó incorporada a la causa fue directa: “Jorge sigue sacando las armas del juzgado”. En esa misma comunicación también se señaló a “Pupi” —el apodo de Cabana— como quien comercializaba parte del armamento. Al día siguiente, según la fiscalía, el padre de Muñoz envió otro mensaje con más información sobre el circuito de venta.

El 26 de diciembre de 2024, un inventario del depósito judicial reveló el faltante de 45 armas de fuego bajo custodia de la Justicia. Ese dato cambió por completo el alcance de la pesquisa: ya no se trataba solo de averiguar quién ofrecía pistolas por redes sociales, sino de reconstruir cómo se pudieron retirar reiteradamente armas secuestradas en causas penales y qué controles fallaron.

La hipótesis fiscal sostiene que los imputados aprovecharon sus vínculos laborales con el Poder Judicial para acceder al sector de custodia de pruebas. Desde allí habrían sustraído armas cortas y largas de distintos calibres, además de municiones. Fuera del ámbito judicial, el armamento se distribuía entre los involucrados y se comercializaba de forma habitual.

El operativo, bautizado “Empleado Infiel”, fue ejecutado por la Policía provincial tras los informes administrativos que alertaron sobre la faltante. La jueza Bettina Bustos ordenó los procedimientos. En ese momento, además de Muñoz —trabajador de maestranza judicial—, Sánchez Maldonado y Cabana, fueron demoradas otras personas, entre ellas un exagente policial de apellido Álvarez, señalado como integrante de la banda dedicada a la venta clandestina.

El debate: un ingreso caliente y una acusación cruzada

Cabana, apodado “Pupi”, ingresó esposado al recinto de Malaspina 41 con atuendo de campo: alpargatas, bombacha de campo y una camisa azul con la estampa del Gauchito Gil. Tras ser desposado, se ubicó detrás de sus abogados. En paralelo entró Sánchez Maldonado, quien, a diferencia de su coimputado, se mostró visiblemente conmovido y al borde del llanto.

Cabana fue el único acusado que dio su versión este martes. Negó tener vínculos con Muñoz: “Solo lo conozco de vista, porque somos del pueblo”, declaró. Luego lanzó una grave acusación contra la primera jueza de la causa: “Bustos me metió en esto; cuando me indagó me preguntaba ‘¿quién más está en esto?’ y mi declaración estaba cambiada. No sé por qué estoy detenido”. También dijo que durante el allanamiento los efectivos “se portaron muy mal” con su pareja. Su testimonio fue breve y terminó de manera abrupta cuando, acorralado por preguntas personales, decidió volver junto a sus abogados.

Sánchez Maldonado optó por no declarar, por lo que se dio lectura a la indagatoria de la etapa de instrucción. La secretaria Gabriela Mansilla leyó la declaración mientras el acusado permanecía conmovido. Ese testimonio es clave: Sánchez aseguró que, semanas antes del allanamiento en su domicilio, Muñoz le había ofrecido un arma calibre .45 por unos 100 mil pesos.

Antes del inicio del debate, las defensas ya habían mostrado sus cartas. Los abogados de Cabana, César Antonio Guzmán y Joel Vallejos, adelantaron que pedirán la nulidad de los allanamientos y de la intervención de la jueza Bustos. La fiscal Zuvic rechazó esa postura: “Los actos son válidos, (el Juzgado de) Recursos dio el ok, no hubo invalidez”, afirmó tajante ante el tribunal. La magistrada se excusó el 17 de diciembre, días después de los allanamientos, y cedió la causa al juez subrogante Fernando Zanetta.

Sánchez Maldonado es representado por Sandro Levin Dumenes y Daniel Albornoz. Muñoz presenció la audiencia de forma virtual desde Río Turbio, asistido por Emin Charif Sat, de la Defensoría Oficial.

Los testigos: un comisario, policías y un compañero de trabajo

Ante la negativa de los acusados de prestar declaración sobre los hechos imputados, se descartó el juicio abreviado y comenzó el desfile de testigos para reconstruir la sustracción y posterior venta del armamento.

El primero en declarar fue el comisario Pedro Conti, entonces a cargo de la Comisaría de 28 de Noviembre y familiar de Muñoz. El efectivo precisó que su tío —padre del imputado— le alertó vía WhatsApp: “Jorge sigue vendiendo armas del Juzgado”, adjuntando fotografías de un rifle. Conti confirmó que puso su teléfono celular a disposición para el peritaje.

Luego comparecieron agentes de la Policía de Santa Cruz, pertenecientes a la Comisaría local y a la DDI Cuenca Carbonífera. Los efectivos coincidieron en el origen de las actuaciones: la detección de un estado de WhatsApp donde se ofrecía un rifle a la venta. Tras el hallazgo, se confeccionó un informe administrativo detallando la irregularidad con el arma de fuego. Uno de los policías rozó el falso testimonio ante las preguntas de la fiscal Zuvic, quien debió recordarle que declaraba bajo juramento tras advertir inconsistencias en su relato.

Uno de los testimonios más relevantes fue el de un compañero de Muñoz en el Juzgado de Instrucción. Declaró que, al día siguiente de los allanamientos, la magistrada a cargo le informó la detención del imputado, noticia que recibió con impacto: “¿En qué momento? ¿Por qué?”, recordó haber pensado, y remarcó que no comprendía lo sucedido ya que “siempre andaban juntos”.

Lo que viene: alegatos y pedidos de pena

Para la tarde de este miércoles se prevé la formulación de los alegatos y pedidos de pena. Se estima que la Fiscalía sostendrá la acusación y solicitará sanciones acordes a las responsabilidades y circunstancias de cada imputado. Por su parte, las defensas pedirán la absolución alegando la nulidad de los procedimientos, la invalidez de la actuación de Bustos en la etapa de instrucción o la falta de certeza para quebrantar el estado de inocencia de sus representados.